Hace una semana, en las orillas de Santa Marta, Colombia, más de 50 países que representan un tercio de la economía del mundo se reunieron en la primera conferencia para transicionar fuera de los combustibles fósiles. Los motivos no son solo que seguir quemando petróleo, gas y carbón pone en riesgo la posibilidad de que la civilización humana pueda seguir existiendo en este planeta. Es un riesgo geopolítico.

En la geografía, Santa Marta está a apenas dos vuelos de Asunción, en el mismo subcontinente sudamericano. Paraguay, que se ufana de ser un gigante en energía renovable, decidió no ir al encuentro.

En su lugar, un diputado del partido oficialista, José Ramón Rodríguez Maciel, revivió un proyecto a contramano del mundo: uno que busca habilitar la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco, un área silvestre protegida en el límite con Bolivia, lugar de recarga del Acuífero Yrenda - una de las principales fuentes de agua dulce de la región - y hogar del famoso tirika.

Detrás están empresas como la petrolera Zeus Oil, que está involucrada con el gobierno de Santiago Peña también en la negociación del gasoducto que incluye a Vaca Muerta y su conexión con Brasil.

De acuerdo con el viceministro Mauricio Bejarano, el gas “natural” es parte de la “atracción de inversiones de vanguardia” como los datacenters para inteligencia artificial y criptominería, que exigen alto consumo eléctrico y ya ponen en aprietos la producción de Itaipú.

El proyecto de gasoducto está vinculado a la prospección en Médanos y costaría al menos 2000 millones de USD que tendrían financiamiento de la CAF.

El proyecto de ley busca no solo habilitar la prospección de hidrocarburos sin consulta previa a los pueblos indígenas que viven allí, sino que también la de minerales como el litio, donde está involucrada Chaco Minerals, una opaca empresa con antecedentes de falsear datos en licencias ambientales en tierras indígenas. Coincide con la firma de un memorando entre Paraguay y Estados Unidos sobre minerales críticos.

¿Qué es el Parque Nacional Médanos del Chaco? ¿Dónde está? ¿Por qué se llama así?

El Parque Nacional Médanos del Chaco fue creado en 2003, pero es oficialmente un área silvestre protegida de 605.075 hectáreas desde 2016. Se encuentra en la región Occidental, entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y bordea los límites con Bolivia.

Se llama así por los médanos, una especie de dunas que caracterizan al parque y que se fueron formando debido a la erosión causada por el viento en los últimos 5 mil años.

El Parque Médanos del Chaco es parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco, creada para «preservar el patrimonio natural y cultural del Paraguay» y declarada patrimonio por la Unesco en 2005.

El parque fue creado por decreto en 2003 y se convirtió en 2016 en un área protegida con el objetivo explícito de «proteger la diversidad biológica por medio del aumento de la biomasa protegida y de esta manera contribuir a la regulación ambiental, específicamente el clima», de manera que Paraguay cumpla con los objetivos planteados en el Acuerdo de París.

La creación de este parque fue uno de los argumentos por los cuales el país recibió 50 millones de dólares por deforestación evitada por parte del Fondo Verde del Clima, dinero que sirvió entre otros para mejorar la identificación de deforestación e incendios forestales en el Instituto Forestal Nacional, la construcción del nuevo edificio del Ministerio del Ambiente y pagos a pueblos indígenas para proteger bosques en sus comunidades.

El Parque Médanos genera un corredor de biodiversidad con el Parque Nacional Defensores del Chaco, lo que permite, por ejemplo, al yaguareté recorrer la zona sin adentrarse en estancias ganaderas. Médanos del Chaco también es el hogar del gato tigre chico, conocido como tiríca, que saltó a la fama por ser la mascota oficial de los juegos Odesur. A su vez, se destaca por ser el único lugar conocido en Paraguay donde hay guanacos, una especie en peligro de extinción nacional.

Por sobre todo, el lugar se destaca por ser sitio de recarga del Acuífero Yrenda, que provee agua potable a las comunidades y la producción ganadera del norte del Chaco.

El parque también encierra un valor histórico como escenario de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Dentro del terreno está, por ejemplo, la llamada «picada de la desesperación» donde miles de soldados bolivianos murieron de sed en 1934.

Pueblos indígenas que viven en el lugar no fueron consultados

Mónica Centrón, de la organización Altervida, hace especial hincapié en que el lugar no solo tiene un valor ecosistémico e histórico, sino que es el territorio ancestral de pueblos indígenas. «Parte del terreno titulado de la Comunidad Pykasú del pueblo Guaraní Ñandeva está en el parque. Es decir, hay gente sentada allí». Además dentro del Parque Médanos del Chaco se encuentran ayoreos en aislamiento voluntario.

A través de un comunicado al cual accedió Consenso, el Pueblo Guaraní Ñandeva rechazó el nuevo intento de habilitar la prospección sin informarles ni pedir el consentimiento previo como la ley exige. En Paraguay no existe tampoco claridad sobre las compensaciones y distribución de los supuestos beneficios de actividades extractivas que cita el nuevo proyecto de ley en Diputados.

Gas y minerales para datacenters y criptominería

El 28 de abril el Diputado Nacional José Ramón Rodríguez Maciel (ANR-Cartismo) presentó el proyecto que pretende modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016 que creó el área protegida. Es prácticamente calcado del intento similar en 2022.

La modificación de estos artículos obliga a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tenga que permitir actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, «siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental». El proyecto no cita cuales serían estas medidas.

Entre las empresas interesadas se destaca Zeus Oil SA/Olympic (Perú), que había obtenido una concesión durante el primer periodo de Mauricio Bejarano como viceministro de Minas y Energía en 2015. El CEO de la empresa en Paraguay, Giuliano Franco Martin, acompañó a la delegación del gobierno de Peña en la visita al gobierno de Javier Milei con ministro de Economía Luis Caputo en Argentina para avanzar en el proyecto de gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil que cruzaría el Chaco Paraguayo.

Delegación del gobierno de Paraguay en reunión con Argentina. Franco Martin de Zeus Oil es el segundo a la izquierda.

Franco Martin había realizado una presentación del proyecto de Zeus Oil - pese a estar en el área protegida - en 2024 durante el Foro Internacional de Gas y Energía donde también participaron el presidente Santiago Peña, el entonces ministro de Industria (y hoy jefe de gabinete) Javier Giménez y el viceministro Bejarano.

Allí destacó “lo primero que hicimos fue tomar toda la información que tenía el gobierno, con mucho apoyo del Viceministerio (de Minas y Energía) y llevar esa información en cajas (…) ahora está disponible para cualquier inversionista”.

El empresario también admitió que el país no tiene tecnología ni mercado alrededor del gas fósil, por lo que sería necesario que se invierta en infraestructura, pero subrayaba que “escuchamos al presidente la creación de un posible corredor de interconexión regional”. “El régimen fiscal es excelente, super atractivo” afirmó el empresario.

Además de Zeus Oil otras empresas interesadas son Primo Cano Martinez SA, que había conseguido el permiso durante la dictadura de Alfredo Stroessner y Riviera SA, una empresa franco-rusa que obtuvo la concesión durante el gobierno de Horacio Cartes. Primo Cano Martinez ya perdió en 2018 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la ley que declaraba el Parque Médanos del Chaco como Área Protegida.

Acción De Inconstitucionalidad “primo Cano Martinez S

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La sentencia de la Corte Suprema contra la petrolera en ese entonces se basó en el derecho constitucional a un ambiente sano y el principio de que el interés general prima sobre el interés particular.

De acuerdo a palabras del viceministro de Minas y Energía Mauricio Bejarano durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe enero de 2026 en Panamá, el impulso al mal llamado gas natural en Paraguay con el gasoducto y las prospecciones tiene vínculo directo con la expansión de datacenters para IA y criptominería y tendría el apoyo de la CAF a través de deuda. El monto total solo del gasoducto ronda los 2000 millones de USD.

Aparte de las empresas de combustibles fósiles, que siguen el manual de gaslightear con la falsa idea de que el gas fósil es un combustible de transición, la habilitación para prospección de minerales favorece a empresas como Chaco Minerals y Valquiria Explorations, que de acuerdo a un análisis de Consenso con datos del Catastro Minero ya tienen solicitudes de prospección de litio en los bordes del Parque.

Ambas empresas comparten accionistas. Una investigación de Consenso y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para Litio en Conflicto encontró conflictos de interés, datos de licencias ambientales falseados y opacidad en los beneficiarios finales, que incluyen a un empresario ecuatoriano fallecido.

El proyecto de ley en Diputados además coincide con la firma de un memorando entre Paraguay y Estados Unidos para proveerle al último de minerales críticos.

El memorando tenía como compromiso que el gobierno paraguayo analice durante los próximos 6 meses qué proyectos podrían ser de interés del gobierno de Trump.

El compromiso incluye invertir dinero público y privado, incluyendo préstamos y acelerar procesos de aprobación de permisos y licencias ambientales.

Organizaciones proponen una mesa técnica para analizar impactos sociales, ambientales y económicos

Desde la Coalición Por Los Bosques, más de 60 organizaciones y empresas, como la Fundación Moisés Bertoni, el Consejo de Líderes de Comunidades Guaraní Ñandeva de la Reserva de Biosfera del Chaco, las asociaciones de estudiantes de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal, Altervida, WWF y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, entre otros, lanzaron un comunicado el 5 de mayo rechazando el proyecto presentado en Diputados.

El comunicado resalta que “desde el punto de vista jurídico, la modificación propuesta implica un claro retroceso en materia ambiental, vulnerando el principio de no regresión y el derecho constitucional a un ambiente sano, consagrado en los artículos 6, 7, 8 y 81 de la Constitución Nacional”.

“La aprobación de este proyecto representaría un retroceso crítico en el compromiso del Paraguay en la materia”.

“Asimismo, contradice compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Afronta gravemente el cumplimiento del Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) 2025-2030, recientemente presentado por el MADES.

La eventual aprobación de este proyecto no solo afectaría gravemente al Parque Nacional Médanos del Chaco, sino que sentaría un precedente peligroso para todas las áreas silvestres protegidas del país, una violación del Acuerdo de París y el Protocolo de Montreal que “podría afectar acuerdos estratégicos como el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo cumplimiento es clave para el acceso a mercados internacionales”.

Las organizaciones y empresas, que ya impulsaron la campaña que logró el veto del intento similar de 2022 por parte del entonces presidente Mario Abdo, proponen ahora la creación de una mesa técnica para analizar todas las aristas sociales, ambientales y económicas alrededor del proyecto que fue girado a las comisiones de la Cámara de Diputados.

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Consenso publishes today an exclusive investigation into the lack of infrastructure and the risk of heat islands for hundreds of educational institutions and thousands of students and teachers in Asunción and Central.

Through the analysis of satellite images and official data , we created an interactive map that indicates the risk of heat islands in schools and colleges that start classes with a deficit of bathrooms, drinking fountains, electricity, fans and air conditioners.

95% of these educational institutions are located in heat islands ranging from moderate to extreme.

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There are 759 educational institutions located in Asunción and Central with infrastructure deficits that are at moderate to extreme risk due to temperatures worsened by climate change in Paraguay, one of the hottest countries in the world right now.

In turn, at least 115,316 children and adolescents in Asunción and Central are in schools and colleges with problems of access to water, electricity or ventilation in heat islands.

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What are urban heat islands?

Image: Transecto

An urban heat island is a phenomenon that occurs in a specific location where the temperature is higher than average due to:

a) More cement and less green: where cement and concrete - such as that of gas stations and supermarkets - have been replacing forests and other green areas that provide not only shade, but also natural cooling of the soil.

Buildings and asphalt absorb heat during the day and release it more slowly at night.

b) Tall buildings and narrow streets: the construction of high-rise buildings - as in the Santa Teresa area - and narrow streets - as in the center of Asunción - reduces the possibility of wind.

The air is trapped and heats up, worsening the feeling of high temperatures. Furthermore, buildings with glass windows can reflect sunlight onto the ground, creating a magnifying glass effect.

c) Air conditioning and pollution: Hundreds of thousands of air conditioners roar in the cities of Paraguay.

While they’ve become essential for surviving unusually hot weather, they do so at the cost of expelling hot air outside. This creates a vicious cycle where more air conditioning is needed because the heat feels even worse.

Another problem is air pollution from vehicles and fires, which trap solar radiation.

Many educational institutions in Paraguay have lost shade due to the need to build more classrooms or the uncontrolled urban growth in Asunción and Central. Others are buildings designed for a world of 40 years ago, with temperatures that no longer exist.

Scientific evidence on the impact of heat on education reveals a worrying reality for Paraguay: it threatens the ability of children and adolescents to study .

1. It affects the ability to concentrate and learn.

2. It increases the risk of dehydration, breathing problems, and heart problems.

3. The risk of school absenteeism increases.

BUSCÁ TU ESCUELA

The country, which already suffers from the largest increase in average temperature in the last two decades in Latin America according to the Lancet Countdown, is also faced with an underfunded education system that is unable to fulfill its promise of reducing inequalities.

This is compounded by insufficient investment in infrastructure in general and in adaptation to climate change in particular.

According to official data, the country received only 0.87% of what it needs to prepare for the impact of increasingly higher temperatures that affect everything from local economies to access to education.

The nation’s capital has the highest number of schools with infrastructure deficits in the face of climate change, which in turn are located in high- to extreme-risk heat islands.

It is important to understand that a building may house more than one educational institution - or that several consecutive reports of infrastructure needs were made in 2024 for the same institution.

Although these cases are statistically rare, we have decided to leave them in order to respect the integrity of the official data.

More than half of the institutions with infrastructure deficits in high to extreme heat islands need to repair or build toilets for their students and teachers.

We invite you to read the frequently asked questions section to resolve your doubts about our sources, methodologies and how we build the database.

In an upcoming edition of the newsletter, we will analyze case studies, such as the impact of fuel station construction on the increase in average temperature around where thousands of children attend school.

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Credits

Data Analysis

Maria Belén Galeano

Development of special products

Tania Karo Mesa Montórfano

Photographs

Nicolás Granada

Illustrations

Enrique Bernardou

Journalistic direction, GIS analysis and writing

Maximiliano Manzoni

This special was produced by Consenso (2025). The content of this project is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License, and the project’s source code is licensed under the MIT License.

Te saludo desde Asunción, Paraguay, en el corazón de Sudamérica, y te doy la bienvenida a una nueva edición renovada del Matecito de Domingo, el quincenal de Consenso sobre clima, justicia y desinformación.

Hace dos semanas volví del Patrimonio Cultural y Natural Ayoreo Totobiegosode, un área de 550 mil hectáreas en Alto Paraguay, Chaco. Es un lugar al cual van pocos blancos con otra intención que no sea deforestar.

Estuve invitado por los Ayoreo de la Comunidad Chaidi, en la entrada al territorio. A quince hombres con rifles acompañé a monitorear con tres camionetas las picadas con espinas que desinflan ruedas, el polvo de sal que desorienta la electrónica y el bosque que alimentó a sus familias por centurias.

Más de noche que de día, los Ayoreo se hablaban entre ellos. Capaz rememoraban su tiempo antes de salir del monte. Capaz planeaban el recorrido de la mañana siguiente. Capaz solo se reían de nosotros, los coñones masacrados por los mosquitos.

Noche en el Patrimonio Ayoreo Totobiegosode.

Ese es término para describirnos, coñones. Significa personas que hacen cosas sin sentido. Para un pueblo que caza y recolecta todo del bosque, la deforestación es un acto que escapa de la lógica.

En esas noches el cielo era parecido al que vieron los integrantes de la misión Artemis. Excepto que los astronautas no disfrutan de la ocasional avioneta que surca el Chaco esquivando radares militares. Capaz por ello los Ayoreo no piden deseos cuando ven estrellas fugaces. No vaya a ser se confundan.

En las noches lunares también me hablaron a través de sus intérpretes. Me contaron de cómo sus chamanes usaban el caraguata para ver otros futuros. Del miedo que inspiraba escuchar el mugido de una vaca cuando vivían en aislamiento. Uno de ellos, Ngoi, fue de los últimos en ser contactado contra su voluntad en 2004. Ngoi tiene todavía a su padre en algún lugar entre Cerro León y el Patrimonio, escapando de las bestias de piel de metal que dan vuelta las piedras y espantan a los osos hormigueros y tortugas que comen.

Restos de una topadora en una de las picadas a la entrada del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode.

Ese contacto no solicitado de misioneros y topadoras no solo los expuso a enfermedades que no tenían y realidades que no pedían. Algunos de los Ayoreo más jóvenes que saben español y ofician de intérpretes, como Rosalino, no tienen modo de traducir todo lo que dice Ngoi o Porái, el lider de la comunidad, por la simple razón de que hablan de animales y flores que el mismo nunca vió.

En su paper Hacia Geografías Humildes, Samantha Villes habla de cómo “el mundo interviene en nuestro conocimiento; excede nuestras descripciones del mismo al confrontarnos con lo caótico, resbaladizo y sorprendente que es vivir en él”.

Villes hablaba de su propio oficio, de ser geógrafa. El Patrimonio es un lugar que he visto desde satélites todas las semanas desde hace diez años. Sus bordes son un mapa de rectángulos dibujados para intentar capturar lo que los límites nacionales nunca reconocieron.

Estar allí, converger la vista cenital de Landsat o un dron con mirar a los ojos el mundo de un pueblo de guerreros reducido a hacer changas para los mismos ganaderos que invadieron sus tierras fue un ejercicio humilde. Ciertamente, todo lo que te quiere o puede matar en el Chaco ayuda.

De este viaje, Consenso inició esta semana una serie de investigación llamada Coñones. Con documentos y hallazgos que tocan a gente muy poderosa. Podría hablar de ellos acá. No me interesa. Tampoco me interesa hablar por los Ayoreo. Es un pueblo con voz propia.

Lo que si me interesa es lograr hacer un periodismo que haga honor a la confianza que se me depositó en esas noches. Porque es uno de los casos donde nuestra independencia no solo es un beneficio. Es una responsabilidad.

También en esta edición:

Paraguay y Argentina avanzan en gasoducto mientras inicia conferencia para abandonar los fósiles en Colombia · Minería y criptominería en Paraguay: Defensores ambientales bajo ataque · Más de la mitad de lo que dice Big Tech sobre el impacto de la IA en el clima es greenwashing.

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In January 2022, the president of the National Forestry Institute, Cristina Goralewski, received a report from her director of Legal Advice, Victor González Bedoya.

The report, part of 92 pages of documents, indicated that the Chortitzer Cooperative had illegally deforested 526 hectares between September 2018 and September 2020 in lands of the Ayoreo Totobiegosode Cultural and Natural Heritage (PNCAT), recognized by the State since 2001 and protected by a precautionary measure of the Inter-American Commission on Human Rights since 2016.

The deforestation was illegal because Chortitzer’s land use change license had been revoked since the international meassure.

González Bedoya recommended that the National Forestry Institute initiate an administrative inquiry against the company for a “very serious breach” of the Forestry Law.

The arguments for the summary proceedings against Chortitzer included “the impact on native forests, the violation of the suspension (of the land use plan), recidivism, bad faith, the irregularity and illegality of the conduct AND THE MOTIVE FOR PROFIT THROUGH TRADE FROM IRREGULAR CLEARINGS”.

Due to the classification of “very serious offense”, Chortitzer was exposed to a fine of up to 10,000 days’ wages - about 170,000 USD at current exchange rate - and had to invest in regenerating the affected forest.

Now, Consenso has obtained exclusive documents showing that while the National Forestry Institute initiated an investigation into Cooperativa Chortitzer for the illegal deforestation of indigenous lands, it took more than a year to notify the company and did so at the wrong address, allowing the company to have the case expire and the deforestation go unpunished.

Among Infona’s omissions is taking more than a year to notify Chortitzer of the investigation and sending the notification to one of the facilities instead of the company’s legal representatives, with whom the agency has had a cooperation agreement since 2021. At that time, Cristina Goralewski publicly referred to Chortitzer as a “true example of sustainable development“.

Consenso also visited the Ayoreo Heritage site and was able to confirm with drone footage of the area occupied by the Chortitzer Cooperative that deforestation persists. According to Earthsight’s investigation, the leather used in luxury cars in Europe came from these lands.

Deforestation in Chortitzer is visible from the beginning of the Ayoreo Heritage - clearing on the right of the image - April 2026

Deforestation even affects the protection zone established by the forestry law.

Location of the drone from where the deforestation images were taken within the Ayoreo Heritage - April 2026. The site corresponds to a ranch owned by the Chortitzer Cooperative according to data from Cadastre and Infona.

The case demonstrates another violation of the precautionary measures that the IACHR imposed on the Paraguayan State a decade ago, which included preventing deforestation in the area where the last people in voluntary isolation in South America outside the Amazon is located.

The findings also refute claims by the Paraguayan Leather Chamber, which on April 21 asked the Paraguayan State to sue “for defamation” organizations such as Earthsight and Survival International, which have been investigating the case.

Currently, a delegation from the Ayoreo People, which includes Porai Picarenai, leader of the Chaidi community, is in Italy to meet with representatives of the Italian Parliament and the Vatican.

Consenso learned that the Paraguayan government refused to receive the Ayoreo representatives at the Embassy in Rome, canceling the meeting scheduled for the same day that the Leather Chamber claimed it had “the full support” of the Ministry of Foreign Affairs of the Santiago Peña government.

The precautionary measures of the Inter-American Commission on Human Rights.

1. Actions aimed at preventing the continuation of deforestation in the territory recognized and currently being processed in favor of the Ayoreo People.

2. The creation of a mechanism intended to protect and prevent the entry of third parties into the territory recognized and currently being processed in favor of the Ayoreo Totobiegosode People.

3. The creation of specific protection protocols against unwanted sightings or contact, based on applicable international standards.

4. All those measures that are intended to protect the life and personal integrity of the beneficiaries of the precautionary measures , based on the principle of no contact, and that result from the agreement of these precautionary measures with the representatives of the beneficiaries.

Everything the Paraguayan Govt did (and didn’t do) to leave the illegal deforestation of Chortitzer unpunished

Following the original request for a summary investigation by the Legal Department of Infona on January 22, 2022, regarding deforestation that occurred between 2018 and 2020.

But Infona took more than a year to actually send the summary notification to Chortitzer: on May 31, 2023.

The process server was official Óscar Ortiz, who stated in a handwritten note that he left the document at the gate of Estancia Sorpresa, a property of the Chortitzer Cooperative. This ranch is located more than 200 kilometers from the illegally deforested area.

Infona documents show that the notification of the summary for illegal deforestation was sent to another property, which was neither the one being investigated nor the address for legal matters of Cooperativa Chortitzer.

On June 14, 2023, the Livieres Guggiari Law Firm, representing Chortitzer, sent a document to Infona requesting that the notification be made at the address for legal matters of the Cooperative: the office of the aforementioned law firm in Asunción, which is 650 kilometers from the ranch where the summary notification was sent.

Such neglect by Infona is striking since Livieres Guggiari has legally represented Chortitzer before the institution since at least 2020, according to documents accessed by Consenso.

The time it took Infona to identify the deforestation, request the summary, start the summary and rectify the site where they notified Chortitzer was enough for the company to achieve, through its legal representation, a prescription of the case on October 3, 2023.

The prescription was signed by the president of the National Forestry Institute, Cristina Goralewski Hempel.

Deforestation in the lands of the Ayoreo people went unpunished.

Santiago Peña’s government closes ranks against the Ayoreo while deforestation persists

Since April 18, 2026, two representatives of the Ayoreo people have been on an official visit to various public and private sector representatives in Italy to discuss the relationship between Italian industry and its impact on the territory protected by international law. The visit included meetings with representatives from the Vatican, the Italian Chamber of Deputies, and the leather industry.

It was also supposed to include a meeting with the Paraguayan Embassy in Rome, which was cancelled by the authorities.

Ayoreo leader Porai Picarenai in the Italian Chamber of Deputies, April 21, 2026.

In 2023, Pasubio, the company that received leather from illegal deforestation by companies like Chortitzer, had already announced that it would not buy from Paraguay due to a lack of environmental and social guarantees.

Consenso also learned that the case had been used as an example by the Paraguayan government itself in meetings with livestock associations in 2025 to advocate for the need to have a traceability system in light of the EU-Mercosur Agreement, which comes into force in May 2026.

The delegation includes Porai Picarenai, leader of the Chaidi community. Porai was one of the Ayoreo who accompanied Consenso on their visit to the Heritage site between March and April 2026, where the media outlet was able to corroborate, with drone images, the continued deforestation on the land that Infona had documented in 2022.

Despite this, first the Paraguayan Leather Chamber and then the self-styled Chaco Sustainable Development Platform issued statements rejecting the visit and the evidence. The Paraguayan Leather Chamber called on the State to sue Earthsight and Survival International for defamation, while the Platform directly attacked Consenso for the first publication in this series, denying the evidence of the invasion and illegal deforestation acknowledged by the Infona itself.

The statement was signed by Egon Neufeld, representative of the Rural Association of Paraguay, the country’s main livestock association.

The Paraguayan Leather Chamber, represented by Emilio Bedoya, declared on April 21 that they had the full support of the Ministry of Foreign Affairs in the face of “this NGO campaign.” That same day, the Paraguayan Embassy in Rome canceled its scheduled meeting with the Ayoreo delegation.

On April 23, Minister of Industry and Commerce Marco Riquelme also spoke out against the Ayoreo visit to Italy, saying that the allegations of illegal deforestation related to leather were “fallacies” and “a total distortion of the reality we live here in Paraguay. These NGOs spend their time writing articles as if they knew the Paraguayan Chaco, the way of working in Paraguay,” he told ABC.

Consenso walking along a dirt road in the Ayoreo Heritage Totobiegosode in the rain - April 2026.

The Chortitzer case is not the only one that reveals the web of climate change, justice, and misinformation surrounding Ayoreo heritage. Subscribe to follow the next installment of Coñones.

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En enero de 2022, la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, recibió un informe de parte de su por entonces director de Asesoría Jurídica, Victor González Bedoya.

El informe, parte de 92 páginas de documentos, indicaba que la Cooperativa Chortitzer había deforestado de manera ilegal 526 hectáreas entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020 en tierras del Patrimonio Cultural y Natural Ayoreo Totobiegosode, reconocidas por el Estado desde 2001 y protegidas por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2016.

La deforestación era ilegal porque Chortitzer tenía revocada la licencia de cambio de uso de suelo.

Gónzalez Bedoya recomendó al Instituto Forestal Nacional iniciar un sumario administrativo a la empresa por “falta gravísima” a la Ley Forestal.

Los argumentos para el sumario a Chortitzer incluían “la afectación de bosques nativos, la violación de la suspensión (del plan de uso de la tierra), la reincidencia, la mala fe, la irregularidad e ilegal de la conducta Y EL ÁNIMO DE LUCRO A TRAVÉS DEL COMERCIO PROVENIENTE DE DESMONTES IRREGULARES”.

Debido a la calificación de “falta gravisima” Chortitzer se exponía a una multa de hasta 10.000 jornales - unos 170.000 USD a cambio actual - y debía invertir en regenerar el bosque afectado.

Ahora, Consenso accedió a documentos exclusivos que muestran que si bien el Instituto Forestal Nacional instruyó un sumario a Cooperativa Chortitzer por la deforestación ilegal de tierras indígenas, tardó más de un año en notificar a la empresa y lo hizo en la dirección equivocada, dejando que la empresa lograra que la causa prescribiera y que la deforestación quedara impune.

Entre las omisiones del Infona se incluye haber tardado más de un año en avisar del sumario a Chortitzer y enviar la notificación a una de las estancias y no a la representación legal de la empresa con quien el ente tiene un acuerdo de cooperación desde 2021. En ese entonces, Cristina Goralewski se refirió públicamente a Chortitzer como un “fiel ejemplo de desarrollo sustentable”.

Consenso visitó además el Patrimonio Ayoreo y pudo corroborar con imágenes de dron en el área ocupada por Cooperativa Chortitzer que la deforestación persiste. De estas tierras, de acuerdo a la investigación de Earthsight, provenía el cuero que terminaba en autos de lujo en Europa.

Deforestación de Chortitzer se ve desde el inicio del Patrimonio Ayoreo - desmonte a la derecha de la imagen - abril 2026

Deforestación incluso afecta a la franja de protección establecida por la ley forestal.

Ubicación del dron desde donde se tomaron las capturas de deforestación dentro del Patrimonio Ayoreo - abril 2026. El sitio corresponde a una estancia a nombre de Cooperativa Chortitzer de acuerdo a datos de Catastro e Infona.

El caso demuestra otra violación a las medidas cautelares que hace una década la CIDH impuso al Estado paraguayo, y que incluía evitar desmonte en el área donde se encuentra el último pueblo en aislamiento voluntario de Sudamérica fuera de la Amazonía.

Los hallazgos también refutan afirmaciones de la Cámara Paraguaya de Cuero, que el 21 de abril pidió al Estado paraguayo litigar “por difamación” a organizaciones como Earthsight y Survival Internacional, que llevan investigando el caso.

Actualmente, una delegación del Pueblo Ayoreo, que incluye a Porai Picarenai, lider de la comunidad Chaidi, se encuentra en Italia para reunirse con representantes del Parlamento de aquel país y del Vaticano.

Consenso supo que el gobierno paraguayo se negó a recibir a los representantes Ayoreo en la Embajada en Roma, cancelando la reunión prevista para el mismo día que la Cámara del Cuero afirmaba que tenía “el total apoyo” del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Santiago Peña.

Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. Acciones destinadas a evitar la continuidad de la deforestación en el territorio reconocido y actualmente en trámite a favor del Pueblo Ayoreo.

2. La creación de un mecanismo destinado a proteger y evitar el ingreso de terceros en el territorio reconocido y actualmente en trámite a favor del Pueblo Ayoreo Totobiegosode.

3. La creación de protocolos específicos de protección ante avistamiento o contacto no deseados, sobre la base de los estándares internacionales aplicables.

4. Todas aquellas medidas que estén destinadas a proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios de las medidas cautelares, sobre la base del principio de no contacto, y que resulten de la concertación de las presentes medidas cautelares con los representantes de los beneficiarios.

Todo lo que el Estado hizo (y no hizo) para dejar impune la deforestación ilegal de Chortitzer

Luego del pedido original de sumario por parte de la Dirección Jurídica del Infona el 22 de enero de 2022 por una deforestación sucedida entre 2018 y 2020.

Pero el Infona se tomó más de un año para efectivamente enviar la notificación de sumario a Chortitzer: el 31 de mayo de 2023.

El notificador fue el funcionario Óscar Ortiz, que en una nota a mano refirió que dejó el documento en el portón de Estancia Sorpresa de la Cooperativa Chortitzer. Una estancia a más de 200 kilómetros del área deforestada ilegalmente.

Documentos del Infona muestran que notificación de sumario por deforestación ilegal se envió a otra estancia, que no era ni la investigada ni el domicilio para asuntos legales de Cooperativa Chortitzer.

El 14 de junio de 2023 el Estudio Jurídico Livieres Guggiari, en representación de Chortitzer, envió un documento al Infona requiriendo que la notificación se realice en el domicilio para asuntos legales de la Cooperativa: la oficina del citado estudio jurídico en Asunción que se encuentra a 650 kilómetros de la estancia donde se envió la notificación de sumario.

Llama la atención tal descuido del Infona ya que Livieres Guggiari representa legalmente a Chortitzer ante la institución desde al menos 2020, de acuerdo a documentos accedidos por Consenso.

El tiempo que tardó el Infona en identificar la deforestación, pedir el sumario, empezar con el sumario y rectificar el sitio donde notificaron a Chortitzer fue suficiente para que la empresa lograra a través de su representación legal una prescripción del caso el 03 de octubre de 2023.

La prescripción fue firmada por la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski Hempel.

La deforestación en tierras del Pueblo Ayoreo quedó impune.

El gobierno de Santiago Peña cierra filas contra los Ayoreo mientras deforestación persiste

Desde el 18 de abril de 2026, dos representantes del Pueblo Ayoreo se encuentran en una visita oficial a diferentes representantes públicos y privados en Italia para informar de la relación entre la industria de aquel país y el impacto en el territorio protegido por la medida internacional. La visita incluyó reuniones con representantes del Vaticano, de la Cámara de Diputados de Italia y del sector del cuero.

También debía incluir una reunión con la Embajada de Paraguay en Roma, la cual fue cancelada por las autoridades.

El lider Ayoreo Porai Picarenai en la Cámara de Diputados de Italia, 21 de abril de 2026.

En 2023, la empresa Pasubio, donde iba a parar el cuero que provenía de la deforestación ilegal realizada por empresas como Chortitzer, ya había anunciado que no compraría de Paraguay debido a falta de garantías ambientales y sociales.

Consenso también supo que el caso había sido utilizado como ejemplo por el propio gobierno de Paraguay en reuniones con gremios ganaderos en 2025 para abogar por la necesidad de tener un sistema de trazabilidad ante el Acuerdo UE-Mercosur, que entra en vigor en mayo de 2026.

La comitiva incluye a Porai Picarenai, lider de la comunidad Chaidi. Porai fue uno de los Ayoreo que acompañaron a Consenso en su visita al Patrimonio en entre marzo y abril de 2026, donde el medio pudo corroborar con imágenes de dron la persistencia de la deforestación en el terreno que el Infona había documentado en 2022.

Pese a ello, primero la Cámara Paraguaya de Cuero y luego la autodenominada Plataforma de Desarrollo Sustentable del Chaco emitieron comunicados en rechazo de la visita y la evidencia. La Cámara Paraguaya de Cuero pidió al Estado “demandar por difamación” a Earthsight y Survival Internacional, mientras que la Plataforma cargó directamente contra Consenso por la primera publicación de esta serie, negando la evidencia de la invasión y deforestación ilegal reconocida por el propio Estado.

Firmó el comunicado Egon Neufeld, representante de la Asociación Rural del Paraguay, el principal gremio ganadero del país.

Comunicado De La Plataforma Sustentable Del Chaco Contra Consenso

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La Cámara Paraguaya de Cuero, representada por Emilio Bedoya, declaró el 21 de abril que tenían el total apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores ante “esta campaña de las ONGs”. El mismo día, la Embajada de Paraguay en Roma canceló la reunión que tenían con la comitiva de los Ayoreo.

El 23 de abril, el ministro de Industria y Comercio Marco Riquelme también salió en contra de la visita de los Ayoreo a Italia diciendo que las denuncias de deforestación ilegal relacionada al cuero eran “falacias” y “una distorsión total de la realidad que vivimos acá en Paraguay. Estas ONG se pasan escribiendo artículos como si fuera que ellos conocen el Chaco paraguayo, la forma de trabajo del Paraguay” dijo a ABC.

Consenso recorriendo un camino de tierra en el Patrimonio Ayoreo Totobiegosode en medio de la lluvia - abril de 2026.

El caso de Chortitzer no es el único que muestra la trama de clima, justicia y desinformación alrededor del Patrimonio Ayoreo. Suscribite para seguir la siguiente entrega de Coñones.

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En 2020, Grand Theft Chaco develó como empresas paraguayas y brasileñas habían invadido y deforestado ilegalmente el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT) en el Chaco. Éste es el último pueblo indígena sudamericano en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía.

La investigación, publicada por la ONG británica Earthsight, encontró que las empresas Caucasian SA y la Cooperativa Chortitzer habían deforestado cada una 2700 y 500 hectáreas de territorio ayoreo entre 2018 y 2019. Una tercera empresa, Yaguareté Porã, también era responsable de convertir tierras indígenas en estancias ganaderas durante la última década y media.

El objetivo: hacer lugar para las vacas que proveen el cuero a empresas como Pasubio, con el fin de tapizar autos de lujo BMW y Jaguar Land Rover en Europa.

Una investigación conjunta de este periodista y Earthsight revela que el Instituto Forestal Nacional (Infona) sabía desde hace años que tanto Caucasian como Chortitzer estaban deforestando ilegalmente el Patrimonio Ayoreo. Con suspensiones a sus planes de uso de la tierra, ambas empresas prosiguieron de manera impune por al menos 5 años más. Aún así, tanto el Infona como el MADES firmaron en 2021 convenios con la Cooperativa Chortitzer.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible le renovó la licencia ambiental a Caucasian en 2020, pese que para ese entonces la empresa llevaba miles de hectáreas deforestadas en tierras ayoreo protegidas por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016.

En conjunto con Earthsight accedí a 92 páginas de documentos que ambos entes públicos proveyeron ante pedidos de información pública que realicé y una consulta oficial del Senado, encabezada por el entonces presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Miguel Rodríguez.

Los documentos también incluyen un informe firmado por la Asesoría Jurídica del Infona en enero de 2022 que constituye el primer reconocimiento oficial del Estado paraguayo de la responsabilidad de Chortitzer en la deforestación del Patrimonio Ayoreo.

El Estado habilitó a deforestadores pese a medidas internacionales

Uno de los documentos que el Infona presentó al Senado cita que en 2017 el ente había documentado la deforestación ilegal de 3000 hectáreas del territorio ayoreo en ocho meses. Aunque la Dirección de Asesoría Jurídica del Infona identificaba todavía a Diego León Casado y las empresas Sinha Pora y Panambí Pora como dueños de la estancia ganadera infractora, ya desde 2016 el terreno había pasado a ser propiedad de Luiz Constantino Santi y su empresa Caucasian, según documenta en un memorándum Carlos Irrazábal, de la Dirección General de Bosques del Infona.

Entre 2017 y principios de 2020, la deforestación llegó a un aproximado de 6000 hectáreas, contraviniendo la suspensión de su plan de uso de tierra. Varios informes de monitoreo demuestran que el Infona sabía al menos desde 2017 de la deforestación que la empresa realizaba año a año.

Caucasian no solo estaba violando en ese entonces la medida cautelar dispuesta por la CIDH, sino que las propias leyes forestales, al deforestar para la ganadería hasta el bosque que debía dejar como reserva, según el propio Infona. Dos veces se instruyó a abogados y jueces realizar un sumario contra Caucasian, con el fin de establecer multas y medidas de recomposición. El caso quedó impune. Recién en 2021 Infona canceló definitivamente el plan de uso de tierra de la empresa ganadera.

Informes internos del Infona en 2020 y 2021 que demuestran que la entidad había identificado deforestación causada por Caucasian (bajo otro nombre) desde 2017.

Aún así, en 2018 Caucasian envió un nuevo relatorio de impacto ambiental al MADES y al Infona, con el fin de renovar su licencia ambiental. Lo que es peor: en 2020 el MADES le otorgó una nueva licencia ambiental, una decisión no solo absurda, sino preocupante siendo que el Ministerio sabía de la protección dispuesta sobre el Patrimonio Ayoreo desde 2016 con el fin de evitar nuevos desmontes.

La decisión del MADES fue revertida también recién en 2021, después que la ingeniera agrónoma Mayra Acosta, funcionaria del Infona, advirtió que la propiedad se encontraba “en un 100% dentro de la Comunidad Indígena Chaidi y Arocojnadi del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT)”. La nota de Acosta reveló otra cosa: al aprobar la auditoría de Caucasian en 2020 el MADES sostuvo falsamente que la estancia no afectaba áreas protegidas o comunidades indígenas.

Documento interno del Infona que señala inconsistencias con el MADES en el caso Caucasian.

Desde la imposición de la medida cautelar por parte de la CIDH, el gobierno paraguayo estuvo en mesas de negociación con los Ayoreo Totobiegosode para encontrar soluciones a la falta de protección de sus tierras, y devolvérselas al pueblo indígena.

La actuación del MADES demuestra que mientras el Estado era parte de un proceso formal para evitar mayor deforestación del PNCAT, al mismo tiempo habilitaba a que se prosiga con el ecocidio. En octubre de 2021, los Ayoreo se retiraron de la mesa de negociación debido a que el Estado paraguayo “no había hecho absolutamente nada” para cumplir con las medidas de CIDH, según Julio Duarte, abogado representante a los Ayoreo Totobiegosode consultado por Earthsight.

Los documentos del Infona demuestran que varios de sus funcionarios no tenían duda que Caucasian “violó repetidamente leyes forestales” y que lo hicieron “sin contemplación ni miramiento de que están dentro de un área de núcleo de una comunidad de pueblo aborigen” (sic). También concluyeron que Caucasian sabía perfectamente que estaba violando leyes ambientales.

No fue hasta octubre de 2021, el mismo mes que los Ayoreo se retiraron de la mesa de negociación y cuatro años después de las primeras pruebas de deforestación, que el Infona finalmente canceló el plan de uso de tierra de Caucasian y que su Dirección de Asesoría Jurídica recomendó tomar acciones penales contra la empresa.

En el caso de Chortitzer, las pruebas de inacción y complicidad son aún más difíciles de ignorar.

La empresa “ejemplo de desarrollo sustentable” que deforestó tierras indígenas por años

Documentos muestran que Infona sabía que Chortitzer deforestaba ilegalmente el Patrimonio Ayoreo desde hace al menos cuatro años. En febrero de 2018 suspendió el plan de uso de tierra de la estancia de la cooperativa menonita debido al desmonte ilegal, aunque los documentos no son concisos sobre el tamaño de la deforestación identificada en ese entonces.

Sin embargo no fue hasta en enero de 2022 que el Director de Asesoría Jurídica del Infona, Victor González Bedoya, envió un dictamen a la titular de la institución, Cristina Goralewski, donde finalmente recomendó cancelar la licencia de Chortitzer después de demostrar nueva deforestación ilegal de 526 hectáreas entre 2018 y 2020 en territorio Ayoreo.

Gonźalez Bedoya es hoy Director de Asesoría Juridica y de Mercados de Carbono en el Ministerio del Ambiente.

Informe sobre deforestación de Chortitzer enviado por la Dirección de Asesoría Jurídica del Infona a Cristina Goralewski.

Mientras la deforestación sucedía, tanto el Infona como el MADES no tuvieron problema en asociarse a la Cooperativa Chortitzer. Ambas instituciones públicas firmaron acuerdos de cooperación con la empresa. En el acto de firma del acuerdo de Infona en 2021, Cristina Goralewski se refirió públicamente a Chortitzer como un “fiel ejemplo de desarrollo sustentable”.

El texto del acuerdo entre el ente público y la empresa va más allá: Chortitzer es citada como una empresa “ comprometida con el cumplimiento de las normas ambientales vigentes”.

Aparte de su propio convenio, MADES también cultivó una relación cercana con Cencoprod, la empresa creada por Chortitzer junto a otras dos cooperativas menonitas con el fin de producir el cuero que luego exportan a Europa.

También accedimos a un mapa de diciembre de 2021 realizado por el MADES donde se identifican nuevos focos de calor en la estancia ganadera de Chortitzer en el territorio ayoreo. Al mismo tiempo, el Consejo Asesor del Infona encargado de elaborar el plan de manejo de fuego de acuerdo a una nueva ley está integrado, entre otros, por Fecoprod, asociación que agrupa a varias cooperativas de producción, entre ellas Chortitzer.

Informe oficial presentado por el MADES al Congreso Nacional, donde se identifican focos de calor en la estancia ganadera de Chortitzer. La empresa no fue investigada al respecto.

De esa estancia ganadera de Chortitzer en 2020 es que se identificó que provenía cuero, que luego de pasar por Cencoprod, se exportaba a Europa. Más del 80% de la producción de Cencoprod tenía como destino específico Italia, donde se encuentra Pasubio, la empresa que luego provee a BMW y Jaguar Land Rover. Tras las investigaciones de Earthsight y la presión de Survival Internacional, Pasubio renunció a seguir importando cuero paraguayo, un hecho que incluso influenció la posición paraguaya en el Acuerdo UE-Mercosur.

Los números de deforestación identificados por Infona coinciden en parte con los expuestos en Grand Theft Chaco. Las 526 hectáreas de desmonte atribuídas a Chortitzer entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020 es una cifra muy similar a las 520 hectáreas que Earthsight había identificado en el periodo julio a septiembre de 2019, lo que sugiere que fue en ese periodo de tiempo donde sucedió la mayoría de la deforestación ilegal.

En el documento enviado por González Bedoya a Goralewski en enero de 2022, se cita que Chortitzer no se acercó a la institución tras la suspensión de su plan de uso de suelo en 2018.

Para Bedoya, “la afectación de bosques nativos, violación de la suspensión (del plan de uso de tierra), la reincidencia, la mala fe, la irregularidad e ilegalidad de la conducta y el ánimo de lucro a través del comercio proveniente de desmontes irregulares” por parte de Chortitzer justifican “plenamente” un sumario administrativo a la empresa por “falta gravísima”. También recomienda que las áreas afectadas sean confinadas para su regeneración.

Próximamente:

¿Qué pasó de este sumario por deforestación a Cooperativa Chortitzer?

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El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció el 7 de abril de 2025 en Mburuvicha Róga que construirá “una vía de acceso rápida” entre Asunción y Central.

Esta via de acceso será una autopista elevada que se construirá por encima de la actual Ruta 02 Py y costará, de acuerdo a datos oficiales, USD 180 millones durante los 3 años de construcción, que estará a cargo de Rutas del Este, relacionada al senador colorado Luis Pettengill.

Pese al rimbombante anuncio del Gobierno de Santiago Peña en palabras y en montos, el Ministerio de Obras Públicas no había compartido con los posibles afectados de una propuesta que cruza cinco ciudades - Luque, San Bernardino, Areguá, Itauguá e Ypacaraí y afectará a ecosistemas como el Lago Ypacaraí y a miles de personas.

Desde Consenso, gracias al aporte de nuestros suscriptores pagos, nos propusimos obtener el trazado y el análisis oficial del proyecto. Y lo logramos. Este documento fue compartido por Consenso primero con vecinos y vecinas organizados en Luque, San Bernardino, Ypacarai y Areguá.

Desde hoy, lo ponemos a disposición de toda la ciudadanía.

Memo Md N° 07 2025 Vf (2)

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El documento incluye el Memorandum 07/2025 con el estudio de factibilidad del “mejoramiento del acceso a PY02 - Ypacaraí y el Acceso a PY02-San Bernardino”.

Esto es lo que ahora sabemos del proyecto que busca “solucionar” el problema del tránsito con viaductos, autopistas y rotondas.

1. Casa del presidente en San Bernardino dentro de la zona beneficiada por las obras

Parte del proyecto incluye ampliaciones, mejorar el asfaltado y aumentar el alcantarrillado de la llamada Ecovía.

La casa del presidente Peña, ubicada en Altos, está dentro del área directa beneficiada según los criterios establecidos por el propio estudio del MOPC, ya que la casa se encuentra a 1 kilómetro de donde se harán las obras que permitirán “conectividad con la capital”.

2. Costos no auditados y el riesgo de una situación similar al Metrobus con los frentistas

El monto informado por el gobierno de Santiago Peña podría ser mayor. El estudio habla de 195 millones de dólares. Esto incluyen no solo obras, sino también USD 11.115.000 proyectados en costos para hacer espacio a los viaductos y ampliaciones de la ruta, incluyendo expropiaciones.

Aparte están otros USD 1.723.319 en gastos de servicios ambientales porque las obras tendrán un alto impacto en varios ecosistemas.

El sistema de servicios ambientales ha sido cuestionado por no considerar si existe realmente equivalencia entre el ecosistema destruído por una obra y el ecosistema a ser protegido.

Además, algunos costos no fueron auditados. Uno de ellos es el de la liberación de la franja de dominio, uno de los puntos conflictivos que llevaron al proyecto de Metrobus a su fracaso.

El Estudio de Demanda fue realizado por la firma CIPRES Ingeniería Ltda. a pedido del propio consorcio Rutas del Este, beneficiario del proyecto. Esto implica un posible conflicto de interés.

El proyecto es dividido internamente entre los tramos 8 a 16. Incluyen construcciones que atraviesan barrios, escuelas, crean viaductos y utilizan la franja de dominio que debería ser para el tren. Al final de esta publicación encontrarás un resumen de cada tramo.

3. Dónde queda el tren de cercanías

La nueva obra, que en parte se construye sobre la franja de dominio, en teoría se hará en paralelo con el tren de cercanías, que tras del fiasco de la inversión con Corea vuelve como promesa de la mano de fondos de Emiratos Árabes Unidos.

El problema es que el diseño de viaductos y autopistas no dejaría espacio para una futura ampliación de servicio del tren. Esto puede verse en los esquemas de la obra, donde los trenes pasarían debajo de los viaductos.

Este es de hecho un problema que tiene el servicio similar en Dubái - y que experimenté de primera mano durante la COP28 en 2023 - donde la priorización de obras para vehículos dejó al transporte público sin espacio para la creciente demanda.

El Tren de Cercanías en su proyecto actual solo iría hasta Luque, con una futura ampliación a Ypacaraí pendiente de acceder a nuevas inversiones. Esta propuesta dista de la coreana, que Paraguay perdió tras no apoyar al país asiático en su postulación para ser sede de la Expo 2030. El gobierno de Peña prefirió a Arabia Saudita.

3. Mil vueltas para no invertir en transporte y vivienda

Esta nueva mega obra, financiada en medio de la llamada “economía de guerra” significa volver sobre los errores de obras anteriores como el viaducto del Botánico. En ese entonces, el arquitecto y urbanista Marcelo Kublik me había vaticinado que «lo que hará el viaducto es trasladar el problema del tránsito a otro nudo. Solo movilizará a más autos que encontrarán un nuevo embotellamiento unos kilómetros más adelante, como en un semáforo, por ejemplo».

El propio informe del proyecto de super autopista y viaductos al cual accedió Consenso afirma que el problema de fondo sigue siendo la ausencia de políticas de vivienda y transporte que garanticen que la gente no necesite un auto para ir de la casa al trabajo, colegio o facultad.

Fragmento del estrudio de factibilidad accedido por Consenso.

Además de no ser una solución real al problema de fondo, infraestructuras como viaductos y autopistas crean no-zonas: sitios donde nadie quiere vivir cerca, espacios con polución sonora y de aire que terminan degradando el entorno, afectando los precios de propiedades y destruyendo la seguridad de tránsito peatonal.

Consenso puede publicar esto porque no depende de dinero de empresas viales o del gobierno, sino de tu suscripción desde 5 USD mensuales.

Anexo: Detalle de todos los tramos proyectados

• Tramo 8: Variante Ypacaraí

◦ Tipo de trazado: Una nueva ruta con dos rotondas y dos viaductos.

◦ Ubicación: Inicia en el km 40+900 de la Ruta PY02, cerca del peaje de Ypacaraí y el puesto de la Policía Caminera, extendiéndose desde el Barrio La Victoria hasta la compañía Cerro Guy Vía férrea donde empalma con la ruta departamental D023 (ruta Areguá – Patiño).

En el trazado se puede ver, además de la deforestación proyectada, que uno de los viaductos pasaría por una zona residencial conocida hoy como Urbanización Santa Catalina.

• Tramo 9:

◦ Tipo de trazado: Amplía carriles en la ruta Patiño – Areguá

◦ Ubicación: Atraviesa las compañías de Mbocayatý, Costa Lago, Itapytanguá (distrito de Ypacaraí), e ingresa en Itauguá (Patiño y Estanzuela), y sigue hasta Estanzuela (Areguá).

• Tramo 10.1: Variante Areguá

◦ Tipo de trazado: Nuevas calles y dos rotondas en Areguá

◦ Ubicación: Inicia en Estanzuela, atraviesa los barrios Santo Domingo y San Miguel, y termina en la compañía Isla Valle, empalmando con la calle vecinal Mariscal López.

Por un lado, el trayecto evita el considerado centro histórico de Areguá, por el otro pasa cerca de humedales y bosques que protegen el Lago Ypacaraí. Esto es legal gracias a que en 2022 el Ministerio del Ambiente creó una nueva “zona de uso intensivo” permitida alrededor del lago.

Tramo 11: Corresponde al tramo que comprende la rampa de acceso al viaducto que se desarrolla en Luque, en los límites entre los barrios Cañada Garay e Yka´a, Segundo Barrio y Marambure, ingresa en Segundo Barrio (centro de Luque) y termina a nivel en Primer Barrio, siempre sobre la franja de la vía férrea. 3,63 km.

Tramo 12: Se desarrolla en la franja de dominio del tren, dejando las vías en el medio, atravesando Primer Barrio, afecta mínimamente al Cuarto Barrio y termina en Campo Grande de Luque empalmando con la Autopista Ñu Guazú (D023). 1,67 km.

Tramo 13: Es una traza nueva que inicia en el empalme con Tramo 10.3 en Cañada Garay (Luque), atraviesa Cañada Garay e Itá Angu´a y termina en los inicios de Tarumandy, empalmando con la ruta departamental D012 (Ecovía). 3,23 km.

Tramo 14: Es el trazado existente de la Ecovía (D012), se desarrolla en la compañía Tarumandy y luego ingresa en el departamento de Cordillera, entre los límites de las compañías Paso Pe y Heriberta Matiauda los distritos de Emboscada y San Bernardino respectivamente, luego atraviesa el asentamiento Matiauda Poty, continúa por la traza existente de la compañía Heriberta Matiauda, Ciervo Kua hasta el barrio Cristóbal Colón de San Bernardino. 21,05 km.

Tramo 15: Es el trazado urbano en San Bernardino, afectando los barrios Cristóbal Colón, Nuestra Señora de la Asunción, Santa Clara Urbanización, Barrio Cinco, Cinco Histórico, Yvyrá Anguy Segunda, Villa Delfina, Jardín, Santo Domingo y Country Club Sol de Verano. 6,58 km.

Tramo 16: Es el trazado existente del desvío a San Bernardino desde PY02 en Ypacaraí, hasta las proximidades del pórtico del San Bernardino Country Club. Atraviesa las compañías de Hugu Hu y Puerta del Lago en Ypacaraí, luego ingresa en Country Club Sol de Verano en San Bernardino. 4,70 km.

Y gran parte de ese litio está en América Latina. La mayoría lo conoce en el triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile.

Pero es un triángulo mentiroso, con vértices sueltas que tocan Brasil, Guyana, Perú, México y Paraguay.

Esto ha hecho que la carrera mundial por explotar el litio haya despegado velozmente en la última década en la región, con decenas de inversionistas mineros estructurando proyectos y vendiéndoselos entre sí, al tiempo que se han multiplicado los conflictos sociales y ambientales, como ya demostramos en nuestra investigación sobre la aprobación de minería ilegal en tierras Ayoreo.

Para entender el tamaño del desafío, la promesa y el riesgo detrás del litio es que Consenso se alió con Mongabay, Dialogue Earth, Ruido, Climate Tracker, Repórter Brasil, Quinto Elemento Lab, La Región y Columbia Journalism Investigations en un especial coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.

Así creamos una herramienta que te permite ver los proyectos de litio que existen en 8 países, desde la etapa de prospección hasta la de extracción, así como qué empresas lo llevan a cabo y quiénes son sus accionistas.

Accedé a la herramienta aquí

Cómo funciona la herramienta

En la herramienta, además de permitir la consulta sobre el estado de los proyectos de litio, también podrás saber, por ejemplo, quiénes son los accionistas detrás de Chaco Minerals, la misteriosa empresa que está invirtiendo millones en el país.

Accedé a la herramienta aquí

Bajo promesas de beneficios casi inmediatos para inversores, una oficina en Canadá y un muerto entre sus accionistas, Chaco Minerals avanzó rápidamente con apoyo del Viceministerio de Minas y Energías en capitalizar más de 2 millones de hectáreas para buscar debajo de los salados suelos de la Región Occidental del país, en una fiebre que se construye bajo el conocimiento adquirido en la infructuosa búsqueda de petróleo en el mismo lugar.

También se construye bajo las mismas injusticias, con memorandos confidenciales con Estados Unidos, aprovechando el avance previo de los agronegocios legales e ilegales en el segundo ecosistema más importante de Sudamérica y bajo nula consulta a los pueblos indígenas que viven alli.

Este reciente aumento de las solicitudes de prospección en el Chaco forma parte de lo que la investigadora estadounidense Thea Riofrancos denomina la “expansión de las fronteras extractivas” en su libro Extraction: the frontiers of green capitalism sobre el auge mundial del litio.

El Chaco al que busca expandir esa búsqueda es un bioma sensible con gran diversidad ambiental y social, como territorio de pueblos indígenas como los Nivaclé, los Yshir y los Guaraní Ñandeva, además de los Ayoreo en aislamiento voluntario, y hogar de especies amenazadas o casi amenazadas como el jaguar, el pecarí quimilero, el armadillo gigante y el tapir.

Los científicos han advertido que el Chaco ya tiene amenazada su capacidad de almacenar carbono, de retener agua y de canalizar la lluvia que viene desde la Amazonia como humedad atmosférica (los llamados ríos voladores) por cuenta de la acelerada deforestación, la ampliación de la frontera agropecuaria y otros cambios en el uso del suelo, como el que podría traer la minería.

El litio podría por eso generar, como escribe la profesora de Providence College, que “la acción climática global termine entrando en conflicto con la protección ambiental local”.

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Desde Consenso seguiremos en 2026 investigando los intereses detrás de la fiebre minera en Paraguay.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latam y Columbia Journalism Investigations (CJI), sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Una escuela pública abandonada debido a fumigaciones ilegales de soja en Colonia Yerutí, Canindeyú. Fotografía: Nicolás Granada/Consenso

Este 17 de marzo de 2026 el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos comenzó a esbozar el impacto real de la anunciada “economía de guerra” — la nueva política de gasto del gobierno del conservador Santiago Peña.

El anuncio se da casualmente en medio de reveses y tensiones entre el ala tecnócrata del gobierno, representada por el ministro, y los senadores y diputados oficialistas alrededor del costo real de la Reforma Fiscal. También en medio de protestas de sectores como los docentes, lo que colorados consideran un riesgo a tan poco tiempo de las elecciones municipales.

Fernández Valdovinos, que se había mantenido en el vagueposting acerca de los alcances de la llamada “economía de guerra” - de un país que no tiene una guerra desde 1948 y que hasta hace dos semanas festejaba haber logrado el grado de inversión por parte de agencias como JP Morgan - se vio obligado a responder sobre los sectores afectados tras la insistencia del periodista Santiago González en una entrevista para Radio Monumental.

Allí, el ministro citó específicamente al Ministerio de Ambiente y el SENAVE entre las instituciones que deberán tener un plan de caja reducido.

El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, debe gestionar más de 60 leyes entre la defensa de áreas protegidas, controlar el uso de cianuro en la minería y el impacto de estaciones de combustible. Todo con menos dinero del que cuenta la Municipalidad de Asunción.

El SENAVE, por su parte, debería controlar la aplicación de la ley de fitosanitarios para evitar casos como los de Yerutí, donde el Estado terminó siendo condenado de manera internacional por el uso ilegal de agroquímicos.

El MADES había recibido este año un modesto aumento que alcanzaba apenas para mantener el nuevo edificio de la institución y desprecarizar a técnicos que tenían contratos temporales.

En el Congreso, el ministro Rolando de Barros Barreto había dicho en septiembre de 2025 que “el presupuesto ambiental no es un gasto, sino una inversión estratégica para garantizar el desarrollo sostenible del Paraguay y el bienestar de su gente”.

La ausencia de fiscalizadores genera un uróboros de dependencia a los vaivenes del MEF, ya que el MADES no tiene suficiente gente para controlar - y por lo tanto multar - a infractores ambientales.

La situación en el MADES está empeorada ante el bajón del financiamiento internacional y donaciones relacionadas al clima, de los cuales la institución dependió hasta para construir la nueva sede que tiene hoy.

Este bajón es producto del abandono de Estados Unidos de todos los organismos multilaterales como la Convención de Cambio Climático, política azuzada por ONGs financiadas por petroleras como la Heritage Foundation, que a su vez mantienen cercanos vínculos con el gobierno de Peña en Paraguay el de Milei en Argentina.

Grado de inmersión 🌊

¿Cómo un país que festejaba hace apenas meses uno de los mayores crecimientos de Producto Interno Bruto de la región y grados de inversión termina hablando de una economía de guerra?

Una respuesta que dio el gobierno es que proyectaron el presupuesto con un dólar mucho más alto del que terminamos teniendo: 600 millones de USD es la diferencia, dicen.

Al final, la recaudación record sin subir impuestos terminó siendo temporal. El acuerdo para vender energía eléctrica de Itaipú a Brasil no dio frutos - entre tensiones diplomáticas y que cada vez usamos más de esa energía para hacer frente al calor en las casas y la sed del boom criptominero y de datacenters.

Tampoco llegó la lluvia de inversiones prometida al aprobar la ley de créditos de carbono en 2023.

Ambiente y otros sectores, como el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Cultura serán sacrificados para pagar salarios, deuda externa y programas sociales como Hambre Cero.

Pero esto explica tan solo una parte del problema. La conversación de fondo la puso sobre la mesa el senador oficialista Silvio Ovelar en medio de la discusión sobre jubilaciones: Paraguay tiene un problema con su sistema impositivo.

Vendido como un lugar “económicamente fértil” por sus condiciones de casi paraíso fiscal, el país adolece de tres problemas:

Se recauda poco.

Se gasta muy mal.

Y los impuestos afectan más al bolsillo de los que menos tienen.

1. Se recauda poco.

Además de tener tasas bajas, Paraguay recauda poco debido a todas las formas que tiene una minoría de evitar pagar impuestos. No sólo el IVA y el IRP en el país están entre los más bajos del mundo, sino que hay una multitud de deducciones y exenciones tributarias que favorecen, sobre todo, a quienes más ganan.

Si tenés plata, tenés más formas de no pagar Impuesto a la Renta a través de trucos contables legales. Sin contar los múltiples beneficios de los dos sectores que obtienen más divisas en Paraguay: la soja y la carne, que no solo no tienen impuestos específicos sino que quedan muchas veces impunes de los delitos ambientales que cometen.

2. Se gasta muy mal.

Cada nepobaby, cada denuncia de enriquecimiento ilícito, cada raudal en obras inacabadas es un recordatorio de que lo poco que se recauda se gasta mal. La alta percepción de corrupción en Paraguay dificulta cualquier discusión sobre impuestos.

Es un círculo vicioso: instituciones débiles, corrupción, ineficiencia, baja disponibilidad de recursos y baja calidad de la política y la gestión pública. La gran mayoría del malgasto público, sin embargo, no es en sueldos, sino en licitaciones, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Y aunque parezca contradictorio, el malgasto no podrá ser solucionado cobrando menos impuestos. Al contrario. Sin impuestos no hay plata para controlar como se usa lo que obtenemos de la deuda externa que tomamos para financiar servicios públicos… porque no cobramos impuestos.

3. Impuestos afectan más al bolsillo de lo que menos tienen.

En promedio, la mitad del gasto del Estado paraguayo está sostenido por el IVA. Es lo que se conoce como un impuesto indirecto. Lo pagamos todos sin importar cuánto ganemos. Y al ser un impuesto a productos de consumo, como lo que compramos en el supermercado o una farmacia, afecta desproporcionadamente a quienes deben gastar una mayor parte de sus ingresos en consumo. La mayoría de quienes trabajan en Paraguay.

Esto explicaba ya en 2016 el ex ministro de Economia Dionisio Borda: «los quintiles más pobres soportan proporcionalmente una mayor carga tributaria, si bien su contribución impositiva en términos absolutos es menor que la de los quintiles más ricos. En otras palabras, según la participación de los impuestos en sus ingresos, el pobre lleva una carga más pesada que el rico».

Para Borda, que el Estado se sostenga más en impuestos indirectos (que ignoran si ganás más o menos dinero) que en impuestos directos (que contempla tu niveles de ingresos) hace que el sistema tributario paraguayo ahonde la desigualdad.

Los sectores que más ganan de la economía - beneficiados por la obra pública y la ausencia de controles ambientales o sanitarios - a veces no pagan ni para cubrir el daño que producen.

En consecuencia, de los 5 principales ingresos de divisas del país, solo uno se derrama sobre la gente: las remesas que envían las migrantes paraguayas desde el extranjero.

La economía de guerra y el ajuste a las políticas ambientales es un corset autoimpuesto por el gobierno de Peña: uno que prioriza no discutir un modelo de impuestos injustos, prioridades de obras discutibles o las políticas de austeridad fiscal provenientes de órganos tan globalistas cómo los que denuncian en un arribismo ideológico.

La discusión es otra: si creemos que el Estado debe garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano - una posición editorial que Consenso defiende - tenemos que hablar de cómo invertimos para lograrlo antes de ser arrastrados por el próximo raudal.

El poha del cual depende cada tereré y mate que se bebe en la ciudad es un conocimiento principalmente oral, en sus orígenes, indígena. y vivo gracias a la transferencia de conocimiento entre generaciones de mujeres. Una práctica de salud, cuidado, y resistencia en la relación con la naturaleza y la conexión social de ritos.

El poha del cual depende cada tereré y mate que se bebe en la ciudad es un conocimiento muchas veces oral y transmitido entre mujeres. Una práctica de salud popular y el cuidado, la relación con la naturaleza y la conexión social de ritos.

«Pohã: Camino de Mujeres» es un cómic periodístico de María Belén Galeano Cristaldo (periodista y guionista) y Marta Miranda (ilustradora) que revela hasta que punto dependemos del clima para preservar las prácticas culturales de Paraguay.

Fue producido tras ser una de las historias ganadoras del Premio Fundación Itaú de Periodismo Cultural 2025, en el marco del Roa Bastos Fest organizado por el medio El Otro País.

The Great Methane Heist: A true crime climate story is part of The Methane Wars series by Consenso & Climate Tracker Latam with the support from the Bertha Challenge 2025.

Directed by: Nicolás Granada.
Editing and host: Laurence Blair
Research, product design and narrator: Maximiliano Manzoni (Consenso)
Editing in Spanish: Francisco Parra and Paula Diaz (Climate Tracker International)

Entrada de Forestal Apepú. De fondo, eucaliptales utilizados por Apple como créditos de carbono en Paraguay. Fotografía: Nicolás Granada/Consenso.

Apple logró el 20 de febrero que un juzgado de California descartara la demanda presentada por varios activistas climáticos sobre el uso de créditos de carbono en varios países, incluyendo Paraguay.

Los créditos eran utilizados por la multinacional para asegurar que sus relojes inteligentes eran “carbono neutral”. En específico, la decisión judicial consideró que los demandantes no habían podido demostrar que Apple mentía con los cálculos de captura de carbono en sus proyectos en Brasil y Paraguay.

El caso puede apelarse y nuevos argumentos podrán ser presentados en 3 semanas.

Si bien se trata alrededor de los mismos créditos de carbono y su uso para venderse como una marca verde, la discusión legal en California era diferente al caso judicial en Alemania, donde Apple si se vio obligada a eliminar la etiqueta de “carbono neutral”.

En Europa los argumentos de la demanda por greenwashing si pudieron ser probados: en específico, que Apple “compensaba” una contaminación que duraría cientos de año en la atmósfera pagando solo hasta 2039 por plantaciones forestales. Y que estas plantaciones forestales no eran bosques nativos, sino especies exóticas, como en el caso de los eucaliptos en Paraguay.

La demanda en Estados Unidos había sido presentada además varios meses antes de que una investigación conjunta de Climate Tracker y Consenso con el apoyo del Pulitzer Center revelara con documentos, visitas al terreno e imágenes satelitales que estos eucaliptos no cumplen con regulaciones de uso de agroquímicos, exponiendo a la comunidad Cañada Santa Rosa, y en especial a la escuela frente a los eucaliptos, a peligrosos pesticidas e insecticidas.

A esto se suman quejas del peligro de incendios forestales.

Entre los eucaliptos utilizados como créditos de carbono por Apple se encuentran los de la Forestal Apepú, que de acuerdo a sus propios reportes utilizan diferentes agroquímicos como el glifosato, considerado “probable cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud y relacionado a daños hepáticos.

Los eucaliptales usan además otros químicos como el haloxyfop, herbicida altamente restringido en Europa, el sulfluramida, un insecticida que al degradarse se convierte en PFOS - más conocido como un “químico que persiste por siempre” en el ambiente. Y utilizan también fipronil, un insecticida considerado posible cancerígeno en humanos y prohibido en la Unión Europea.

El millonario negocio detrás de los créditos de carbono en Paraguay

Apple le compra en Paraguay créditos de carbono a la empresa Forestal Apepú, dedicada a plantaciones de eucaliptos ubicadas en el departamento de San Pedro, una de las zonas de “mayor potencial” para este tipo de plantaciones de acuerdo a un informe del Instituto Forestal Nacional (Infona). Los eucaliptales de Forestal Apepú son gestionados por la empresa Unique Wood y financiados por Arbaro.

Arbaro es un fondo creado en Luxemburgo que recibió - y recibe - financiamiento de bancos públicos y privados de Europa como el Banco de Desarrollo de Países Bajos (FMO) - del cual obtuvo 8 millones de dólares - y el Banco Europeo de Inversiones para “proyectos forestales sustentables” en países como Paraguay. Con el mismo fin también recibirá hasta el 2035 unos 25 millones de dólares del Fondo Verde del Clima.

Aparte de este apoyo financiero, en 2023 Arbaro fue uno de los beneficiarios de los 200 millones de dólares que Apple inyectó a su llamado Restore Fund, una iniciativa impulsada por la empresa tecnológica en conjunto con la organización Conservación Internacional y Goldman Sachs, una de las principales entidades financieras del mundo.

Los fondos de Apple estaban destinados a apoyar las plantaciones de eucalipto de Forestal Apepú y Forestal San Pedro - otra empresa de Arbaro en Paraguay - y utilizar sus créditos de carbono acreditados por Verra provenientes de dichas plantaciones para lograr la etiqueta de “carbono neutral” en su Apple Smart Watch Series 9.

La multinacional no solo utilizó estos créditos para compensar por el daño climático de la manufactura de sus productos, sino también para emisiones vinculadas a la estructura corporativa, electricidad y viajes de trabajo de sus directivos.

En una nota publicada en su web, Apple definió su apoyo a la Forestal Apepú a través del Restore Fund como una acción “que cultiva raíces nuevas en el Bosque Atlántico”.

Con eucaliptos. Que usan agroquímicos. De manera ilegal.

Verra, la principal organización vendedora de créditos de carbono en el mercado voluntario y quien registró los créditos de carbono de Apple en Paraguay festejó en Linkedin la decisión judicial en California.

En agosto de 2025, cuando Consenso publicó sus hallazgos, Apple no respondió a consultas.

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En Asunción - donde creo que todos tenemos al menos un conocido como precandidato a concejal - vemos de manera repetida como propaganda electoral de todo tipo emerge en nuestras pantallas. Un ejemplo es un anuncio hecho por un tal Nicolás Zárate hecho con IA mientras deslizamos historias un sábado cualquiera a las 9:00 AM.

Algo que solo se le podría ocurrir a un boomer colorado es hacer un video generado con IA debatiendo con el Dr. Francia sobre cómo sacar a la ciudad de “terapia intensiva”.

¿O no?

Este anuncio me llevó a prestar más atención a la comunicación política de las figuras que aspiran a ser nuestras nuevas autoridades municipales este año (o bien que buscan el rekutu).

Y para sorpresa mía, no solo a un boomer colorado se le ocurrió que era buena idea usar herramientas de inteligencia artificial generativa en política. Son demasiados los casos donde se está utilizando, aunque de un modo tal vez más “prudente”.

Es fácil darse cuenta de los trazos de un texto escrito con IA. La sintaxis los delata. Una figura literaria se repite. El nombre específico es paradiástole, una palabra de raíz griega donde para significa “junto a” y diastole significa “distinción”.

En palabras sencillas, la figura literaria se utiliza para contraponer palabras de significado similar como modo de explicitar una diferencia. “No es bueno; es magnífico”. “No es necesario: es urgente”. “No solo es un logro: es una conquista”.

Un ejemplo ilustrativo.

Y como dije, no solo es Nicolás Zárate. Y no son solo los colorados. ChatGPT escribiría “No son solo los colorados: también son los opositores.”

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Esto lo pude observar cuando hace unas semanas, tras otro “escándalo” mediático alrededor de José Duarte, el hijo del expresidente de Paraguay, Nicanor Duarte, y sus dichos que fueron interpretados como una relativización de la última dictadura que vivió el país (en manos de su partido) en contraposición a los autoritarismos previos (en manos del Partido Liberal).

Y figuras que vienen de sectores que casi nunca, por no decir nunca, tienen a la dictadura de Stroessner o a la memoria entre sus prioridades políticas —algunos incluso con beneficiarios de dicha dictadura entre sus filas, como el caso del Partido Patria Querida— salieron con reels y comunicados condenando radicalmente los dichos del sociólogo a la caza de interacciones y posicionamiento.

¿Y qué hacés cuando no tenés la más pálida idea de qué decir ante una situación como esta? Podrías investigar, hablar con sobrevivientes o sus familiares, zambullirte en la viva discusión sobre la representación de la memoria en Paraguay, hacer un encuentro con organizaciones que trabajan por ella. Pero no.

Eso toma tiempo y no te interesa tanto como para dedicarle tiempo. También lleva trabajo. Y es el tema del momento, y necesitas engagement, vistas, atención de los “progres” que no saben si votarte o no.

Entonces entrás a ChatGPT y sí te tomas el tiempo de redactarle un prompt probablemente largo explicándole lo que dijo José Duarte y pidiéndole que escriba un posicionamiento para una candidata a la intendencia de Asunción que suene indignante pero que no sea demasiado confrontativo, que condene la dictadura llevada a cabo por el Partido Colorado pero que no ataque a todos los colorados, que genere empatía de sobrevivientes y sus familiares pero que no espante a los posibles herederos de la dictadura que te pueden apoyar, que pueda ser reposteable por un progre pero que no suene tan progre, y podría seguir.

ChatGPT te respondería algo como lo que la candidata a la intendencia Soledad Núñez publicó en sus historias de Instagram:

Obviamente acompañado de una cajita de preguntas, para las interacciones.

Y este es solo uno de los ejemplos más despreciables de cómo muchos políticos paraguayos hoy están a punto de vaciar el acuífero Patiño para ahorrarse el pensamiento y conseguir unos cuantos votos. Hay muchos más.

La IA, sus orígenes y su influencia en la erosión política de Paraguay

Es importante resituar el origen de la inteligencia artificial, que no fue hace 10 ni 20 años. Charles Babbage, el “padre de la computadora”, fue un matemático y científico británico que dedicó su vida a estudiar cómo disciplinar el pensamiento a través del análisis algebraico.

En el auge del desarrollo industrial británico —cuando se empezó a mecanizar el trabajo— Babbage visitaba fábricas y analizaba los sistemas de manufactura, y creía que dichos procesos industriales podrían aplicarse a la mente humana.

Con sus ideas abrió el camino a la posibilidad de construir artificialmente la inteligencia humana en una máquina. Mucho de su trabajo se podría resumir en una frase: “Deseo que pudiésemos hacer con la mente lo que la fábrica hizo con los cuerpos”. Este es el nacimiento de la inteligencia artificial, en el siglo XIX, un contexto industrial donde la fábrica empieza a tomar el trabajo físico.

No deja de ser una broma cruel que esta narrativa etérea de la tecnología esté representada en la elección de nombres de empresas perversas de IA para vigilancia masiva como Palantir, una referencia a la bola de cristal del mismo nombre en El Señor de los Anillos. Ambas son utilizadas como un panóptico por las fuerzas del mal.

Es cruel porque El Señor de los Anillos es y toda la obra de Tolkien alegoriza el rechazo del autor a la Revolución Industrial.

Sin embargo, las empresas de inteligencia artificial constantemente utilizan la narrativa etérea de la tecnología como algo nuevo, inmaterial, neutral y que trasciende las capacidades humanas.

La famosa “nube” como algo abstracto, que navega por el cielo o bajo el agua con redes invisibles que transportan datos, códigos, inteligencia. Pero ese concepto abstracto se sostiene con infraestructuras muy concretas: los data centers.

Lo que es necesario desafiar es primero que las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, Copilot o DeepSeek son neutrales. Una idea que es hija de la larga tradición de aprovecharse de la ingenuidad humana y la posibilidad de racionalizarla, mecanizarla para superar los límites de la especie. Una idea que logra ocultar los intereses de quienes se benefician de ella en un doble juego, donde estos intereses son ocultados bajo el mismo manto de neutralidad sobre el que basan sus promesas tecno-optimistas.

Sabemos que la IA demanda una alucinante cantidad de electricidad. Las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) que entrenan a los modelos extensos de lenguaje como ChatGPT y que permiten que este responda a los prompts de los usuarios se concentran en esos data centers, básicamente un lugar donde se aloja todo el equipo o hardware de la IA.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo de electricidad de un data center promedio enfocado en entrenar inteligencia artificial es equivalente al de 100.000 hogares, y que los más grandes (aún en construcción) podrían consumir hasta 20 veces más. También consumen millones de litros de agua para mantener fríos dichos equipos —un prompt promedio consume aproximadamente medio litro de agua— que a la vez dependen de minerales críticos, escasos y cuyas cadenas de suministro están altamente concentradas —por China— y son también altamente vulnerables a disrupciones.

El cuento de la autonomía también se deshace ante la estremecedora realidad de que detrás de ella se encuentran personas en Kenia, India, Madagascar o Filipinas —países con pocas o nulas protecciones laborales— trabajando más de 10 horas al día filtrando imágenes violentas y traumáticas que no son pagadas con dinero, sino con bolsas de azúcar o arroz. Esa es la realidad de los trabajadores detrás de las IAs más avanzadas. Sin estos humanos explotados, la IA no sería “inteligente”.

Podemos hablar también de lo molestas que son estas instalaciones para las comunidades donde se encuentran, ya que usan ventiladores industriales gigantes que emiten ruidos insoportables que no dejan dormir y aturden a cientos de vecinos en Villarrica, por ejemplo. O con qué gobiernos se alían para lograr ejecutar todo lo mencionado.

Todos estos “detalles” técnicos deben necesariamente ser remarcados ante la narrativa de las grandes empresas tecnológicas de que son parte de la solución y no el problema, que son la promesa para el avance de la humanidad y la lucha contra el cambio climático o la desigualdad.

La filósofa Sabina Leonelli recuerda que esto no es una “captura” de la promesa de la tecnología, como ciertos vendedores de baratijas digitales quieren describirlo. Es por eso que insiste en una mirada ambiental para rehusarse al truco de ocultar su impacto. Que la computación debe ser vista como una práctica ecológica — que metaboliza recursos, cuerpos y nuestra atención.

Lo último es clave para entender la otra dimensión problemática de la IA.

Porque no solo sabemos que va a contramano de lo que necesita el mundo para evitar arder en temperaturas y raudales extremos como los que ya vivimos en Paraguay.

También sabemos que activamente roba. Roba a los artistas, escritores, ilustradoras, actores de voz, las personas hacedoras de la belleza y la curiosidad transmutando de manera bastarda sus trabajos sin reconocimiento, sin pago y con desdén hacia el esfuerzo que conlleva. Y roba a cada persona que la utiliza de la esencial experiencia humana de pensar, erosionando nuestra capacidad crítica de manera activa.

Los dueños de las Big Tech impulsan activamente el fascismo a través de sus productos y el poder que obtienen de él. Como el Palantir de los Señor de los Anillos, el Palantir de nuestra realidad busca identificar y aniquilar a quien amenace la sombra de Mordor. Identificación preventiva para deportaciones masivas en Estados Unidos, abrazo a las extremas derechas como el Grok de Elon Musk y hasta utilizar bombardeos a palestinos para alimentar sus algoritmos.

Esto tampoco es un error de diseño. Es parte del diseño eugenista de los señores feudales de las infraestructuras y sus financistas, que tienen alergia a la democracia y la idea de que la información sea un bien público y no un commodity cuya calidad dependa de tu clase social.

Para las masas, nada más que lo playo del AI Slop. Versiones resumidas. Arte que no es arte. Incentivar que no realices el doloroso y esencial ejercicio de pensar, comparar, discernir y aprender para llegar a una conclusión. Llegando al punto que no puedas identificar la validez de las respuestas que te provee. Todo es igual, nada es mejor.

“¿Es esto cierto Grok?”

Es una estética que la IA comparte con la política paraguaya.

Su uso revela nuestro problema ulterior. A veces es difícil distinguir si estamos viendo un programa de El Conejo, que quizás tiene más redactores humanos que estos candidatos y que incluso a veces tiene personas en vivo discutiendo problemas con sorprendente matiz, como este debate sobre el maltrato animal donde participó Kattya González.

Este fin de semana, alrededor 1000 personas votantes de Asunción tuviesen que decidir quién será la candidata de la oposición en la ciudad sin que hayamos tenido un debate entre ambas precandidatas. ¿Por qué? Según una de las candidatas con más consumo de energía y agua por posteo en redes sociales, Soledad Núñez, esto es porque entre ella y Johanna Ortega —Diputada Nacional por el Partido País Solidario— “hay más coincidencias que diferencias”, que Ortega está teniendo una actitud “beligerante” al proponer un debate y que esto es darle “herramientas al adversario real para que se regocije en sus tensiones”, además que ella a Johanna “la valora y aprecia demasiado”.

No es casualidad que al mismo tiempo que la banalidad se apodera de la política paraguaya como una infección, quienes quieren llegar al poder por el mero hecho de tener poder, huyan de un debate.

El hecho de que candidatas como Soledad demuestren su inhabilidad o ausencia de intención de explicitar sus posturas políticas y someterlas al escrutinio de los votantes debería ser más cuestionable que las posibles posturas políticas que llegara a tener, por izquierda o por derecha. Es particularmente ofensivo que provenga de Nuñez, que ha basado toda su figura política en un perfil de técnica recibida en Oxford.

Otra ilusión de neutralidad. Otra puntada en el tejido remendado que sostiene a la cultura política paraguaya que no termina nunca de recuperarse de la dictadura más larga de la región.

Es un círculo vicioso del que, evidentemente, ni las “mejores” figuras académicas del país pueden huir. O en el que se sienten cómodos, y aún más cómodos con la inteligencia artificial, ya que ahora ni tienen que dedicarle pensamiento o asumir la responsabilidad en lo que ofrecen a la ciudadanía.

“¿Por qué ahorrarse el pensamiento?” dijo Leila Guerriero en una entrevista hace unos meses. Y me apropio de esa pregunta no solo como una duda sino como un cuestionamiento.

¿Por qué no pensar?

¿Por qué le pedirías a ChatGPT que escriba algo tan importante como un guión de un video donde deberías plasmar tus convicciones políticas o un posicionamiento sobre la dictadura estronista?

No es redactar un email. Es algo tan profundamente complejo, humano y espeso como la política. La política no como una rama del marketing o de la administración de empresas, sino como eso que transforma nuestra realidad, nuestras vidas y el curso de la historia. Que inspira y conmueve a muchas, muchísimas personas. Que toca cada aspecto de nuestra existencia. La vereda en la que caminamos o cuándo y cómo nos vamos a jubilar. Si no te tomas el tiempo de reflexionar sobre eso, ¿en qué usas tu tiempo? Y también, ¿por qué debería tomarme yo el tiempo de escucharte y votarte a vos?

Mi intención no es condenar moralmente el uso de la inteligencia artificial, sobre todo porque me parece injusto hacerlo en una realidad donde es prácticamente imposible huir de ella. Pero como dijo Naomi Klein en un panel sobre IA y extractivismo, creo que tenemos que encontrar una manera de hablar al respecto, entendiendo que estamos sumidos en un sistema donde la gente está trabajando por un salario miserable, de manera informal, sin garantías de nada — entonces ciertamente se podría volver atractivo darle toda tu información personal a una empresa de tecnología como OpenAI a cambio de que te haga tu trabajo más fácil. Yo misma llegué a caer en ese agujero.

Sin embargo es importante recordar lo que Hannah Arendt nos intentó decir hace 75 años: para que el fascismo prospere se debe acabar la educación crítica. Un profesor de la Universidad de Winchester, Nigel Tubbs, señala analizando la lectura de Arendt que “los fascismos son educativamente perezosos y equiparan el cuestionamiento con la deslealtad”.

Y es acá donde categóricamente rechazo la desvergonzada pereza intelectual de personas privilegiadas y formadas —como ellos mismos lo señalan constantemente— porque no tienen, en absoluto, la misma cuota de responsabilidad que el redactor de una agencia de marketing que tiene que gestionar a diez clientes a la vez.

Especialmente cuando estas personas pretenden gobernarnos. Quienes alardean de ser la vanguardia política paraguaya, las famosas “caras nuevas”, terminan empobreciendo el debate político. Aunque parezca pequeño, es como hundir aún más la daga que tenemos perforada hace más de setenta años, ya que es durante un ciclo electoral más repetir lo mismo de siempre, y esta vez además con tecnologías cuestionables en todos los sentidos (privacidad, ambiental, social) que nos vuelven aún más estúpidos y bajan la vara de lo que es hacer política en nuestro país.

Porque no solo es mediocre la comunicación digital, también lo es la dinámica que definió este ciclo previo a las municipales. Yo todavía no puedo explicar cómo se va a definir quién será la candidata que se enfrente al Partido Colorado en las elecciones de octubre sin sentir que estoy fallando a mis principios democráticos.

Hasta da vergüenza, porque el Partido Colorado tiene procesos más democráticos que el camino que eligió la oposición como “interna”. No malinterpreten. Por si no quedó claro: no es consecuencia del uso de la IA, la IA es una ilustración cabal de una irresponsabilidad política más profunda, del desinterés total de participar realmente en una sociedad democrática. Un vestigio dictatorial, me atrevo a decir. Porque eso conlleva una forma de involucrarse en el mundo que sea plural, crítica y no violenta.

Una forma que los paraguayos no conocemos aún, porque aún no nos liberamos de las pesadas cadenas del stronismo. Y como dije antes, donde figuras como Soledad Núñez encuentran comodidad, porque evita el escrutinio de sus contradicciones y coincidencias respecto al gobierno de Santiago Peña (a quien además apoyó cuando se Peña se candidató a Presidente en 2017). Eso se puede verificar con como Núñez operó para no debatir con Johanna Ortega, rechazando invitaciones a varios debates, incluso a uno pequeño de 50 invitados organizado por el Club de Economía, liderado por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.

Si Soledad y Johanna tuviesen más coincidencias que diferencias como dice la primera, no habrían dos equipos ahora mismo en Asunción pujando por la candidatura a la intendencia. Estaríamos todos con una de las dos. La narrativa que empuja Soledad —y su equipo— de las “coincidencias” es un recurso suyo para disfrazar lo desarticulada que está la oposición, y eximirse a sí misma de la cuota de responsabilidad que tiene ella en esa desarticulación, porque todo lo que es democrático para ella es “beligerante”.

Discutir ideas es beligerante. Criticar es beligerante. Disputar en una interna es beligerante. Básicamente las cosas más esenciales que constituyen a una democracia es “pelearse”. Como dije antes, para el fascismo cualquier cuestionamiento es deslealtad.

En base a esa narrativa, este fin de semana la candidatura de oposición en Asunción no se va a definir con votos, sino con una rama de las ciencias matemáticas: la estadística. De repente necesitamos una forma matemática de ejercer la democracia. Tiene más legitimidad el arreglo de un desacuerdo en una comisión vecinal votando a mano alzada. Mientras la oposición gasta millones en una encuesta de mil personas para una ciudad de 500.000 habitantes, los afiliados colorados irán a una interna pesada y tensa a elegir a su representante para octubre.

Estas decisiones comprometen el fortalecimiento de la democracia paraguaya, y ya no hay colorado que culpar.

En otro ensayo hace unos años escribí: Necesitamos volver a confiar en la política aunque los que en nuestro país lleguen al poder nos decepcionen constantemente. Porque se nutren de nuestra desesperanza, ignorancia y de nuestros brazos caídos. Porque eso es lo que les permite seguir en el poder. Pero no la política desabrida de centro de estudiantes típica de Paraguay.

Política con contenido, con territorio, con el objetivo real de disputar el poder, que interpele y que sea incómoda. O sino, es simplemente otro voluntariado que no cambia la realidad de absolutamente nadie.

Y para poder hacer esa política es preciso que nos cuestionemos lo que hoy se etiqueta como innovador o moderno. La IA no es innovadora en el sentido de que, después de todo lo que describí, da más poder a los que ya tienen muchísimo poder, tiene sesgos políticos, busca el deterioro cognitivo de las masas y es dependiente de cadenas de suministro neocoloniales cuya lógica es incompatible con la continuidad de la vida en la Tierra tal como debería funcionar.

De la misma manera, no es innovador ser una outsider sin organización política, “independiente”, pero que ha formado de manera sostenida alianzas con partidos tradicionales como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) — y no señalo eso como algo negativo, sino como incoherente, cobarde y justamente, lo opuesto a innovador. No es innovador hacer encuestas para definir una candidatura, es antidemocrático, aunque dicho método haya sido definido “de manera democrática”. Obtura el ejercicio de la democracia misma y del fortalecimiento de las organizaciones políticas del famoso “tercer espacio”.

Permítanme hacer una última observación: es crucial luchar contra este nuevo orden que nos empuja a la pereza intelectual, a la violencia y al analfabetismo político.

Volvamos a leer, a ver películas, a conversar, a ocupar el espacio público, al espesor. “Nadie está pidiendo que volvamos a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano” dijo el Papa Francisco en una de sus más importantes encíclicas.

Tengamos cuidado con estas tecnologías que pretenden ser la solución a todos los problemas creando otros nuevos. Apoyemos aquellas que están al servicio de las personas y con una presión mucho menor sobre la naturaleza.

Respetemos y abracemos el proceso complejo y a veces, aburrido o estresante que implica aprender y relacionarse en este mundo. Es el camino que usaron aquellos que crearon las mejores novelas, películas, obras de arte, conceptos científicos y también, políticas públicas. Prestemos atención a quienes nos prometen resolver problemas pero sin tocar a los grandes intereses que causan esos problemas.

Este no es un fenómeno aislado. Como detallo en este ensayo, todo está conectado, y es producto —e instrumento— de un sistema que nos continúa fallando.

Foto de portada: U.S. Army Photo, Public domain, via Wikimedia Commons.

Ensayo por Sara Seux, con colaboración adicional de Maximiliano Manzoni.

El pasado 4 de febrero el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano firmó un memorando de entendimiento con el Secretario de Estado del gobierno de Trump, Marco Rubio, con el fin de “asegurar la cadena de suministro de minerales críticos” como el litio para Estados Unidos

El memorando, filtrado por Político, tiene como compromiso que el gobierno paraguayo analice durante los próximos 6 meses qué proyectos podrían ser de interés del gobierno de Trump.

El compromiso incluye invertir dinero público y privado, incluyendo préstamos y acelerar procesos de aprobación de permisos y licencias ambientales.

El objetivo: “Asegurar proveer minerales críticos para la manufactura de defensa y tecnologías avanzadas. Esto incluye aprovechar las herramientas políticas existentes y la infraestructura de almacenamiento de los Estados Unidos y las reservas estratégicas de Paraguay” (la traducción es propia).

State Department Template For A Framework Agreement On Cooperation On Critical Minerals Sourcing And Processing

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En concreto, el gobierno de Peña tomará “medidas para acelerar, agilizar o desregular los plazos y procesos de concesión de permisos”, lo que levanta alarmas teniendo en cuenta el historial de aprobación de licencias mineras en tierras Ayoreo protegidas por medidas cautelares internacionales - revocadas tras una investigación de Consenso - y la opacidad detrás de la principal empresa explorando litio: Chaco Minerals.

Los accionistas de Chaco Minerals: Un muerto, un ex candidato a gobernador y un beneficiario de licitaciones con el gobierno.

Detrás de la fiebre del litio en el Chaco paraguayo hay una empresa que dice estar en Canadá que no figura en registros comerciales allí, que sugiere estar haciendo trámites para cotizar en una bolsa de valores que no tiene pendiente ninguna solicitud suya y cuyos accionistas incluyen a un empresario ecuatoriano fallecido.

Esto es lo que encontramos en una investigación conjunta con Andrés Bermúdez Liévano del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.

La minera afirma que el área donde está buscando litio tiene “potencialmente el doble del tamaño del famoso Salar de Uyuni en Bolivia y es significativamente más grande que los tres principales salares de litio de Argentina juntos”.

Eso significaría que el Chaco podría tener el “potencial para convertirse en la próxima gran región productora de litio”, una promesa con implicaciones globales ya que es el mineral usado para fabricar las baterías con que funcionan los vehículos eléctricos esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que hoy todavía mueven gran parte del transporte mundial.

Por esto, Chaco Minerals habla de una inversión de 30 millones de dólares para buscar litio usando los mapas de la anterior exploración fallida de hidrocarburos en el Chaco, pagando entre tanto un canon de medio dólar por hectárea al Estado paraguayo en derechos de prospección.

Chaco MInerals en realidad es un conglomerado de cinco sociedades anónimas -Minera Atenea, Chaco Lithium, Roca Lithium, Paraguay Lithium y Guaraní Lithium- las que han hecho 26 solicitudes de prospección al Viceministerio de Minas y Energía por 1.935.519 hectáreas en el Chaco paraguayo desde 2023 a septiembre de 2025, según un análisis hecho por Consenso de los datos públicos del Catastro Minero.

Es una superficie más de 7 veces mayor al tamaño de la capital del país, Asunción, y toda su área metropolitana.

Detrás de las cinco sociedades anónimas se repiten los nombres de los mismos cuatro accionistas: Christian Alexander Hirtz Naundorff, Wilmar Bartel Hildebrandt, Fernando Javier Díaz Mallorquín y Rodrigo Díaz Mallorquín, según consta en las declaraciones juradas de estas empresas ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay a junio de 2025.

Tres de ellos han ocupado cargos directivos en Chaco Minerals también.

Rodrigo Díaz Mallorquín, un ingeniero civil que lideró la empresa constructora RDM Ingeniería y que es proveedor de distintos servicios para el Estado paraguayo, que van desde la instalación de Internet en zonas rurales hasta pavimentado de calles, ha sido el gerente general de la minera matriz.

Figura como representante legal de todas las licencias ambientales de las prospecciones de litio de las empresas de Chaco Minerals ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y fue uno de los anfitriones del viceministro Bejarano en su visita al Chaco, en la que le mostraron su modelo de prospección de litio.

Wilmar Bartel Hildebrandt, quien ha sido gerente técnico de Chaco Minerals, es un geólogo que fue asesor del Viceministerio de Minas y Energía en 2013 y que -según su perfil en la red social profesional LinkedIn- trabajó en empresas mineras como Vane Minerals, que en 2007 anunció prospecciones de oro pero no tuvo mayor éxito, y Morrison Mining Company, una de las empresas que buscó hidrocarburos en la misma zona donde hoy se busca litio.

También aparece como propietario de Geomeister, una empresa especializada en la perforación de pozos subterráneos de agua. Bartel, quien tuvo una breve carrera política como candidato a gobernador del departamento de Boquerón en el Chaco paraguayo por el opositor Partido Liberal en las elecciones de 2018, posee la tercera parte de las acciones de las cinco mineras paraguayas.

El tercero es Christian Alexander Hirtz Naundorff, un geólogo ecuatoriano que estuvo involucrado con distintas empresas mineras en Paraguay desde al menos 2007, cuando era mencionado como accionista principal de Transandes Paraguay, que buscaba uranio en el país. Al mismo tiempo, en Ecuador es reconocido por haber sido fundador del Jardín Botánico de Quito y por su trabajo en investigación de flora. Hirtz aparece como propietario de la tercera parte de las acciones de las cinco empresas de Chaco Minerals.

Hirtz sigue apareciendo como accionista mayoritario en las declaraciones juradas de las mineras en 2025, pese a que reportes de prensa en Ecuador indican que falleció en julio de 2024.

La doctrina Donroe amenaza al Chaco

El memorando con Estados Unidos expandirá la búsqueda minera en un bioma sensible como es el Chaco. Con gran diversidad ambiental y social, como territorio de pueblos indígenas como los Nivaclé, los Yshir y los Guaraní Ñandeva, además de los Ayoreo en aislamiento voluntario, y hogar de especies amenazadas o casi amenazadas como el jaguar, el pecarí quimilero, el armadillo gigante y el tapir.

Los científicos han advertido que el Chaco ya tiene amenazada su capacidad de almacenar carbono, de retener agua y de canalizar la lluvia que viene desde la Amazonia como humedad atmosférica (los llamados ríos voladores) por cuenta de la acelerada deforestación, la ampliación de la frontera agropecuaria y otros cambios en el uso del suelo, como el que podría traer la minería.

A todo esto se le suma ahora la voracidad de la renovada Doctrina Monroe del gobierno de Trump, que considera a América Latina y sus recursos como suyos para tomar. Una doctrina compartida por el presidente Santiago Peña.

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Desde Consenso seguiremos en 2026 investigando los intereses detrás de la fiebre minera en Paraguay.

Fotografía: Conmebol

Hacían 33 grados centígrados cuando en una jornada de pruebas de las categorías inferiores del club Cerro Porteño de Paraguay un adolescente de 16 años se desplomó en la mañana del 21 de noviembre de 2025. Era uno de los cientos que había llegado con el sueño de jugar con los colores de una de las instituciones deportivas más populares del país. Había tenido un paro cardíaco. Fue salvado por el personal médico del club.

El fútbol no solo es el deporte más extendido en el mundo, sino también “la música del cuerpo y el festival de los ojos”, según escribió el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a sol y sombra.

Allí, Galeano también cuenta cómo Diego Armando Maradona, la legendaria estrella del fútbol argentino, “denunció la omnipotente dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol” en las Copas del Mundo de 1986 y 1994, celebradas respectivamente en México y Estados Unidos.

El fútbol es un pasatiempo amado por cientos de miles de niños y adolescentes en todo el mundo, pero ahora el calor extremo está poniendo en riesgo su salud.

Los desafíos y posibles soluciones son múltiples, señalan investigadores, entrenadores y estudios científicos, desde alertas tempranas hasta la prohibición de los campos de juego sintéticos que retienen el calor.

Alertas en el país campeón del mundo

El fútbol profesional también está luchando contra el calor. Las altas temperaturas registradas en Estados Unidos durante la Copa América 2024 obligaron a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a revisar su protocolo médico.

Un informe publicado el año pasado por Football for Future advertía que 14 de los 16 estadios donde se jugarán partidos de la Copa Mundial masculina de este año en México, Canadá y Estados Unidos superan los “umbrales de seguridad” para la práctica deportiva debido a los riesgos climáticos, incluido el calor extremo.

Los niños son más vulnerables al calor que los adultos.

En 2023, las altas temperaturas obligaron al Estado paraguayo a suspender todos los encuentros deportivos de inferiores entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde. No fue el único lugar. En Argentina, varias ligas locales debieron tomar la misma decisión ese mismo año y aplazar partidos.

Las suspensiones en estos dos países se produjeron durante una ola de calor 60 veces más probable debido al cambio climático. Uno de los lugares afectados fue la ciudad de Rosario, en Argentina, donde se ubica el club en el que jugaron dos campeones mundiales, Maradona y Lionel Messi: Newell’s Old Boys.

El coordinador de las divisiones inferiores de Newell’s, Gustavo Tognarelli, considera que el impacto del calor “es un tema que todavía no está presente en las instituciones”. Tognarelli tiene a cargo a más de 400 niños, niñas y adolescentes en las distintas categorías del club, y admite que en Argentina “es difícil el calor en los dos primeros meses del año”.

De acuerdo con el último informe Lancet Countdown, toda la región experimentó un aumento en cientos de horas al año donde caminar y correr es un riesgo para la salud, en comparación con el periodo 1991-2000.

Para Tognarelli “se nota el impacto en los entrenamientos. No es lo mismo un chico que practica a las ocho de la mañana que otro que practica a las diez”.

Para mayor complejidad, el director de divisiones inferiores de Newell’s nota que en los últimos años ha habido una tendencia a adoptar campos de juego con pasto sintético, “que son buenos para practicar técnica o ante días de lluvia, pero levantan mucho más calor en el terreno de juego”.

Iván Vázquez, director de las divisiones juveniles del Club Olimpia de Paraguay, es aún más enfático: “Los campos de césped sintético deberían prohibirse aquí. Las temperaturas pueden dañar los pies de los niños, causándoles quemaduras cuando se caen”.

Fotografía: Formativas del Club Olimpia

Además de los entrenamientos, en las divisiones inferiores es un desafío constante el hecho de que todas suelen jugar el mismo día en un mismo terreno de juego debido a desafíos de infraestructura y movilidad, lo que “vuelve a veces difícil que una categoría no juegue en horario con mucho sol”. Esto complica cumplir con las recomendaciones tanto de oficiales de salud como de las federaciones de fútbol sobre la exposición.

Ariel Ramírez, coordinador de medios de comunicación de la CONMEBOL, que rige todo el fútbol profesional en Sudamérica, afirma que la institución “controla las altas temperaturas en sus torneos mediante protocolos médicos estrictos que incluyen el monitoreo de humedad y temperatura ambiental con equipos especializados”.

Las pausas para beber son obligatorias por encima de ciertas temperaturas, junto con exámenes médicos previos al partido, aclimatación y educación sobre los golpes de calor.

Este protocolo también se aplica a los torneos juveniles. Estaba en vigor cuando el joven de 16 años se desplomó en Paraguay el pasado mes de noviembre.

Pero su aplicación puede ser irregular. Un estudio de 2018 advertía que en las ligas locales de Paraguay era constante la ausencia de ambulancias durante entrenamientos y partidos de juveniles.

Niños y jóvenes en riesgo

La CONMEBOL desarrolló originalmente su protocolo para la Copa América 2016 en Estados Unidos.

Los sucesivos torneos de fútbol celebrados en América han sido objeto de críticas por su enfoque ante el calor extremo. La organización tuvo que actualizar y ampliar su protocolo para la Copa América 2024, también en Estados Unidos, en respuesta a las crecientes pruebas sobre el impacto de jugar en durante el verano. A pesar del nuevo protocolo, un árbitro se desmayó en ese torneo durante uno de los nueve partidos disputados en condiciones de riesgo grave de calor identificados por Consenso.

El profesor Gregory Wellenius, investigador sobre cambio climático y salud ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, señala que en las divisiones inferiores el desafío va más allá de tener protocolos, controlar horarios y los tipos de campo de juego.

Realmente no sabemos el impacto a largo plazo de la exposición al calor extremo en niños

Gregory Wellenius, Universidad de Boston

Wellenius señala que aunque ciudades como Boston —que será sede de la próxima Copa del Mundo— cuentan con protocolos y alertas ante situaciones de calor extremo, “en general estos están pensados en base a la población en general, no en atletas y mucho menos en niños y jóvenes futbolistas”.

Además hay riesgos particulares en niños, niñas y adolescentes. “Los niños no son pequeños adultos, son termodinámicamente diferentes. Sudan diferente, y sudar es el mecanismo que tenemos los humanos para enfriar el cuerpo”, agrega el docente.

Lugares que históricamente no tenían altas temperaturas se enfrentan a problemas mayores para adaptar su infraestructura, dice Wellenius. “Lo que puede ser común en Houston o Centroamérica no lo es en ciudades como Boston, que antes eran más frías y ahora tienen olas de calor”.

Además de lo fisiológico y la infraestructura, para Wellenius es esencial considerar que “en general, niños y niñas tienen menos capacidad de identificar síntomas, lo que los hace menos propensos a saber cuando parar” cuando tienen demasiado calor en entornos competitivos.

Aún se desconoce el impacto total del calor en los niños y adolescentes. “Realmente no sabemos el impacto a largo plazo de la exposición al calor extremo en niños”, afirma el investigador. “¿Qué pasa en sus cuerpos si se encuentran constantemente presionados por las temperaturas?”.

Adaptarse y educar en las casas y en las gradas

“Nuestro análisis muestra que de aquí al 2050 el calor extremo en los estadios se convertirá en la nueva normalidad, con casi el 90% de ellos con necesidades de adaptación para lidiar con estas condiciones”, indica Philip Jenkins, uno de los autores del informe Football for Future sobre los peligros de la próxima Copa del Mundo.

El informe se centró en los estadios de este Mundial y los dos siguientes, así como en los estadios vinculados a leyendas de la Copa del Mundo, como aquellos en los que Lionel Messi y Pelé comenzaron sus carreras.

En algunos de estos estadios, los partidos de fútbol y los entrenamientos se verán gravemente afectados por las temperaturas extremas en 2050, durante hasta dos meses al año, según el reporte.

Ante esta “nueva normalidad”, los entrenadores e investigadores afirman que no existe una solución milagrosa.

Las pausas para refrescarse y dejar atrás los campos de césped sintético en favor del césped natural podrían ayudar. Pero, en términos más generales, “la región necesita desarrollar sistemas de alerta temprana para el calor extremo”, afirma Francisco Chesini, investigador de salud pública de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red Mundial de Información sobre el Calor y sus Riesgos para la Salud.

Estos sistemas ya se han implementado en países como España, donde las previsiones a nivel local y los umbrales de temperatura activan una respuesta integral por parte de las autoridades y los funcionarios de salud. Naciones Unidas lanzó en 2022 una iniciativa para la adopción mundial de sistemas de alerta temprana antes de finales de 2027. Paraguay ya se ha propuesto desarrollar uno como parte de su política climática, a la espera de obtener financiación.

“Queda todavía camino para concientizar más sobre la necesidad de invertir en infraestructura”, dice Tognarelli. “Porque es inversión, no gasto. Nuestro papel debe ser la protección y formación integral de estos chicos”.

Para Wellenius existe una oportunidad, todavía desaprovechada, en el potencial de las comunidades organizadas alrededor del fútbol para no solo proteger a la niñez y la adolescencia en el deporte, sino también avanzar en el entendimiento y la necesidad de políticas públicas sobre el calor.

“La gente sabe que el calor es un problema, pero no piensa que sea su problema”, dice. “No basta con emitir alertas generales en medios o redes sociales ante temperaturas extremas, sino hacer llegar esa información de manera estratégica a quienes ostentan la confianza de otras personas en esas comunidades, como las madres y entrenadores”, concluye.

Además de la música del cuerpo y el festival de los ojos, el fútbol también puede cambiar la mentalidad sobre los riesgos climáticos y qué hacer al respecto.

Esta es una historia de CATCH

Esta historia forma parte del trabajo de Dialogue Earth en el proyecto Community Adaptations to City Heat (CATCH), en colaboración con la Universidad de Boston. El proyecto está financiado por Wellcome. Todo el contenido de Dialogue Earth es editorialmente independiente.

Este reportaje es republicado en Consenso.

El acuerdo entre la UE y Mercosur —el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— reduciría y eliminaría progresivamente los aranceles entre las dos regiones, que suman 710 millones de habitantes y representan algo menos del 18% de la economía del mundo.

La aprobación se da tras dos décadas de idas y vueltas incluyendo dos anuncios oficiales, uno en 2019 y otro en 2023, y tras concesiones de ambas partes. La Unión Europea alivianó sus pedidos de medidas ambientales y laborales más estrictas, mientras que el Mercosur permitió que se pudiesen reimponer aranceles en productos en caso de afectar negativamente a agricultores europeos.

Agricultores, unidos en el desacuerdo en ambos lados del Atlántico

Como bien explica el investigador Andrea Taborri en Heñói, la oposición a la Acuerdo Unión Europea - Mercosur encontró por razones completamente diferentes en un misma trinchera a gremios locales del agronegocio, organizaciones ambientales, partidos de izquierda y de extrema derecha.

En un clima de epoca de crítica al modelo liberal instaurado tras la caída del Muro de Berlín, unos y otros critican a un capitalismo verde empujado por un lado por la búsqueda de ganancias de grandes exportadoras, y por el otro, reducir los riesgos financieros relacionados a los fenómenos climáticos extremos.

En el Mercosur, el agronegocio desplegó una ruborizante campaña que partió desde los argumentos antiglobalistas de una imposición colonial europea hasta un ataque a la responsabilidad histórica de Europa en el cambio climático.

Y digo ruborizante porque provino, en más de una ocasión, de los mismos gremios que no tienen problemas en aceptar otras instituciones globalistas - como la Organización Mundial del Comercio - o negar el cambio climático cuando eso les permite utilizar agroquímicos sin control o esquivar sus responsabilidades locales con el ambiente.

La defensa del agronegocio estuvo unificada en los ministerios de Agricultura de todo el Mercosur, pero fue más difusa a nivel diplomático.

Laa oposición a las reglas ambientales fue comandada por Brasil y por Paraguay.

En su primera visita como presidente electo de Paraguay a Brasilia, Santiago Peña se alineó a Lula, diciendo que las restricciones ambientales «son muy duras para una región que necesita desarrollarse».

En términos más duros se refirió su ministro del Ambiente, Rolando de Barros, tras una publicación del diario ABC donde se hablaba de que el acuerdo «limitaría» el desarrollo del país. Barros, quien era el ministro del Ambiente cuando el gobierno de Cartes ratificó el Acuerdo de París, ahora dice que luego de esa aprobación «han metido en la letra chica otras cuestiones como la ideología de género».

El uso de la desinformación sobre género por parte del gobierno para ir contra regulaciones ambientales no es nuevo: así lograron el rechazo de un acuerdo de transparencia ambiental bajo la excusa de que legalizaba el aborto. Este artilugio discursivo cobra relevancia ante el anterior impulso cartista contra la donación de la Unión Europea para la educación, basada en desinformaciones similares.

En el caso de Argentina, la posición diplomática del gobierno de Milei ha sido más ambigüa.

El presidente de extrema derecha, negacionista climático, retiró a su delegación de las negociaciones en la COP29, abandonando al grupo que se había formado con el resto de Mercosur.

Pero tanto su ganadería como agricultura tiene ya desarrollados varios mecanismos de trazabilidad desde antes de la vigencia del acuerdo.

En Uruguay, tanto Lacalle Pou como el nuevo presidente Yamandú Orsi estuvieron siempre a favor de la firma del Acuerdo.

Agricultores europeos en protesta contra el acuerdo. Foto: NOS

En Europa, las protestas de los agricultores en Paises Bajos en 2024 se extendió en varios países del bloque antes de las elecciones europeas.

De manera similar a en Sudamérica, el agronegocio multinacional capturó los cuestionamientos válidos de los pequeños agricultores sobre el abandono a la producción local para lograr que se eliminen de manera rápida políticas nacionales y regionales a nivel ambiental, bienestar animal y climáticas.

Entre Sudamérica y Europa, la colaboración de llamado Big Ag para por un lado defender sus propios intereses, y por el otro, desplegar campañas de desinformación revistiéndolas de defensa de los pequeños productores es cada vez más notoria y encuentra ecos norteamericanos.

La vuelta de Lula y sus fotos de bromance con el presidente francés Enmanuel Macrón no significaron que las negociaciones hayan sido menos rocosas.

Durante las tres últimas conferencias del Clima, Brasil encabezó el intento de incluír en la agenda la discusión sobre “medidas unilaterales de comercio bajo la excusa del cambio climático”, lo cual terminó logrando en la COP30 en Belém, aprovechando el impacto de medidas similares europeas a industrias de India y China.

En la COP28 de Dubái, mientras el presidente español Sánchez intentaba la foto con su par brasileño, Macrón consideraba que el acuerdo era uno “mal enmendado”.

Francia es el país que lideró desde siempre la oposición al tratado, argumentando que significaría una competencia desleal para sus agricultores.

La moneda de cambio: protecciones de precios para europeos, suavidad ambiental para sudamericanos

En febrero de 2023, Friends of the Earth filtró un nuevo documento enviado por la UE a Mercosur. Incluía cláusulas ambientales y laborales y suscitó dos lecturas ambivalentes.

- Créditos: @Eraldo Peres

Por un lado, tanto el presidente brasileño Lula Da Silva como el presidente de Paraguay Santiago Peña lo rechazaron en concordancia con la posición del agronegocio de ambos países.

Por el otro, organizaciones indígenas, campesinas y sociales consideran que las exigencias son insuficientes, denunciándolas como «maquillaje verde».

Este instrumento adicional tenía dos polémicas esenciales: exigir el cumplimiento de compromisos internacionales ante la deforestación, y evitar lo que la Unión Europea considera como competencia desleal: “no rebajar sus normas ambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras”.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil que habían estado presionando para que se establecieran normas ambientales y de derechos humanos más estrictas en el acuerdo UE-Mercosur se mostraron frustradas por el contenido de la carta adjunta.

El acuerdo comercial propuesto ha generado desde hace tiempo críticas entre ambientalistas, activistas indígenas y pequeños agricultores de ambos bloques, que han afirmado que el acuerdo podría impulsar la deforestación en los países del Mercosur, crear competencia desleal y amenazar los derechos de las comunidades tradicionales.

En un comunicado conjunto al momento de la filtración del documento en 2023 varias organizaciones declararon que que el material adicional de la carta adjunta “no hace nada” para proteger el ambiente, el clima o los derechos humanos, ofreciendo sólo “ajustes cosméticos, aspiracionales e inaplicables”.

Otros expertos consideraron que, a diferencia de lo argumentado por los gobiernos del Mercosur, en realidad la carta era débil desde el punto de vista jurídico. “No es especialmente vinculante”, afirmó Lia Valls Pereira, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en un seminario web.

En diciembre de 2025 los negociadores de ambos bloques dirimieron medidas en búsqueda de atenuar la oposición de agricultores de ambos lados del Atlántico.

• Para los europeos, la posibilidad de reinstaurar tarifas en productos “sensibles” como carne, huevos, cítricos y azúcar si las importaciones superan un aumento del 8% o los precios se reducen también un 8% sobre el promedio trianual ya existente.

• Para los sudamericanos, un lenguaje mucho más suavizado en salvaguardas ambientales como de bienestar animal y pesticidas, que pasarán a ser “monitoreadas constantemente” antes de ser prerequisitos.

Donde queda Paraguay (y no solo en el mapa)

Un estudio comparativo de 189 países entre 2001 y 2012 muestra que los acuerdos de libre comercio aumentaron la deforestación en esos países relacionadas a commodities.

En el caso del Acuerdo UE-Mercosur, el mismo estudio considera que es una posibilidad “para satisfacer la demanda del mercado europeo suban los precios de las tierras, reemplazando pequeños productores hacia bosques tropicales”.

También que priorizar “la carne producida en zonas que puedan cumplir” con el Acuerdo UE-Mercosur significará mayor deforestación para producción adicional para el mercado local u otros de exportación.

Este efecto dominó no solo significaría un impacto al ambiente, sino mayor presión sobre tierras indígenas y disputas alrededor de tierras malhabidas.

Dentro de los propios gremios del agronegocio, más allá de la diátriba ideológica, la mayor disputa se da entre los productores locales de soja y carne y las agroexportadoras como Cargill y los frigoríficos por quien se hace cargo de los costos asociados a la aplicación de las nuevas normas.

En el caso de la soja, el mayor problema está en los costos de transporte y almacenamiento asociados a separar granos en silos de propiedades que acatarán la ley antideforestación y los que no.

En 2025 la posición del agronegocio paraguayo se desradicalizó, en parte por el retraso a la ley antideforestación europea y por negociaciones encauzadas entre ambos bloques para reducir estándares ambientales. Un funcionario del Ministerio de Industria y Comercio citó a Consenso como una necesidad avanzar en un sistema de trazabilidad para evitar disputas como las que se dieron alrededor del cuero proveniente de tierras Ayoreo.

Sin embargo, no todo el mundo sostuvo la cordialidad. La Asociación Paraguaya de Soja se separó oficialmente de la Unión de Gremios de la Producción debido a diferencias en el realineamiento con el gobierno de Peña.

Este reportaje incluye reportería publicada en Dialogue Earth el 30/05/2023 y compartida con Consenso bajo licencia Creative Commons.

En la madrugada del 3 de enero de 2026 varios puntos de Venezuela y su capital, Caracas, fueron bombardeados por Estados Unidos. Luego de eso, su presidente, Nicolás Maduro, fue capturado (o secuestrado) por fuerzas norteamericanas. Todo esto fue confirmado por la administración de Donald Trump.

Se trata de la primera acción militar de una potencia extranjera en territorio latinoamericano en 35 años, desde que Estados Unidos hiciera algo bastante similar en Panamá en diciembre de 1989. Desde entonces, la región había logrado mantener entre tantas de sus flaquezas una paz que el mundo árabe y africano nunca empezó a experimentar, y que Europa rompió con la guerra en Ucrania.

Entre los lugares bombardeados en Caracas está la base militar La Carlota. Una colega, periodista del clima, vive a 10 cuadras de allí. Otra colega, también periodista climática, vive a 3 cuadras del aeropuerto volado por las bombas. Los ataques en teoría dirigidos a objetivos relacionados al régimen de Maduro se encontraban alrededor de casas como la tuya y la mía, en una ciudad latinoamericana bastante igual a la tuya y la mía, en una madrugada de enero como la tuya y la mía.

En tiempos de aforismos hay obviedades que pueden confundirse por contradicciones. El gobierno de Nicolás Maduro es (y no era, porque todo el resto del gobierno sigue en el poder) un régimen autoritario, torturador y antidemocrático.

Esto no significa que sea legítimo que Estados Unidos nos de una reedición de farsa de la Doctrina Monroe. Narcoterrorismo es a la Venezuela de 2026 lo que armas de destrucción masiva era en Irak en 2003.

Nunca hubo causas justas que terminaran bien en manos tan injustas.

De las pocas ventajas que ofrece Trump es que no nos hace perder tiempo en las máscaras de civilidad detrás de su agenda de crueldad. Trump considera propiedad de Estados Unidos el petróleo y la tierra que Venezuela “les robó” con las nacionalizaciones.

El cómico George Carlin en su lucidez describió una vez a su país como “una empresa petrolera con un ejército”. Donald Trump, que baila al son de los tambores del fósil, pone el riesgo a todos los seres vivos del mundo con su adicción al crudo.

Trump defiende y ataca en pos de mantener una economía lovecraftiana donde quemamos los restos de seres casi mitológicos enterrados en la profundidad de la tierra a cambio de condenar casi sin punto de retorno a la humanidad a sequías que nos dejarán sin pan ni agua, lluvias que no nos permitirán respirar.

Lo sucedido esta madrugada es sin embargo un paso mucho más grave para el cambio climático que un retiro del Acuerdo de París o la obstrucción olímpica al abandono de los combustibles que vimos hace unos meses en Belém do Pará.

Desprovistos del manto de la legalidad ni la coacción de la vergüenza, países como Estados Unidos bombardean con ojivas de dióxido de carbono los cimientos donde descansa la esperanza de evitar que el mundo arda.

No sucedió en una sola noche, está claro. Gaza abrió la puerta para que la violencia impune de hombres que pertenecen al pasado sea utilizada para proteger los recursos necesarios para un porvenir donde el resto somos desechables. Greta Thumberg lo vio desde un velero. Nosotros desde un smartphone.

Los países ricos, en contubernio con países como el nuestro - que vivió un genocidio y una invasión por parte de potencias - martillan tapas metálicas en oídos para no oir los estruendos, viseras de acero en los ojos para no reconocer lo que vemos, grapas de hierro en los labios para no gritar sobre ello.

Creer que estamos a salvo de Venezuela y Gaza por alianzas coyunturales con quienes solo entienden el lenguaje humeante de pistolas nos condena a un silencio bastante parecido a la estupidez.

Serán los nuestros quienes huyan del hambre y el calor. Quienes verán sus tierras despojadas por lo que haya debajo. Serán también los nuestros los que nos preguntarán que hemos hecho para evitarlo.

Puedes leer la versión en español aquí

The stifling heat of January 6, 2011, was compounded by fever and vomiting. Rubén Portillo was unable to get up to harvest the watermelons he had planted to cool off in the summer.

They were different symptoms, thought his partner Isabel Bordón, compared to the spots that had appeared in his mouth during the December holidays. From the last house in Colonia Yerutí, a few meters from the stream that gives its name to the rural community in eastern Paraguay, Isabel called her sister-in-law and neighbor Norma Portillo.

Norma rented a truck to take him to the hospital in Curuguaty, the most populated city in the department, an hour away from the colony. As they drove along the dirt and mud road, the characteristic green color of soybean crops stretched out along the slopes.

Rubén couldn’t bear the hour-long journey. Until that morning, the 26-year-old, the only boy among four sisters and father of a two-year-old, had what fewer and fewer farmers in his country have: land to plant something on.

He arrived at the hospital dead.

Over the next few days, alive but with similar symptoms, his son Diego, his partner Isabel, and his brother-in-law Ceferino arrived at Curuguaty Hospital. In total, 17 people from Yerutí ended up in hospital.

After taking blood and urine samples, the hospital director made three calls. One to the Public Prosecutor’s Office, another to the Secretariat of the Environment (now the Ministry), and one to the National Plant and Seed Quality Service (SENAVE).

The latter is the entity in charge of controlling pesticide use in Paraguay.

In October 2023, when the European Union was considering whether or not to extend the license for the use of glyphosate in agricultural crops, South American agribusiness, as on so many other occasions, presented a united front.

In addition to the common arguments regarding food security, in a joint statement, the Argentine Soybean Chain Association (Argentina); the Argentine Association of Direct Seeding Producers (AAPRESID, Argentina); the Brazilian Association of Soybean Producers (APROSOJA, Brazil); the Association of Soybean, Oilseed, and Grain Producers of Paraguay (APS, Paraguay); the Paraguayan Chamber of Grain and Oilseed Exporters (CAPECO, Paraguay); and the Oilseed Technology Board (MTO, Uruguay) put forward a new argument: without glyphosate, regenerative agriculture would not be possible.

Thus, after having been one of the main contributors to the deforestation of the Atlantic Forest for decades, the soybean industry embraced a new commodity consensus.

One that had already been announced by Bayer, the company that owns the patents for the herbicide after buying Monsanto: glyphosate is “an important element for sustainability and regenerative agriculture,” said Rodrigo Santos, director of Crop Science Bayer, in an interview in September 2023, a month before the South American agribusiness announcement. It was an interview for European media, with the same goal of lobbying for approval in the EU.

This is a pivot to the dilemma that Monsanto, before being bought by Bayer, faced in this regard. In a 2008 internal email from the corporation leaked in the Monsanto Papers, one of its executives asked “how they could combat” a study linking the use of glyphosate to the onset of Hodgkin’s lymphoma. The executive was not only concerned about health issues, but also that environmental organizations were using the study to call for “avoiding carcinogenic herbicides by supporting organic agriculture and non-toxic land care strategies that prioritize soil health, not toxic herbicides.”

By that year, glyphosate and other agrochemicals were already legally available in countries such as Paraguay.

Before its approval in the 1990s, soybeans in Paraguay were nicknamed “Maradona” because of their ability, - like the legendary player - to dibble, in this case customs to be smuggled in from Argentina and Brazil.

This is how the United Republic of Soy (República Unida de la Soja) was built, as Syngenta called it in a 2003 advertisement, referring to the area between Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Bolivia where the soybeans displaced forests, grasslands, and populations such as that of Yerutí, using genetically modified seeds to withstand the use of pesticides and herbicides such as RoundUp.

By 2011, the year Rubén Portillo died, Paraguay was using 22,283 tons of agrochemicals. The number had grown sevenfold since genetically modified soybeans became legal in 2000.

But the soybeans should not have been just a few meters away from the Portillos’ house.

No justice for Rubén, no rest for Norma, no school for Diego

Norma Portillo recalls that, exactly one week after her brother Rubén’s death, environmental technicians from the Paraguayan government arrived in Yerutí. The colony had been founded in 1991 on 2,212 hectares divided into 223 plots, land that a former education minister under dictator Alfredo Stroessner had given away to compensate for the theft of public funds.

The name Colonia (Colony) meant that, in theory, it was the government’s responsibility to plan with small peasant farmers what would be planted and how. It also meant ensuring that their products could be sold. But when the technicians arrived in Yerutí, they found almost no food crops.

They found soybeans, lots of soybeans, planted on land without title deeds, that is, public land.

Of the 223 plots in Yerutí, the state only granted title deeds to 34. The Portillos are not among the owners, even though they finished paying for their land more than 10 years ago.

SEAM and SENAVE technicians also found what can still be seen 14 years later when traveling along the same rough dirt road that connects the neighborhood to the pristine routes used to transport grain to the ADM and Cargill silos: that the soybean plantations do not comply with the required tree barriers between the crops and the road, or the minimum 100-meter distance established for the use of agrochemicals near homes, schools, and health centers.

None of which became law in Paraguay after the death of Silvino Talavera, an 11-year-old boy who died of glyphosate poisoning in 2003. Like Portillo, Talavera also died in January. It is the month when soybeans are sprayed for harvest.

Norma recalls that “months before Rubén’s death, ”they began to see crop dusting planes flying over their fields. In the mornings, the characteristic white color of glyphosate settled on the fruit trees and subsistence crops of the farmers.

After Rubén’s death, endosulfan, aldrin, and lindane—three agrochemicals banned in Paraguay—were found in his water well. “I don’t know if they were playing around, trying out new poisons without knowing what they were,” Norma speculates. Lindane, for example, is not used on soybeans. But endosulfan is. Until 2010, it was freely available for sale in Paraguay, and 80% of it was used on that crop.

In an interview with Radio Fe y Alegría, which would later prove crucial, Ulises Lovera, then director of environmental control at the Ministry of the Environment—and who 10 years later would become director of Climate Change—angrily described what they saw in Yerutí. «We found two large properties, one belonging to the Hermanos Galhera company and the other to the Condor company. Neither of them met the most basic environmental requirements.“ It later emerged that ”they didn’t have any licenses» says Norma, recalling the case file, neither to plant soybeans nor to spray agrochemicals with small planes, whose tanks were then washed in the stream a few meters from Rubén’s house.

The residents of Yerutí used to fish in that stream.

Although the Public Prosecutor’s Office opened an investigation into environmental crimes, the investigation never progressed.

Prosecutor Miguel Ángel Rojas requested three times that an autopsy be performed on Rubén to see if there were traces of agrochemicals. It was never done. The diagnosis, medical records, and urine and blood tests of the Yerutí patients who had prompted the director of the medical center to call the authorities in the first place also disappeared from the Curuguaty Hospital.

Miguel Ángel could only confirm that Rubén arrived at the Curuguaty Hospital dead.

The prosecutor also failed to include the official results that other government agencies had obtained from analyzing the water wells where agrochemicals were found. Nor did he investigate whether the aerial spraying of what Norma believes was glyphosate was registered with the Aeronautics Directorate.

Nor did he charge the owners of Hermanos Galhera and Condor. Instead, Norma recalls, “he charged seven Brazilians who had nothing to do with it” based on a list of possible environmental crimes provided by the police. Norma filed a constitutional appeal under the article establishing the right to a healthy environment: only the Ministry of the Environment admitted that she was right. All of this was ultimately confirmed by the United Nations.

In 2013, with the investigation now in the hands of a new prosecutor, Jalil Rachid, the Paraguayan courts dismissed the charges against the defendants. Jalil is known for failing to investigate the deaths of farmers in the so-called Curuguaty Massacre, which in 2011 brought an end to the progressive government of Fernando Lugo. Today, he is the Anti-Drug Secretary in the conservative government of Santiago Peña.

Norma, who witnessed her brother’s death, brought the case to the United Nations Human Rights Committee in 2016, together with Isabel Bordón, Rubén’s partner, and their son, Diego Portillo. They were supported by the Paraguayan Human Rights Coordinator (Codehupy) on the grounds of violation of the right to life under the International Convention on Civil and Political Rights.

The Paraguayan state opposed the case, arguing, among other things, that it had been “an isolated case” and that the inhabitants of Yerutí “had not proven that they had been poisoned by pesticides”—even though it was the state itself that had failed to pursue the investigation – and claimed that blood and urine tests “showed values within normal parameters,” although it never provided a document to support these allegations.

On July 25, 2019, more than eight years after Rubén’s death, the United Nations Human Rights Committee ruled that Paraguay had violated the right to life by failing to act on the findings of its own agencies. This failure “allowed massive fumigation with agrochemicals to continue.” It also considered that “massive fumigation with agrochemicals in the area constituted a threat to life” for the Portillo family and the entire Colonia, and that this “was reasonably foreseeable by the State.”

It also recalled that a court had already ruled in Norma’s favor in her 2011 appeal for protection, based on reports from the then Ministry of the Environment.

Paraguay became the first country to receive a ruling against it from the United Nations in a case related to pesticides.

The ruling required the country to effectively and thoroughly investigate the facts, punish all those responsible, provide full reparation for the damage suffered, including adequate compensation, and adopt measures to prevent similar violations from occurring in the future.

When I first visited Norma, just a few months after the ruling, she was happy about the recognition. But six years later, the Paraguayan government has not only failed to fulfill any of its obligations, soybeans are now planted directly in front of her house. Glyphosate continues to settle on her trees after fumigation. Norma says that because “the bugs run from the poison” in the soybeans, they end up increasingly affecting the production of corn and cassava, the two pillars of the country’s cuisine and subsistence agriculture. As a result, she has resigned herself to planting less and keeping only chickens and a couple of cows on her land.

One of the greatest injustices is that the Paraguayan state not only failed to bring justice for Rubén’s death, but also that, due to the fumigations, fewer and fewer families are living in Yerutí. They rent their land to soybean farmers and move away, in a vicious cycle of commodity expansion and the abandonment of small-scale farming. With fewer families, there are fewer children. And that was the state’s argument for, in 2021, closing the school in Colonia that Rubén’s son Diego attended.

Today, the school seems to have been swallowed up by the expansion of soybean plantations, which can be seen through the broken windows of the two buildings where a teacher used to teach three classes at once. Inside the classrooms, science and ethics notebooks lie abandoned on desks.

In the middle of one of the rooms, a map of Paraguay lies on the floor. When we entered with the photographer, a striking visual broke my reporter’s spirit.

Diego Rubén Portillo Bordón had, at some point, written his name in chalk on the blackboard.

The soybeans that intoxicate towns now are being sold as a climate solution

It is hot in Belém. The 30th Conference of the Parties on Climate Change has just begun. Or, more simply, COP30.

Paraguay, which has arrived with a small delegation, presents its updated climate commitments. It does so eight months late and in a process where the government did not respond to any of the six consultations carried out on methodologies.

Paraguay’s new commitments are very similar to the old ones. They show little ambition in terms of deforestation and are conditional on international support – at the same time as Argentina is moving closer to the denialist government of the United States, the main debtor of climate funds.

The most questionable aspect is that the same Paraguayan state that failed to deliver justice for the environmental violations caused by soy cultivation in Yerutí is now using that same soy to claim that it is fulfilling its climate commitments.

Paraguay’s new Nationally Determined Contribution includes the carbon sequestration from no-till soy cultivation, which, according to the country, sequesters 10 times more carbon than family farming.

The calculation is based on the mapping carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock of all crops in the country. The inclusion in the commitments was influenced by the Paraguayan Federation of No-till Farming (FEPADIAS).

It includes the soybean plantations in Yerutí that continue to violate the minimum distances for the use of agrochemicals.

In yellow, soybean plantations officially identified by the Paraguayan government. In red, Norma Portillo’s house, practically the only one in Yerutí without soybean plantations, according to data from the National Forestry Institute (2022).

The Paraguayan Federation of Direct Seeding maintains that “soybeans capture more carbon than forests.”

One of its representatives is Albrecht Glatzle, a climate change denier linked to the European organization CLINTEL. And the president of the Federation is Alfred Fast, former president of the Sustainable Meat Board. Fast denied the existence of climate change at an event in Asunción at the Conservative Political Action Conference (CPAC), where he also stated that environmentalism is “the perfect excuse to attack civilization.”

As we unveil in the first part of this series, both Fast and Glatzle had previously been involved in promoting the adoption of GWP* as a way of calculating methane from livestock, a metric rejected by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and supported by millions of dollars from international agribusiness.

Paraguayan agribusiness celebrated the inclusion of no-till farming, despite scientific studies pointing to the method’s limited ability to mitigate climate change. Sarah Starman, from Friends of the Earth’s Food and Agriculture division, is more critical: “Food corporations investing in regenerative agriculture must avoid greenwashing concepts such as no-till farming.”

When I asked Norma Portillo what she thought about the idea of soybeans and glyphosate being part of regenerative agriculture, she hurled a recognizable—and irreproducible—insult into the air that would be understandable to any Paraguayan who knows something of Jopara, the mixture of Guaraní and Spanish spoken by most of the country.

“How on earth is this going to be regenerative agriculture? They’re always inventing things,” she continued incredulously.

However, an investigation by Global Witness revealed in 2022 that Hermanos Galhera continued to operate a few kilometers from Yerutí, where it harvests soybeans that it delivers to ADM, and that it owns a silo 10 kilometers from the colony. “According to people working in the sector,” says Global Witness, Galhera also supplies soybeans to Cargill and Bunge.

In an interview in 2024, Antonio Galhera, one of the owners of the company, also mentions that they work “near Curuguaty,” an area that includes Yerutí. Galhera is a managing partner of the Paraguayan Soybean Association, one of the entities that signed the letter to the European Union defending glyphosate as part of “regenerative agriculture.” He was also reported in another case for violating laws on the use of agrochemicals in 2016.

According to Global Witness, neither ADM, Cargill nor Bunge denied having purchased soybeans from the company.

Internationally, the three corporations are promoting the idea of including soybeans and their pesticide package as part of regenerative agriculture.

In South America, ADM launched its pilot project in Brazil, using a methodology developed by Bayer in partnership with the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa), which, as we saw in previous chapters of this series, promoted a controversial new way of measuring the impact of livestock farming and was at the forefront of agribusiness events at COP30, including 60 presentations on regenerative agriculture and livestock farming in its pavilions.

Regarding the partnership with ADM and Embrapa, Felipe Albuquerque of Bayer said, “This is a significant step for Bayer. Through collaborative work, science, and technology, we will be able to build a carbon ecosystem with producers and partners. We understand that in agribusiness, we have a goal to mitigate the impact of climate change through the pillars of regeneration, decarbonization, and greenhouse gas removal.”

Cargill, for its part, is promoting pilot projects in other parts of Paraguay to sell carbon credits from regenerative agriculture with soybeans through the Land Innovation Fund, according to a mapping carried out for this research. Bunge announced the same globally in an alliance that includes, among others, the oil company Chevron, in addition to another project in Brazil.

Within Yerutí, less than a thousand meters from Norma Portillo’s house, according to registry data obtained for this investigation, there is still an agrochemical warehouse belonging to the company Issos SA. According to the Yvy Jara report by the organization Base Is, Issos received financing from ADM. The soybean field in front of Portillo’s house belongs to another soybean company, Tieagro SA.

Yerutí’s case is not the only one. Two hours away, dodging trucks entering the Cargill silo from the highway, the soybean fields that got into the bloodstream of the children of Colonia San Juan are now also one of the mitigation measures that the Paraguayan government is presenting in its new Nationally Determined Contribution (NDC) for the benefit of agribusiness.

I don’t want to see comets

“There is scientific evidence of the damage that pesticides can cause” says Dr. Stela Benitez Leite.

The pediatrician and researcher has been studying the effects of agrochemicals on children and adolescents in Paraguay for almost two decades.

In 2016, she traveled to Colonia San Juan, a village organized under the National Peasant Federation which, like Yerutí, is surrounded by soybean fields despite being located on land recognized by the Paraguayan state for agrarian reform. Together with a team from the Catholic University of Asunción, the doctor collected blood, saliva, and hair samples from 43 children between the ages of 5 and 10 in the community. At the same time, she did the same with 41 other children living in a rural area 150 kilometers away, far from soybean fields.

The scientific team was able to observe the DNA of these children in their blood and hair. DNA is the molecule that contains the genetic material of almost all living beings. It is an instruction manual that encodes our development, functioning, and reproduction.

Under the microscope and when electricity is applied, healthy DNA looks like a head, round and fixed. Damaged DNA generates a diffuse tail like the one of a comet in the sky.

In samples taken from children surrounded by soybeans in San Juan, Dr. Stela Benitez saw too many comets.

Twice as many as in unexposed children. “We ruled out malnutrition or underlying diseases. The only different variable was exposure to pesticides,” explains the researcher. The study was published in a peer-reviewed scientific journal and featured in a documentary.

The agribusiness industry responded by changing the rules so that similar scientific studies could never again be funded with public money.

Since then, all new scientific proposals must be reviewed by a committee made up not of scientists, but of representatives from soybean and cattle farming associations. One of the driving forces behind the measure later became Minister of Education. Another, Moisés Bertoni, went from being Minister of Agriculture to advisor to the Union of Production Guilds, one of the main entities influencing climate and agricultural policies in the country.

Almost 10 years later, San Juan is still surrounded by soybeans. Arriving in the community means greeting more than one fumigation truck in the 15 minutes it takes to travel from the town to Katueté, the nearest city.

In a roundtable organized by the National Peasant Federation, half of the 20 attendees are relatives of the children in whom Stela Benitez’s team found comets in their DNA.

The meeting in Colonia San Juan is a typical gathering. It is led by a woman, Sonia Acevedo, whose backyard is frequented by single mothers, men weathered by the sun, and schoolchildren leaving class. Sonia, like so many other Paraguayan women, acts as a bridge between our hurried city accent and rural life. No Spanish, only Jopará. Through her, one of the attendees, Paola, shows us how small planes carrying out aerial fumigation can still be seen from her patio.

Paola does not want to give her last name. The community lives in a tenuous peace with the plantation owners who are advancing in a slow-motion apocalypse on the village.

“Cell damage can be repaired and that’s it,” explains Dr. Benítez. “Or it can lead to cancer, diabetes, growth problems, and miscarriages.” Traces of agrochemicals do not end with the people exposed to them, but “genetic damage can be inherited by their children. We are talking about generations at risk.”

Sonia Acevedo says that it is mainly girls who show evidence of genetic damage. The reason, according to her, is that girls have longer hair, and therefore “the poison sticks to their heads more.” She jokes about the possibility of proposing to the federation “that we all start having short hair.”

The group laughs. The girl behind one of the women present brushes her hair back, concerned.

The farmers of San Juan never received a visit from the Ministry of Health after the results of Stela’s scientific research were published. Nor does the National Peasant Federation (FNC) have a say in the National Climate Change Commission, the body that votes on the country’s policies in this area.

This is despite the fact that the FNC is not only the largest organization of small producers in the country, but also the oldest. The situation is different for the agro-export sector, which is represented by five associations in the same Commission.

Marcial Gómez, secretary general of the Federation, echoes what Sonia in San Juan and Norma in Yerutí said: “It is becoming increasingly difficult to plant anything. Drought and pests are killing all the crops.” In San Juan, even cassava, the most important crop in Paraguayan cuisine, capable of overcoming the worst conditions, suffers from a lack of nutrients in the soil and an excess of agrochemicals around it. “We are invaded by whiteflies fleeing from the soybean fields.” Acevedo also points out that, due to the fact that they are surrounded by soybeans, the farmers of San Juan cannot certify their own crops as organic, which could be an alternative for higher incomes. “If someone comes and analyzes what we plant, they will see the glyphosate.”

Lis García, a researcher specializing in agribusiness in Paraguay and part of the think tank BASE IS, explains that “part of this new narrative where soy is sold as part of regenerative agriculture is because, in reality, genetically modified crops tend to fail, because their profitability depends on the extent of cultivation.” It is a dangerous cocktail, she says, “because it leads to greater concentration of land and economic resources in the hands of a very small group of the population. An accumulation through dispossession.”

The researcher also points out the historical injustice that led to Paraguayan soybean expansion. «Paraguayan peasants were the arms that opened the agricultural frontier to the east during the dictatorship. An expansion that was later enjoyed by Brazilian producers.“ This feature defined much of the deforestation driven by Alfredo Stroessner’s dictatorship in the Atlantic Forest during the second half of the 20th century, a production model that not only contributes to climate change in terms of emissions, but is also ”a race for control of life.»

Sonia Acevedo watches from her patio as people disperse at the end of their second hour of work in the fields. From her house, an endless field of soybeans challenges the eyes’ ability to imagine a horizon.

“Regenerative agriculture… they don’t know what else to make up,” she says.

In Belém, it seems that the Paraguayan government and Big Ag is willing to defy its astonishment.

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Este reportaje fue producido como parte del Bertha Challenge Fellowship

Un especial de

Este 4 de diciembre estaré en Pretoria, Sudáfrica, invitado como panelista de la 13ma. Conferencia Internacional de Periodistas Científicos para conversar sobre los aprendizajes, errores y desafíos de construir una newsletter con apoyo de suscriptores sobre clima, justicia y desinformación desde Paraguay.

Consenso es un rara avis en el ecosistema de Substack, la plataforma que nos permite llegar a tu correo y que nos apoyes con tu suscripción.

Por un lado Substack nos permitió armar Consenso en apenas una semana, en 2024, abaratando los costos de construir una web y un servicio de envíos que hasta no hace mucho hubieran sido imposibles de costear.

Esta es la razón por la cual gran parte de la nueva ola de medios digitales paraguayos - que incluye a nuestros amigos en - han apostado por Substack con el fin de llegar a sus audiencias ante el colapso informativo debido a los numerosos cambios en redes sociales.

Y no solo nuevos medios digitales, hasta el Diario Última Hora ahora ofrece productos especiales como la columna sobre fútbol y cultura.

Pero estas facilidades chocan con un techo de vidrio. La plataforma está pensada para el ecosistema de medios de Estados Unidos y Europa desde su diseño hasta su pasarela de pagos. Esto nos ha llegado a tener que repensar desde cómo logramos el objetivo de ser un medio apoyado por subscriptores hasta qué podemos ofrecer como beneficios.

También somos una apuesta editorial. Consenso parte de la idea de que es necesaria una cobertura consistente en Sudamérica sobre el clima como mirada, la justicia como objetivo y la desinformación como el mayor desafío para hacer frente al problema del siglo.

Es una apuesta que consideramos exitosa en impacto, como cuando logramos que el Estado paraguayo le quite una licencia a una minera de litio en tierras Ayoreo, impulsamos una audiencia pública sobre el impacto de calor en escuelas o descubrimos que los créditos de carbono de Apple ponian en riesgo una comunidad en San Pedro.

Pero creemos que podemos hacer mucho más y mejor para ofrecer a nuestros lectores y lectoras un producto del cual se sientan orgullosos de apoyar.

Por eso es que mi presencia en la Conferencia no solo es para hablar de lo que hemos hecho con tu apoyo, es también para aprender de otros colegas y llegar al 2026 con un medio que se sienta cada vez más cerca tuyo.

Les dejo esta foto siendo más jetlag que periodista con el hermoso verde de Pretoria de fondo.

Pese a la moratoria a la habilitación de nuevas estaciones de combustible establecida en marzo de 2024 por el Ministerio del Ambiente, varias gasolineras han logrado a través de la “extensión” o “modificación” de licencias anteriores poder seguir construyendo.

La moratoria había sido establecido tras un análisis enviado por la Contraloría General de la República, obtenido por Consenso y enviado al Presidente Santiago Peña que informaba con vehemencia que “la propagación de las Estaciones de Servicio en Asunción y Departamento Central es una amenaza ambiental por contaminación de hidrocarburos”.

Uno de los casos más emblemáticos tiene que ver con la construcción de una estación de combustible por parte de la empresa Fuelpar en el Barrio Trinidad de Asunción.

Tras meses de protestas, intervenciones en la Junta Municipal de Asunción, notificaciones al Ministerio del Ambiente y la Fiscalia, y en medio de denuncias de irregularidades en las compensaciones ambientales, hoy 26/11 la organización Vecinos Unidos por Trinidad logró que el municipio emita una orden de urgencia para la inmediata suspensión de obras en el predio.

Cortesía: Vecinos Unidos por Trinidad / Ñanderekohare

La suspensión se logra luego de que vecinos hayan realizado vigilia dentro de la Municipalidad tras descubrir que Fuelpar había vuelvo a iniciar las obras paradas pese a que de acuerdo con la organización, les habían informado que tenían el permiso de construcción vencido.

“El hecho de cómo se enteraron los vecinos también es llamativo porque estaban echando 70 árboles de una plaza pública sin notificación a los vecinos, supuestamente como compensación por echar los 39 árboles que están en el predio y que quieren echar para construir su estación de servicio”, había declarado Mauricio Maluff a radio Monumental 1080 AM.

Deforestación de árboles para gasolinera empeoraría isla de calor en Barrio Trinidad

Consenso pudo confirmar que el 6 de noviembre de 2025 el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible había aprobado una auditoría en favor de la firma para construir la estación de combustible, contabilizando como medidas ambientales la plantación de nuevos árboles en plazas a cambio de deforestar los 39 árboles en el predio a construirse.

La deforestación de estos árboles empeoraría la isla de calor creciente en la zona, producto de la construcción de un edificio y otra gasolinera Petrosur a 30 metros del lugar planeado por Fuelpar.

Esto de acuerdo al adelanto de una nueva investigación de Consenso sobre las causas de las islas de calor en Asunción y el Departamento Central.

En el rectángulo, el área de construcción de la gasolinera de Fuelpar en el Barrio Trinidad. En azul, la estación de combustible ya existente de Petrosur. Puede notarse el empeoramiento de la isla de calor en la intersección entre Avenida Santisima Trinidad y Cirilo Gill.

En un video compartido el 22 de noviembre, vecinos habían logrado documentar que dentro del predio se había reiniciado el desmonte de los pocos árboles que quedaban para construir la gasolinera.

MADES sigue sin crear mesa de trabajo para solucionar el problema de las gasolineras

En agosto, una investigación de la periodista Juliana Quintana para el medio El Surtidor había además encontrado que la persona encargada del análisis forestal de Fuelpar al mismo tiempo trabajaba para el Ministerio del Ambiente, en un posible nuevo caso de conflicto de intereses.

En julio, Consenso había obtenido documentos oficiales del Ministerio del Ambiente que confirmaban un caso de contaminación de agua y de aire por otra gasolinera, en Villarrica.

Y antes, había hallado que Shell había iniciado obras para construir la gasolinera en tierras municipales en la Costanera de Asunción, a metros de la desembocadura de cauces hídricos. Shell utiliza el aditivo MTBE en sus combustibles, el mismo hallado en el Acuífero Patiño.

En el informe de la Contraloría al gobierno de Peña, se denunciaba que la falta de distancias mínimas entre estaciones de combustible “aumenta el tamaño del área acumulada de exposición a las emisiones, y potencialmente el riesgo correspondiente, para las personas que viven y trabajan en las cercanías”. Y no es solo el MTBE, el aditivo encontrado en las aguas del Acuífero Patiño: también es el benceno que se despide de las gasolineras al cargar combustible.

El riesgo potencial de cáncer acumulado de las cuatro gasolineras de tres millones de litros varía en función de la proximidad una de otra.

“En algunos casos, la zona de impacto de cuatro gasolineras de tres millones de galones podría ser más de cuatro veces mayor que la zona de impacto de una gasolinera individual de tres millones de galones”.

El Ministerio del Ambiente sigue sin cumplir con la creación de una mesa de trabajo que incluya a organizaciones vecinales con el fin de resolver la invasión de gasolineras creada por la derogación de distancias mínimas en 2021.

La derogación había sido impulsada por ex presidente Horacio Cartes para entrar al mercado a competir con su emblema Enex.

Actualmente, la empresa está en manos de otro poderoso grupo empresarial, Vierci.