Dra. Alejandra Peralta Merlo

Representante legal de Álvaro Grau

Presente

De mi mayor consideración:

A raíz de la investigación realizada por Consenso en la que se advierte sobre los impactos de la construcción y funcionamiento posterior de una estación de combustible en la Costanera Norte de Asunción, publicada en nuestro portal de noticias en fecha 3 de agosto pasado, el día de ayer hemos recibido una comunicación suya en representación del concejal Álvaro Grau, por la que solicita a nuestro medio una aclaración pública respecto de publicaciones nuestras en las que se hace referencia a expresiones proferidas por el ex intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, que señalan a su representado como lobbista o artífice de un supuesto lobby que habría impulsado la aprobación del permiso de cesión del terreno municipal que es objeto de nuestra investigación.

En dicha comunicación, usted, la representante del concejal Grau individualiza una serie de publicaciones sobre las que señala un supuesto ejercicio del periodismo carente de diligencia debida y del rigor propio de la profesión. Afirma además que: “En todas ellas se ha omitido el deber elemental de cotejar la veracidad de lo afirmado. No se contrastaron fuentes independientes, no se solicitó versión ni explicación alguna al señor Grau, ni se le otorgó la mínima oportunidad de ejercer su derecho a ser oído antes de ser nombrado de manera expresa y con connotaciones lesivas a su honor y reputación.”

Ante tales afirmaciones, desde el equipo editorial de Consenso decidimos tomarnos el tiempo para responder todos y cada uno de los puntos que presenta usted en su nota, agregando además los respectivos enlaces disponibles en una búsqueda rápida y de fácil acceso en sus portales de noticias y las redes sociales:

1. https://consen.so/p/exclusivo-shell-costanera-asuncion (3 de agosto de 2026), en la cual se atribuye al señor Grau, por referencia a declaraciones del exintendente Óscar Rodríguez, la condición de artífice del lobby en favor del Grupo Bahía.

Consenso describe de manera correcta que el concejal Álvaro Grau es señalado por el ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez en Radio Ñanduti en el segundo 0:30 de la entrevista amplificada por DELPY NEWS en fecha 3 de junio de 2024, de la siguiente manera, y cito:

“Cuando era mi amigo se iba y se empedaba como culebra en casa” (sic) “Dejamos de ser amigos porque quería plata” (sic).

El periodista le vuelve a consultar, textualmente, por qué “quería plata”, y el ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez responde de la siguiente manera:

“Él se volvió gestor de empresas de estaciones de servicio, de concesionarias de vehículos y no le di licitaciones que él quería. Ahora estaba presionando, me pasó mi directora, que voy a informar a la Junta esta semana a mi regreso, que él fue a presionar porque quería que se le cobre arrendamiento y se le dé ya un terreno en la Costanera para una estación de servicio. Y yo no le di, porque después el culpable porque se habilite una estación de servicio va a ser Nenecho. Pregúntenle a gente de su bancada, cuando él le quiso meter la mula de aumentarse el salario a los concejales. Y yo rechacé. Pregúntenle, cuando él estaba en la comisión de Hacienda. Se enojó con él Paulina Serrano, se enojó con él el ingeniero Pablo Callizo porque le metió el perro” (sic).

Para agregar mayor contexto, la entrevista al ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez se realizó en el marco de una publicación de la fotografía del concejal Álvaro Grau desde su perfil en la red social X (antes Twitter) el 3 de junio de 2024 con el siguiente epígrafe: “Cuando me pedía plata y yo le daba mi sueldo! El Dartañan defensor de estaciones de servicios!” (sic).

De hecho, el propio concejal Álvaro Grau respondió a los dichos del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez reportados en medios como la Megacadena. En ese marco, queda explicitado que ya dos años atrás (en el 2024), el señalamiento —palabra que correctamente utilizamos en nuestro trabajo de investigación— correspondía al ex intendente refiriéndose a la estación de combustible Estación Bahía SA, hoy con las obras casi finalizadas, ubicada sobre la Av. Costanera Norte, esquina Cañadón Chaqueño.

Por si fuera poco, el propio ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, en fecha 6 de agosto de 2026, se ratifica en sus dichos y utiliza exactamente la palabra “lobby” desde su perfil de X (antes Twitter). En respuesta a la publicación del concejal Pablo Callizo, compañero de bancada de Patria Querida del concejal Álvaro Grau, Rodríguez escribió y cito textualmente:

“Porque no contas más detalles de esa sesión donde resolvieron esto y como fue la actuación de tu compañero de bancada y partido Álvaro Grau!? No cuentes a medias concejal Callizo, conta TODO el lobby que hizo y hasta el dictamen de la Comisión donde estuvo metido hasta la maceta tu colega Grau que dicho sea de paso hasta Uds le cuestionaron en el seno de tu partido ante los líderes su actuación!! Conta todo papá!!” (sic).

Para mayor contexto aún, en la sesión de la Junta Municipal de Asunción del 16 de marzo de 2022, por moción de preferencia del concejal Ceres Escobar (ANR), se trató el orden 58 de asuntos dictaminados del orden del día de esa sesión con el Dictamen N° 3.498 de la comisión especial de Franja Costera en relación al mensaje 371/21 de la Intendencia. En dicha sesión, transmitida por Facebook y disponible públicamente (aunque entonces misteriosamente eliminada), se lo ve al concejal Álvaro Grau participando de la sesión pero la cámara no lo enfoca al momento de la votación.

Por esta razón, ante la incertidumbre de encontrar publicada la sesión, el medio Consenso se tomó el trabajo de reconstruir el archivo, hoy nuevamente en Facebook, y disponibilizar la transmisión para su libre acceso en la plataforma de YouTube.

Imagen 1. Captura de pantalla de la transmisión donde se observa la primera aparición del concejal Grau.

Imagen 2. Captura de pantalla de la transmisión en el momento en el que el concejal Escobar pide moción de preferencia para tratar el dictamen de la Comisión Especial de Franja Costera.

El entonces presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Bernal, en el minuto 12:07 de la transmisión de la sesión, determina su aprobación. Posteriormente, el concejal Arturo Almirón (ANR) pide agregar a la Resolución “el cumplimiento estricto de las normas ambientales, técnicas, legales y viales correspondientes, por parte de la firma usufructuante”, y con esta votación culmina el tratamiento del orden 58.

La cámara no enfoca al concejal Álvaro Grau al momento de la votación, razón por la cual el medio Consenso, en nuestra publicación, no menciona que su voto fue positivo. Pese a que otros medios, como ABC Color, sí aseguraron que la votación fue unánime para la cesión del terreno municipal al Grupo Bahía. No obstante, al cotejar el dato con otra fuente secundaria, como lo es el caso de un artículo del Diario Última Hora de fecha martes 16 de marzo de 2022, encontramos información contradictoria, pues la nota sostiene y cito:

“También reclamaron al edil Álvaro Grau (PQ). El concejal fue el único presente de su bancada, pero no manifestó su rechazo y tampoco acompaña a sus colegas que presentan una minuta hoy para volver a tratar el dictamen”.

Minuta que nosotros pudimos corroborar que no cuenta con la firma de Álvaro Grau. Por estas razones, desde el medio Consenso nos limitamos a describir los hechos que sí pudimos confirmar. Estos hechos son:

1. La participación del concejal Álvaro Grau en la sesión de la Junta Municipal de la fecha 16 de marzo de 2022.

2. La votación “sin oposición” para que en dicha sesión se trate la cesión de tierras en la Costanera para gasolinera.

3. Las declaraciones públicas del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez reportadas por los medios que citamos con anterioridad.

4. La no participación del concejal Grau en el pedido de la reconsideración sobre la cesión de las tierras municipales aprobada el 16 de marzo de 2022.

En las fechas 18 y 21 de marzo de 2022, consulté al concejal Álvaro Grau sobre el proyecto de la cesión del terreno municipal en la Costanera para confirmar cuál fue su voto, y no obtuvo respuesta alguna (ver Imagen 3).

Imagen 3. Consulta realizada por el periodista Maximiliano Manzoni a Álvaro Grau.

De la misma manera, la periodista Juliana Quintana consultó al concejal Álvaro Grau en la fecha 7 de agosto de 2026 sobre los dichos del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez a raíz de la publicación de Consenso sobre el impacto de la estación de combustible en el ambiente y la salud de las personas. La consulta fue explícitamente sobre si le interesaría hacer algún comentario (ver Imagen 4 y 5).

Imagen 4. Consulta realizada por la periodista Juliana Quintana al concejal Álvaro Grau.

Imagen 5. Consulta realizada por la periodista Juliana Quintana al concejal Álvaro Grau.

Esta consulta fue realizada a las 14:50 horas del día de ayer, antes de la recepción de la nota remitida por usted al medio Consenso. La respuesta del señor Álvaro Grau llegó a las 21:50 horas de ese mismo día, en él dice y cito:

“Hola, mi abogada ya se puso en contacto con su medio. Les dejo su número de telefono” (sic).

La nota que nos envió usted llegó al correo de Consenso a las 21:11 horas.

Es importante agregar que nuestro trabajo periodístico exige varias instancias de verificación. Entre ellas, el rigor en la confirmación de los datos obtenidos. Por esta razón, buscamos información adicional por parte de personas que fueron testigos oculares de la participación del concejal Álvaro Grau en la Junta Municipal, cuyas identidades nos reservamos por protección a nuestras fuentes. Este es un aspecto clave en el ejercicio profesional del trabajo periodístico y de investigación, pues la investigación periodística no se reduce a lo que queda plasmado en la versión final, sino que alberga una larga metodología de la investigación, entre las cuales utilizamos lecturas y análisis de documentación, revisión jurídica y conversación con fuentes en off the record, es decir, fuentes que ceden voluntariamente información a la prensa pero que, por distintos motivos, piden no ser identificadas en la publicación.

2. https://consen.so/p/exclusivo-gasolinera-avanza-en-terreno (21 de octubre de

2024), donde se señala su participación en la sesión de la Junta Municipal que aprobó la cesión, omitiendo toda contextualización de que se trata de un cuerpo colegiado.

La redacción del medio Consenso dice, explícitamente, “que fue parte de la reunión de la Junta Municipal que aprobó la cesión”, entendiéndose que fue la Junta Municipal como cuerpo colegiado y no el señor Álvaro Grau individualmente quien aprobó la misma.

De hecho, recalcamos que no hemos afirmado que el concejal Álvaro Grau haya votado a favor (como sí lo ha inferido el medio ABC Color, en su momento) debido a la ausencia de la transmisión de la sesión vía Facebook y la ausencia en el portal de transparencia activa de documentos relacionados a la votación al momento de la redacción de este artículo.

3.

(4 de agosto de 2026), en la que se afirma expresamente el “apoyo de opositores como Álvaro Grau” a la cesión de tierras municipales.

El apoyo del concejal Álvaro Grau a la cesión es algo reportado previamente por varios medios de comunicación, incluyendo la entrevista que dio el propio concejal a Radio Ñanduti el 24 de mayo de 2022. A continuación, transcribo el intercambio textualmente (minuto 6:51 de la entrevista):

Periodista: Una pregunta, que fue polémico el tema este de la instalación de la estación de servicio en la Costanera, vos estabas apoyando a nivel de progreso eso, ¿cómo lo ves todavía?

Álvaro Grau: Yo creo que la Costanera es un espacio que tiene que tener una visión verdad de desarrollo. Evidentemente, pueden haber situaciones encontradas sobre qué instalar o no instalar ahí. Pero si, yo creo que el asunceno tiene que empezar a mirar a la Costanera como un sitio a desarrollar, verdad. Si tiene que haber una discusión, un debate, un planteamiento sobre qué sí, qué no, no tengo ningún problema con que eso ocurra. Pero si, en su momento, cuando se había planteado eso (la instalación de la gasolinera en la Costanera) y hasta hoy en día no está prohibida la instalación de un comercio de esas características en ese lugar, verdad. Entonces, hubieron muchas medias verdades y muchas mentiras sobre eso. Hoy creo que lo que queda es seguir adelante mirando la Costanera como un lugar que tiene que ser más aprovechado por la ciudadanía en general, verdad, no solamente como un espacio público para ir a disfrutar sino empezar a ver como un espacio que debe ser más hermoseado, más iluminado, más seguro, más habitable, más comercios, tiene que tener vida.

Periodista: Álvaro, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa que era extraño nomás que la vida empiece por una estación de servicio, puede empezar por otra cosa.

Similar fue su intervención el 23 de marzo de 2022 en Radio La Unión 800 AM, replicado por el medio El Trueno, donde consultado sobre el mismo hecho, el concejal Álvaro Grau respondió, y cito:

“Hay que ser lo suficientemente sensatos para saber que en cualquier Costanera, en cualquier parte del mundo, existen estaciones de servicios, hoteles, edificios de apartamentos y desarrollos gastronómicos (…) Se sataniza a cualquier persona que quiera venir a invertir, a desarrollar. Ese es un punto de vista equivocadisimo”.

4.

(6 de agosto de

2026), en la que se reafirma y defiende el contenido de la investigación que identifica al señor Grau como parte del apoyo a la cesión de tierras municipales.

Respondido en el punto anterior.

En la nota que nos enviaron a Consenso usted menciona, además: “En todas ellas se ha omitido el deber elemental de cotejar la veracidad de lo afirmado. No se contrastaron fuentes independientes, no se solicitó versión ni explicación alguna al señor Grau, ni se le otorgó la mínima oportunidad de ejercer su derecho a ser oído antes de ser nombrado de manera expresa y con connotaciones lesivas a su honor y reputación”.

Como se puede verificar en lo ya expuesto hasta ahora, no hubo una sola información cuyo contenido no esté respaldado en declaraciones proferidas de manera pública y disponibles para todo aquel que tenga un dispositivo con acceso a Internet en sus manos. Nótese que en todas ellas se cotejaron hechos comprobados y fuentes independientes, incluyendo declaraciones del propio concejal ante otros medios de comunicación en entrevistas que datan de años y se encuentran al alcance del público desde ese entonces.

Lo que para Consenso sí hubo en este caso, fue un silencio por parte del concejal Grau, a quien en dos oportunidades hemos contactado para conocer su opinión sobre los hechos investigados. La primera vez en fechas de 18 y 21 de marzo de 2022, tras la primera denuncia de su compañero de bancada el Ing. Pablo Callizo sobre el mismo tema; y la segunda, el día de ayer 7 de agosto de 2026, pero fue él quien decidió no hacerlo respondiendo que nos contactaría su abogada. Esa negativa no obliga al medio a suspender indefinidamente una publicación de interés público ni le concede al político la facultad de determinar cuándo puede informarse a la ciudadanía.

Lo que en verdad importa: el concejal Grau no es cualquier ciudadano, es una autoridad electa por asuncenos y asuncenas en elecciones libres para un cargo al que él voluntariamente se postuló; y como tal, no puede pretender recibir el mismo nivel de protección frente a la crítica que un ciudadano privado, pues su propia actuación lo somete legítimamente a un escrutinio social y periodístico más intenso, pero, al parecer, él no lo entiende así, y por el contrario, amén de su silencio, a través de su representante pretende calificar bajo la figura de “real malicia” la conducta periodística de nuestro medio. Respecto de esto último, el concejal Grau podrá discrepar con el contenido de la publicación, pero no existe ni existió real malicia, pues no hubo conocimiento de falsedad ni temeraria despreocupación por la verdad, ni mucho menos la intención de dañarlo, sino una labor periodística apoyada en antecedentes comprobables y realizada con diligencia razonable.

Reitero, también fue contactado personalmente por mí el 18 y 21 de marzo de 2022, cuando las primeras publicaciones respecto al caso fueron publicadas en diferentes medios, incluyendo Última Hora. El concejal Grau se llamó al silencio.

Llama la atención que esta nota está dirigida al medio que replicó declaraciones de interés público y no a quién profirió las declaraciones en numerosas ocasiones antes de ser reportadas por Consenso. De todos modos, como los hechos indican, nos encontramos de manera abierta a reportar lo que el concejal Álvaro Grau tenga para decir sobre esas declaraciones.

Sobre los siguientes puntos.

Consideramos que ningún punto de lo reportado en las piezas objetadas ha sido de algún modo un “manifiesto desprecio por la verdad” y sí consideramos que las formas y fondos de esta carta enviada podría constituir un intento de ejercer censura y restringir la libertad de expresión e información.

Nos llama de sobremanera la atención la discrecionalidad con la cual tales reclamos se dirigieron a un solo medio en particular, uno que además es independiente de grupos empresariales y depende de suscripciones de lectores. Sobre todo, siendo que tales reclamos y modos no fueron utilizados ni contra medios de comunicación que han reportado con anterioridad los hechos reclamados a Consenso ni a las personas que han proferido tales declaraciones.

Tampoco puede pasar inadvertida la peligrosa insinuación de que la publicación de reportajes de marcado interés público durante el periodo electoral relacionado al comprobado impacto de la expansión de gasolineras en Asunción pueda ser considerado “real malicia” o un ataque personal a una de las personas involucradas en el caso, simplemente porque se basa en declaraciones previas suyas o de otras personas.

Consenso rechaza tajantemente estos epítetos que pudieran dejar un triste precedente de amedrentamiento a personas y organizaciones interesadas en temas ambientales y el periodismo de investigación. Consenso es un medio que a lo largo de su trayectoria se precia de tener investigaciones premiadas a nivel nacional e internacional y un cuidadoso manejo de la información.

La ciudadanía que irá a votar tiene derecho a saber el estado de un caso que atañe a la próxima administración municipal, sea quien sea quien la dirija. Un elemento que incluso otros candidatos a concejales que pertenecen a la misma alianza política del señor Grau parecen entender ya que han utilizado los hallazgos de Consenso para sus propias campañas proselitistas de manera independiente.

En consecuencia, Consenso se reafirma en el contenido de sus reportajes y considera que no hay aclaración o retractación necesaria en ninguno de los puntos señalados por la nota enviada por usted.

Pese a lo que consideramos como un intento de amedrentamiento explícito a nuestra labor periodística, haciendo honor a nuestra misión, Consenso mantiene su intención ya manifiesta previa a la recepción de esta nota, de realizar consultas al señor Álvaro Grau sobre hechos relevantes a lo reportado si él quisiera responder.

Siendo consecuentes con nuestras acciones, el espacio para aclaraciones o aportación de nuevas informaciones en Consenso estuvo y está abierto para el concejal Álvaro Grau, pues en Consenso somos muy celosos del ejercicio de nuestra profesión y su valor fundamental para el desarrollo de la democracia.

Maximiliano Manzoni

Director de Consenso

Fotografía: Nicolás Granada / Consenso

El debate sobre la nueva estación de servicio Shell que construye el Grupo Bahía en la Costanera Norte tomó un giro tras la reacción del ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez a nuestra investigación en sus redes sociales.

Transcurrieron cuatro años desde que se concretó la cesión de tierras municipales bajo su gestión, y con el respaldo político de figuras opositoras como Álvaro Grau, el proyecto avanza a 130 metros del río Paraguay y a 200 del Arroyo Mburicaó.

Cuando compartimos el documento donde derivó el estudio de factibilidad de la cesión a la Junta Municipal, Nenecho escaló el conflicto al cuestionar directamente la autenticidad de su firma. “¿Qué te parece si hacemos un peritaje de esa firma? NO ES MI FIRMA!! Yo siempre dije que NO estaba de acuerdo!!”, declaró.

El intercambio público tomó un carácter jurídico cuando volvió a comentar en nuestra publicación en X y sostuvo que solicitaría el peritaje de la firma. “Te aseguro que no es mía! Esto es GRAVÍSIMO!!!”, insistió.

Las declaraciones del ex intendente de Asunción agregan un nuevo escándalo a la cesión para construir la gasolinera en tierras del municipio.

De ser cierto que los documentos oficiales tienen su firma fraguada - algo que Nenecho deberá denunciar penalmente para ser tomado en serio - gran parte del expediente sobre el cual la Junta Municipal votó a favor del Grupo Bahía tiene documentos de contenido falso.

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En marzo de 2022, vecinos, ambientalistas y ciudadanos ya habían protestado contra la instalación de la estación de combustible en la avenida Costanera Norte, esquina Cañadón Chaqueño, y denunciaron irregularidades en la concesión de las tierras.

La Municipalidad de Asunción cedió el inmueble a Grupo Bahía SA por 15 años de usufructo de manera directa y la aprobación en la Junta Municipal se concretó en una sesión que duró menos de 20 minutos.

Cinco concejales opositores, entre ellos Pablo Callizo (PPQ), plantearon una minuta de reconsideración señalando que no se había establecido el valor del canon, que el terreno se encuentra en zona inundable, a metros de la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y que no hubo estudios ambientales del Ministerio de Ambiente (MADES) ni análisis de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta.

El senador Martín Arévalo incluso denunció en 2022 “un flor de negociado”, refiriéndose a una supuesta coima de US $200.000 para que los concejales aprueben la concesión del predio municipal.

Aún así, el 13 de junio de 2023, el Ministerio de Ambiente le concedió la licencia ambiental a la firma Estación Bahía SA.

Mientras tanto, la construcción avanza. Vecinos y organizaciones ambientales como Ñanderekoháre mantienen preocupación por la ubicación de la gasolinera cercana al ecosistema fluvial.

La estación de combustible construyéndose en la Costanera tendrá un tanque exclusivo para esa nafta específica, de acuerdo al Relatorio de Impacto Ambiental de la empresa.

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La ciudadanía organizada llama a una vigilia frente al Ministerio del Ambiente contra nuevas estaciones de combustible el próximo viernes 7 de agosto a las 18:30 horas.

Avances de obras de la gasolinera Shell en tierras municipales frente a la Costanera de Asunción. Fotografía: Nicolás Granada / Consenso

Cuatro años después de que la Municipalidad de Asunción le cediera gratis un predio público a la firma Estación Bahía SA, ubicada en la Costanera Norte, Consenso pudo verificar mediante imágenes aéreas de dron el avance de las obras de una nueva estación de servicio Shell a 200 metros del Arroyo Mburicaó y 130 metros del Río Paraguay. La Shell utilizará MTBE, el aditivo identificado en el Acuífero Patiño.

Consenso también accedió de manera exclusiva a documentos que demuestran que, como compensación por ser “obra de alto impacto”, la gasolinera pagó por cuidar por una hectárea y media de bosque de la comunidad indígena Sirakua, en el Chaco.

Documento accedido por Consenso confirma que compensación ambiental por instalar la Shell en la Costanera fue por un solo año.

Cómo una Shell terminó en la Costanera

El 16 de marzo de 2022, durante la intendencia de Óscar “Nenecho” Rodríguez, la Municipalidad de Asunción aprobó la cesión de un terreno público ubicado en la Av. Costanera Norte esquina Cañadón Chaqueño a favor de la firma Estación Bahía SA, representante de Shell –la petrolera involucrada en campañas para negar el cambio climático y actual sponsor de la Selección Paraguaya de Fútbol-.

El caso involucra tanto al ex intendente Óscar “Nenecho” Rodriguez (ANR) como a candidatos a concejales de la oposición.

Nenecho había primero negado tener conocimiento que la cesión del terreno municipal en la Costanera era para la gasolinera, pero documentos con su firma demostraron que mentía.

Documentos del expediente de la cesión de la Municipalidad de Asunción a Grupo Bahía.

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Concejal señalado como lobista busca reelección. Gerenta de la gasolinera ahora es candidata liberal

La presión ciudadana organizada logró paralizar temporalmente el proyecto durante varios años. Concejales opositores —incluyendo a Pablo Callizo, Paulina Serrano y Jazmín Galeano de Patria Querida — presentaron notas formales ante la Junta Municipal denunciando que la cesión gratuita violaba leyes municipales y ambientales debido a la proximidad con cursos hídricos protegidos.

Quien estuvo ausente en la nota de sus colegas y presente en la sesión exprés que aprobó la cesión en la Junta Municipal fue el concejal Álvaro Grau, quien busca la reelección en las próximas municipales.

Tras la intervención del municipio, Óscar Nenecho Rodríguez señaló a Grau, en entrevista con Radio Ñandutí, como la persona detrás del lobby para favorecer al Grupo Bahía.

“Esta proliferación de estaciones de servicio generó muchísimos problemas en todo lo que es la seguridad, tanto del medio ambiente como de las personas. Distorsionó increíblemente el tránsito porque hacía que camiones de gran porte tengan que entrar para descargar productos en zonas residenciales, y la verdad es que la gente ya estaba preocupada y asustada. Yo creo que es una excelente iniciativa del Paraguay”, opinó Guggiari en 5 Días.

A pesar de las controversias, los registros documentales muestran que en octubre de 2022 Estación Bahía SA ya había gestionado su licencia ambiental. El 13 de junio de 2023, el MADES otorgó oficialmente la autorización para instalar una Shell en el lugar.

En su Relatorio de Impacto Ambiental, la empresa reconoce que la gasolinera operará en una “zona de influencia indirecta” que incluye al Arroyo Mburicaó y al Río Paraguay, además de estar ubicada en proximidad directa a humedales urbanos. En el documento, la compañía afirma que implementará “tecnología de vanguardia” incluyendo un “suelo superficial impermeable” para prevenir contaminación de suelo, aire y agua.

Las gasolineras son como un Avatar de la contaminación en Paraguay.

El benceno que expide cada vez que un vehículo carga combustible queda flotando en el aire, aumentando el riesgo de cáncer. El MTBE que usará la Shell sobre la Costanera fue encontrado en el Acuífero Patiño que provee el agua del cual dependen millones de personas en el país. Los hidrocarburos vertidos alcanzan y se adhieren a la tierra. La falta de control sobre permisos y la inherente volatilidad de los productos exponen a sus alrededor al fuego.

Todos estos riesgos crecieron a nuestro alrededor con la derogación de las distancias mínimas obligatorias entre una estación de servicio y otra, entre una estación de servicio y la escuela a la que va tu hijo, el hospital donde se atiende tu mamá o la plaza donde hacés ejercicio.

Todo esto es lo que reconoció el informe técnico elaborado por la Contraloría General de la República remitido al presidente Santiago Peña en 2024 y que llevó al gobierno a crear una moratoria por cinco años a la habilitación de nuevas gasolineras.

El informe fue publicado y enviado a Presidencia tras meses de recopilar pruebas científicas y mantener consultas con la Corte Suprema de Justicia, los municipios de Asunción y Villa Elisa, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se elaboró un informe de 48 páginas.

Dicho documento examina los diversos riesgos vinculados a la continua proliferación de estaciones de servicio, una situación desencadenada por la anulación de las normativas encargadas de su regulación.

Además del trabajo de la Contraloría, años de presión de vecinos y parte de la industria, un hecho clave hizo posible la moratoria: la forzada venta de Enex por parte de Horacio Cartes, primero al Banco Sudameris y luego a manos del Grupo Vierci, a raíz de las sanciones de Estados Unidos impuestas en su contra (que ya fueron levantadas).

Antes de ello, el ingreso de Enex al mercado paraguayo se había caracterizado por una marcada estrategia de desregulación. Enex fue responsable de pedir a la Corte Suprema derogar las distancias mínimas. La Corte lo aceptó bajo el argumento de la libre competencia.

Vista de la gasolinera Shell para la Costanera confirma el rellenado y la instalación de tanques. La obra avanza mientras que su gerenta es candidata a concejal por el PLRA. Fotografía: Nicolás Granada / Consenso

La edificación de la Shell en la Costanera en Asunción parecería además ignorar las directrices del Plan Maestro de la Franja Costera, un mecanismo de planificación urbana creado con el fin específico de resguardar una región tan vulnerable de la capital.

Esta situación cobra relevancia en una ciudad donde la cantidad de gasolineras supera a la de espacios públicos disponibles para la ciudadanía. Solo en Asunción y Central hoy funcionan 879 gasolineras, según el mapa de estaciones de combustible del Ministerio de Industria y Comercio.

Lo que hace aún más paradójica la situación es que, simultáneamente, la Municipalidad planeó subastar 6 hectáreas de tierras públicas en la misma zona con el objetivo de financiar deudas municipales e impulsar un desarrollo conocido como “Puerto Madero” para la capital del país. Esta política de privatización selectiva genera interrogantes sobre los criterios utilizados para decidir qué terrenos se ceden gratuitamente y cuáles se ponen a subasta.

Dos años después, sigue sin crearse la mesa de trabajo para solucionar el problema de las gasolineras

El 19 de marzo de 2024, el presidente Santiago Peña decretó la suspensión por cinco años de nuevas gasolineras en zonas urbanas. También dispuso la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional bajo la coordinación del MADES. Pero, hasta el momento, no se llamó a una mesa de trabajo sobre estaciones de combustible.

Es lo que denuncia la arquitecta Emilia Vera, vecina del barrio Las Lomas y miembro de la organización Ñanderekoháre. “Por omisión, (el MADES) está permitiendo que un montón de estaciones de servicio se hayan construido y está permitiendo que otras continúen construyéndose a pesar de ese decreto. Es una ignorancia total de los problemas de salud que va a tener la población, sobre todo, los niños y los ancianos que son muy sensibles a ser afectados con leucemia y anemia mieloide. Es una irresponsabilidad enorme”, sostiene en conversación con Consenso.

Emilia Vera (en el centro) y miembros de la organización ciudadana Ñanderekoháre luego de presentar el impacto de gasolineras ante autoridades del Ministerio de Salud el pasado 17 de julio de 2026. Fuente: Cortesía

Vera agregó que los dueños de los emblemas también son responsables. “Ellos conocen del decreto presidencial y se están aprovechando de la situación en la que están las regulaciones con respecto a las estaciones de servicio. Ellos también son responsables de dónde se ubican y de los negocios sobre la salud de la población. Lastimosamente, nuestra justicia no nos favorece y el MADES parece inoperante”, expresa.

Cuenta que buscaron una entrevista con la ministra de Salud María Teresa Barán. Pero como no lo lograron, el director de Promoción de la Salud prometió una mesa de los principales directores del Ministerio de Salud para tratar el tema.

Actualización 05/08: Tras la publicación de este reportaje, el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez afirmó que su firma fue falsificada en los documentos oficiales de la cesión.

El caso de la Shell frente al río que le da nombre al país de la energía renovable revela hasta que punto los intereses de los combustibles fósiles logran que se prioricen sus negocios a costa del futuro de todos.

En Consenso lo podemos decir sin vueltas ni eufemismos porque tenemos una independencia la que nos permite subir un dron, revisar cientos de documentos o simplemente hacernos las preguntas correctas sin miedo a perder nuestro trabajo. Pero es una independencia que no sale gratis.

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En los papeles, Atome es un símbolo de la necesaria transición energetica.

La empresa, creada sobre los restos de President Energy, una petrolera con fallidos intentos de encontrar hidrocarburos en el Chaco, prometía utilizar la energía hidroeléctrica de Paraguay y combinarla con agua para así crear hidrógeno —una alternativa a los combustibles fósiles— y derivados de amoníaco —esencial para desacoplar al agronegocio de los fertilizantes fósiles.

Ambos productos podrían prevenir millones de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

Así, la empresa recibió préstamos desde el Fondo Verde del Clima hasta el Banco de Inversión Europea. Solo ellos dos le dieron 145 millones de dólares en deuda blanda, una quinta parte de los USD 650 millones reportados por la empresa como inversión para la planta en Villeta, en la zona portuaria cercana a la capital del país.

Ambos acuerdos y el dinero obtenido a través de otros bancos multilaterales e inversores privados a través de la Bolsa de Valores en Londres dependían de dos grandes aportes de Paraguay. Agua gratis del río que le da nombre al país y una benévola tarifa eléctrica.

Lo primero fue sencillo: La ley de Recursos Hídricos sigue sin establecer cánones para el aprovechamiento del agua de los ríos y acuíferos del país gracias al lobby agroindustrial, como revelamos en documentos exclusivos accedidos por Consenso en 2025.

Lo segundo, terminaría llevando al proyecto a la palestra de la discusión pública en Paraguay, un país que se oferta como la Arabia Saudita de la energía renovable pero que se está quedando sin electricidad disponible debido al calor, las sequías, la ausencia de inversiones y la presión de las electrointensivas.

Una crisis energética autoinflingida

La energía eléctrica tal vez sea el único tema que une a sindicalistas, partidos de izquierda y la oligarquía del país. Itaipú “desempeña un papel político, económico y simbólico mayor en Paraguay que en Brasil”, me dijo hace dos años Sara Costa, investigadora de la campaña paraguaya Itaipú Ñane Mba’e (Itaipú Nuestro Patrimonio).

Las cuestiones en torno al uso de energía hidroeléctrica, Itaipú en particular, fueron clave para varios presidentes paraguayos: Fernando Lugo (2008-2012) fue electo con la promesa de una mayor compensación de Brasil por la cesión de energía; en 2019, el predecesor de Peña, Mario Abdo Benítez, estuvo en peligro de destitución después de que se lo vinculara a un acuerdo opaco con una empresa llamada Leros, que tenía vínculos con el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La represa binacional de Itaipú. Fotografía: Bergie - CC BY-SA 2.0

Los dividendos de la energía hidroeléctrica funcionan, para el Estado paraguayo, como modo de no cobrar impuestos. Itaipú financia desde alimentación escolar hasta publicidades con la voz del presidente Santiago Peña en medio de los partidos de la Copa del Mundo.

La energía renovable y barata también es el anzuelo de un gobierno adicto a las fotos con empresarios. Atome es cercana por la sencilla razón de que su presidente es James Spalding, exdirector paraguayo de Itaipú durante el primer gobierno cartista entre 2013 y 2018.

Pero hay un pequeñísimo problema: el discurso de la abundancia energética. Es eso, un discurso. Y, en parte, esto es debido al clima.

Solo en 2021 la cuenca del Paraná, de la que depende Itaipú, sufrió una de sus peores sequías registradas. Un estudio de 2024 sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos concluye que el sector hidroeléctrico tendrá que hacer frente a más inundaciones y sequías, “lo que provocará mayores dificultades operativas”.

A este contexto se le suma la ausencia de inversión en fuentes de energía alternativa en los últimos 15 años. Como excusa, el gobierno de Santiago Peña privatizó de facto la producción de energías solares o a través de biomasa. Ahora, además impulsa degradar al Parque Nacional Médanos del Chaco en una desesperada búsqueda por gas fósil.

De fondo, está Atome y los datacenters para IA.

Una discusión atomizada y un presidente que “renunció”

Los cuestionamientos a la venta de energía para Atome no son nuevos. Además del posible conflicto de interés —con el ex director de la hidroeléctrica al frente de la empresa—, ya en diciembre de 2022, la Campaña Itaipú Causa Nacional había presentado una nota a la Contraloría para investigar un contrato firmado con la ANDE por 30 USD por MWh, que era la mitad del costo de la energía que en ese entonces establecía la tarifa para electrointensivas (60 USD por MWh), pese a que el proceso de producción de hidrógeno era definido como tal.

De acuerdo con la nota, esta diferencia le iba a costar a la ANDE 117 millones de dólares.

En conversación con Consenso, James Spalding rechazó estas acusaciones y afirmó que las operaciones de Atome en el país significarán que “Paraguay utilizará cada vez más la energía limpia y renovable disponible para su propio desarrollo industrial sostenible”.

Spalding no es el único relacionado al cartismo. De acuerdo con ABC Color, el asesor del Ministerio de Industria ante el Conacyt, Juan Pablo Nogués Peña, también es parte de la empresa.

¿Por qué explotó casi 4 años después?

Por dos motivos. En primer lugar, Atome se demoró en conseguir la aprobación de préstamos verdes y esto coincidió con el fin del hype por el hidrógeno, lo que forzó a Atome a pivotear toda la narrativa en favor de los fertilizantes libres de combustibles fósiles en el contexto de conflictos como el de Ucrania y el Estrecho de Hormúz.

En segundo lugar, están los cuatro decretos presidenciales que, entre enero y abril de 2026, crearon nuevas condiciones tanto para esta empresa como para los datacenters que quisieran establecerse en el país.

Uno de los decretos permitía a Atome mantener la ya cuestionada tarifa de 30 USD MWh y extender ese beneficio durante 15 años.

Debido a estos decretos, la ANDE debía negociar un nuevo acuerdo con Atome. Un acuerdo al cual el entonces presidente de la empresa pública Félix Sosa se negó, con apoyo de ingenierios y el sindicato de trabajadores, preocupados por el bienestar económico de un ente que ya tiene pérdidas operativas en una relación tóxica con el Estado: La ANDE le debe pagar impuestos al fisco. El resto de las instituciones públicas le deben plata a la ANDE.

James Spalding de Atome ironizó sobre los sindicalistas que “creen que la energía es de ellos” y puso en duda el avance de la inversión debido al revés en las negociaciones. Una semana después, la empresa oficialmente solicitó la suspensión de sus acciones ante la Bolsa de Valores de Londres. En entrevista con la Megacadena, el ministro de Industria Marco Riquelme dijo que fue por la disputa con la ANDE.

La presión desde el interior de la ANDE obligó al gobierno de Santiago Peña a derogar los decretos beneficiosos para Atome y para los datacenters en junio. Pero un mes y medio después, el 27 de julio, Sosa oficialmente renunció.

Peña le pide a su nuevo presidente en la ANDE un informe sobre energía para Atome y datacenters

El nuevo presidente de la ANDE designado por Peña, Miguel Báez Reyes, rápidamente dejó en claro que la prioridad es “destrabar” el conflicto para evitar que “inversionistas encuentren que no hay normativa clara o hay algún tipo de impedimento”.

Báez apoyó abiertamente la búsqueda de gas en Médanos del Chaco y apenas un día después recibió un explícito pedido del equipo económico del gobierno de Peña: un informe sobre excedente energético disponible para alimentar IA, datacenters y electrointensivas como Atome. El pedido fue revelado por el diputado Raúl Benítez (Independiente - Central).

La fecha límite es este viernes 31 de julio.

Gracias al apoyo de nuestros suscriptores pagos, Consenso ya pidió una copia mediante pedido de acceso a la información pública.

Edición:

Giuliano Franco Martin de Zeus Oil posa en la fotografía oficial junto al viceministro Mauricio Bejarano en la reunión de la CAF y Olacde en Chile. Según el gobierno, su participación fue en calidad de “asesor”. Fuente: Instagram del Ministerio de Obras Públicas.

El 28 de abril, el Diputado Nacional José Ramón Rodríguez Maciel (ANR-Cartismo) presentó el proyecto que pretende modificar la ley que creó el Parque Nacional Médanos del Chaco.

Sin consulta previa a la comunidad Guaraní Ñandeva que vive ahí. Sin considerar que debajo está la principal fuente de agua dulce del norte de la Región Occidental, y sin medir el impacto en los compromisos climáticos y biodiversidad de Paraguay por los cuales el país ya recibió millones de dólares.

La modificación de estos artículos obliga a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tenga que permitir actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, «siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental». El proyecto no cita cuáles serían estas medidas.

Entre las empresas interesadas se destaca Zeus Oil SA/Olympic (Perú), que había obtenido una concesión durante el primer periodo de Mauricio Bejarano como viceministro de Minas y Energía en 2015. El CEO de la empresa en Paraguay, Giuliano Franco Martin, acompañó a la delegación del gobierno de Peña, que incluyó al viceministro, en la visita al gobierno de Javier Milei con ministro de Economía Luis Caputo en Argentina para avanzar en el proyecto de gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil que cruzaría el Chaco Paraguayo.

También visitó con el viceministro a autoridades de Salta, donde se sumó Marco Pappalardo, quien aparece como representante de Zeus Oil ante el MADES. Pappalardo es el hijo de Conrado Pappalardo, secretario de Stroessner que recibió tierras malhabidas en la zona, según informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Pero no es el único viaje de Franco Martin con Bejarano. En mayo de 2026 el CEO de Zeus Oil acompañó al viceministro al evento “Integración Gasífera en el Mercosur + Chile”, organizado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

De acuerdo a la comunicación oficial del gobierno sobre el evento, allí “Paraguay reafirmó su posición como la ruta más competitiva para conectar el gas proveniente de Vaca Muerta, Argentina, con el mercado brasileño mediante el proyecto del Gasoducto Bioceánico”.

Lo llamativo es que la misma comunicación del gobierno cita a Giuliano Franco Martin no como empresario sino como “asesor” del viceministro.

Giuliano Franco Martin en representación de Paraguay en la mesa de discusión durante la reunión organizada por Olacde y CAF en Chile. Fuente: Youtube de Olacde.

Consenso pudo confirmar que a julio de 2026 Giuliano Franco Martin no aparece como funcionario de ningún tipo en la base de datos del Estado.

Sin embargo, aparte de los viajes a Argentina y a Chile, también acompañó al viceministro Bejarano en visita a las obras de la hidroeléctrica Aña Cuá en abril de 2026.

Franco Martin (segundo a la izquierda) acompaña a la delegación del viceministro Mauricio Bejarano de visita a las obras de Aña Cuá - Fuente: Instagram del Viceministro Mauricio Bejarano.

El aparente conflicto de interés de Franco Martin como asesor del gobierno y CEO de Zeus Oil se profundiza cuando se tiene en cuenta que la inversión en un posible gasoducto que cruce el Chaco paraguayo es de beneficio directo para las pretensiones de su empresa de explotar concesiones dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco.

De acuerdo a sus propias palabras durante el Foro de Energía en Asunción en 2024, Zeus Oil necesita que se invierta en infraestructura, subrayando que “escuchamos al presidente (Santiago Peña) sobre la creación de un posible corredor de interconexión regional”. “El régimen fiscal es excelente, super atractivo” afirmó el empresario.

De acuerdo a palabras del viceministro de Minas y Energía Mauricio Bejarano durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en enero de 2026 en Panamá, el impulso al mal llamado gas natural en Paraguay con el gasoducto y las prospecciones tiene vínculo directo con la expansión de datacenters para IA y criptominería y tendría el apoyo de la CAF a través de deuda. El monto total solo del gasoducto ronda los 2000 millones de USD.

Proyectos de prospección de gas afectarían a casi todo el Parque Médanos del Chaco

Uno de los argumentos esgrimidos tanto en la Audiencia Pública como en la Mesa Técnica impulsada desde el Congreso es que la prospección de hidrocarburos solo afectaría una “pequeña parte” del Parque Nacional Médanos del Chaco.

Un análisis realizado por Consenso con datos oficiales del Ministerio del Ambiente y el Catastro de Hidrocarburos del Viceministerio de Minas y Energía demuestran que eso es mentira.

En negrita, el actual tamaño del Parque Nacional Médanos del Chaco. En amarillo todas las áreas del parque superpuestas a concesiones de gas. Solo quedaría el área en verde.

La situación es aún más cuestionable cuando se superpone con las tierras de las comunidades Ñu Guazú y Pykasu de los Guarani Ñandeva, que no fueron consultados previo a la introducción de la iniciativa legislativa en Diputados.

En blanco, las tierras de las dos comunidades Guaraní Ñandeva que viven dentro del Parque Médanos del Chaco. Ninguna fue consultada previo a la introducción del proyecto de ley en Diputados.

Las concesiones a Zeus Oil se dieron durante el primer mandato del viceministro Bejarano en el gobierno de Horacio Cartes.

En una reciente entrevista para la Megacadena, Bejarano dio su apoyo al proyecto para degradar el Parque Nacional Médanos del Chaco.

Esta semana estuve invitado por la Coalición #PorLosBosques - que engloba a organizaciones ambientales, indígenas y de conservación - para presentar los hallazgos publicados en Consenso en una reunión sostenida con el equipo jurídico y político del Diputado José Rodríguez (ANR), quien impulsa la degradación del parque para permitir la prospección y exploración de gas y litio.

En la reunión, a la cual acudí en caracter de periodista, compartí los reportajes publicados gracias al apoyo de nuestros suscriptores y aproveché para realizar varias consultas que hasta entonces habían quedado sin respuesta y corregir ciertas imprecisiones referidas alrededor del impacto, entre ellas que solo afectaria a una pequeña parte del área protegida.

Personalmente también recordé la posibilidad del impacto del proyecto en otros impulsados por el propio gobierno, incluyendo los mercados de carbono.

La reunión giró en torno a cómo avanzará el proyecto de ley. Isaías Chena, asesor político del diputado - que no estuvo presente - confirmó que no van a retirar la iniciativa legislativa para “ser neutrales” pero reafirmó el interés por el diálogo ante la alternativa de pasar la ley con la mayoria que el partido de gobierno cuenta en la Cámara Baja.

A partir de ahora, queda en manos de las organizaciones ambientales definir su posición y de qué manera acompañarán las posibles modificaciones. El proyecto de ley cuenta con una enorme presión a favor por parte del Viceministerio de Minas y Energía, las cooperativas ganaderas y el oficialismo extractivista.

Desde Consenso mantenemos una política de nunca abandonar las conversaciones difíciles que exige la crisis climática, sin que ello signifique edulcorar lo que reportamos.

Esto es también posible gracias a la independencia que nos otorga depender de nadie más que nuestros lectores. Tu dinero rinde.

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El anuncio de la Comisión confirma que el cuero quedará exento de la aplicación de la ley. La decisión se produce a pesar de las claras pruebas científicas que vinculan el cuero con la deforestación, lo cual pone en riesgo de reincidencia a las violaciones a de derechos de pueblos indígenas como el Ayoreo, cuyas tierras fueron desmontadas de manera impune para exportar cuero.

En nuestra serie Coñones, financiada por nuestros suscriptores, revelamos que el caso quedó en el oparei debido a la desidia del Infona.

Influencia en la política europea: Luis Vuitton e industria paraguaya

La exclusión del cuero de la normativa europea, que prohibe la importación de productos derivados de desmonte posterior a 2020, no surgió del éter.

Organizaciones como Earthsight y Global Witness documentaron cómo el sector creó una campaña de presión concertada que logró que la Unión Europea ignorara el abrumador apoyo en consultas públicas de mantener al commodity dentro de las regulaciones - el 80% de los ciudadanos de la UE que aportaron su opinión estaban a favor.

En abril Global Witness develó que Fabrizio Nuti, director de Nuti Ivo, un grupo de curtiembres propiedad de Louis Vuitton era “una figura clave” del lobby del cuero para excluirlo del Reglamento de la UE sobre deforestación. Nuti dirigió dos grupos de presión que se reunió 16 veces con parlamentarios y políticos del bloque europeo al respecto.

Marco Riquelme se muestra en la fábrica de Lecom en Paraguay tras investigación de Global Witness que vinculaba al dueño de la empresa con lobby para eliminar protecciones ante deforestación. Fuente: MIC

El empresario italiano tiene en Paraguay una relación comercial con Minerva y con Frigorífico Concepción, que ahora afronta serios problemas económicos.

Tras una reunión con Nuti, el viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani escribió a la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, y al comisario de comercio, Maroš Šefčovič, para solicitar la eliminación del cuero del EUDR, calificándolo de un «aspecto crucial» para las curtiembres italianas.

El informe de Earthsight de 2020, «Grand Theft Chaco», reveló cómo el cuero utilizado en los BMW y los Range Rover era proveído por curtiembres italianas y estaba vinculado a la deforestación ilegal de las tierras de los Ayoreo en Paraguay.

“La decisión de excluir el cuero del Reglamento de la UE sobre el uso de productos derivados de la madera (EUDR) resulta profundamente decepcionante” dice Fyfe Strachan de Earthsight. “Ignora las sólidas pruebas que relacionan el consumo europeo de cuero con la deforestación en América Latina. Pasa por alto las opiniones de los ciudadanos de la UE expresadas en la reciente consulta pública y, en su lugar, da prioridad a los intereses de los grupos de presión de la industria”.

Una nueva investigación reveló que el cuero animal es responsable de casi el doble de emisiones de lo que se pensaba anteriormente, contribuyendo directamente al aumento de raudales y olas de calor en países como Paraguay.

Coñones es la nueva serie de investigaciones de Consenso sobre clima, justicia y desinformación en el corazón del Chaco.

Allí yace el lugar que late en centro de Sudamérica entre las palabras perdidas del último pueblo en aislamiento voluntario de la región fuera de la Amazonía y los hombres que hacen cosas sin sentido para vender cuero, plantar soja, aterrizar aviones, rascar litio, quemar árboles.

Es posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores, que nos mantienen independientes de pauta pública, publicidad de empresas e intereses particulares.

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Más de noche que de día, los Ayoreo Totobiegosode se hablan entre ellos. Capaz rememoran su tiempo antes de salir del monte. Capaz planean el recorrido de la mañana siguiente. Capaz solo se ríen de nosotros, los coñones masacrados por los mosquitos.

Ese es término para describirnos, Coñones.

Significa personas que hacen cosas sin sentido.

Para un pueblo que caza y recolecta todo del bosque, la deforestación es un acto ilógico.

Esta no solo es una serie sobre un pueblo indígena. Es sobre quienes acechan las tierras, influencian políticas, deforestan miles de hectáreas y niegan en lo que se ve desde caminos y satélites.

Para eso viajamos al Patrimonio Ayoreo acompañados por la comunidad, obtuvimos documentos exclusivos, revisamos años de imágenes satelitales y registros de propiedad.

Coñones es también la primera serie de investigaciones apoyada 100% gracias al aporte de nuestros suscriptores pagos desde 5 USD mensuales.

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A lo largo de las próximas semanas, iremos develando capítulo tras capítulo la geografía de un despojo.

PARTE I

PARTE II

PARTE III

Próximamente

Investigación & Reportajes: Maximiliano Manzoni

Edición: Juliana Quintana Pavlicich

Edición visual & logos: Wylliam Matsumoto & Benjamín Gaona - Mubu Lab

Fotografías: Nicolás Granada

Financiado con el aporte 49 suscriptores pagos de Consenso

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Si estuviste viendo - y sufriendo - el Mundial como billones de personas en las últimas dos semanas, ya te las encontraste.

Tu equipo está atacando en el minuto 22 y de repente la pelota se detiene.

La transmisión televisiva pasa a mostrarte a un Maradona revivido mediante de la necromancia de la IA para publicitar apuestas en línea. O capaz te toca ver a un cruel pollo atropomórfico que no tiene problema en ver cocinados a individuos de su misma especie. O a cándidos niños siendo utilizados para lavarle la cara a una de las principales petroleras del mundo.

Los niños que aparecen en la publicidad de Shell en Paraguay sufrirán mayores olas de calor, inundaciones, epidemias de dengue, cortes de electricidad y problemas de calidad de aire debido al impacto directo de la petrolera en el cambio climático.

Las llamadas pausas de hidratación fueron introducidas en el torneo en nombre del bienestar de los jugadores ante los documentados riesgos de temperaturas extremas durante el verano norteamericano. Fue un requerimiento de años.

En el primer Mundial de Estados Unidos, Maradona - el que estuvo vivo - fue la voz de jugadores achicarrados en partidos a las 2 de la tarde. El entonces presidente de la FIFA João Havelange respondió que “debían callarse la boca y jugar”.

Tres décadas de exorbitante evidencia, presión de jugadores y un árbitro colapsado después, la FIFA de Infantino adoptó la regla. Tres minutos a la mitad de cada tiempo reglamentario.

Rápido nos dimos cuenta que detrás de la medida no estaba el cuidado a jugadores, sino el espacio para más publicidad.

De entrada, las pausas de hidratación se dan sin importar las condiciones atmosféricas como la temperatura y la humedad, o el horario en el cual se juega, o si el estadio tiene techo o aire acondicionado.

Así lo mismo se aplicó a Estados Unidos vs Paraguay - un partido en condiciones relativamente seguras - que al partido de Argentina vs Austria - donde el calor afectó seriamente el partido, de acuerdo a un análisis que provee Climate Central.

La pausas predestinadas permiten a las cadenas de televisión contar con esos deliciosos minutos extra para vender a auspiciantes si o sí.

La injuria no acaba allí. Al interrumpir el juego en el minuto 22 de cada tiempo de 45, también se interrumpe la lógica que caracterizaba al deporte en lo estratégico y anímico. Equipos contra las cuerdas se reodenan, el pulso del ritmo se interrumpe, sensaciones inevitables de épica se diluyen. De manera efectiva, el fútbol de todo el mundo pasa a tener cuatro cuartos como el mal llamado fútbol de la NFL.

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Los glóbulos blancos emocionales de millones de personas reaccionaron de manera acorde. Las pausas de hidratación se volvieron ejemplo, uno más, de la goleada que el deporte se está comiendo contra el espectáculo.

En el medio, lo que debía ser un tibio paso hacia el reconocimiento del impacto del calor extremo en el fútbol corre el riesgo de convertirse en un contragolpe a favor de quienes hacen negocio a costa de polemizar en su contra.

Pero si es cierto que la traslúcida intención mercantil del organismo terminó por contaminar incluso la más básica y humana de las medidas de protección, tomar agua cuando hace calor. Y lo hizo en un momento donde ignorar el cambio climático cuesta poco en los discursos y mucho en nuestro presente.

El caso sienta un precedente que a nivel local se parece a la fallida introducción de bicisendas en Asunción: una política de adaptación mal ejecutada por inoperancia o cinismo que dañó la ventana de Overton sobre políticas climáticas.

En el caso del fútbol paraguayo, las pausas de hidratación son apenas una curita al desafío mayúsculo de intervenir campos de juego, infraestructura de clubes y ciudades y sistemas de alerta ante temperaturas extremas para que el país siga compitiendo.

Esto es lo que descubrimos al poner una cámara térmica en dos canchas de donde saldrán los convocados de la próxima Albirroja 👇

Gustavo Alfaro es el hombre adepto a los adagios que llevó a Paraguay a su primera Copa del Mundo en 16 años.

Motivador, compungido dentro de la cancha y adicto a los micrófonos afuera, el director técnico ya mira más allá del torneo que por primera vez tiene pausas de hidratación obligatoria - cuestionadas por ser más una excusa de publicidad que una protección a jugadores - en todos los partidos a ser disputados en Estados Unidos, México y Canadá durante el verano de allá.

El resultado de mirar más allá fue un informe que el entrenador elevó a la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre los desafíos para que el país siga siendo competitivo a nivel deportivo durante la próxima década.

Esta fue una de sus conclusiones.

Las recomendaciones de Alfaro se alinean con lo que nos dijeron Iván Vázquez, director de inferiores del Olimpia, y otros entrenadores y preparadores físicos consultados en el país.

¿Una de las principales dificultades?

La infraestructura donde practican y juegan las divisiones inferiores de Paraguay.

En conjunto con Dialogue Earth nos propusimos entonces hacer un experimento. Llevamos una cámara térmica a las dos principales canchas donde entrenan las inferiores masculinas y femeninas de clubes como Guaraní y Olimpia.

1. Cardif, el centro especializado de inferiores de la Asociación Paraguaya de Fútbol ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo. Campo sintético.

2. La Base, predio ubicado en la Caballería, a un kilómetro y medio y que cuenta con tres campos de juego. Campo natural.

Las tomas se dieron en dos días con las mismas condiciones atmosféricas y a la misma hora.

Las canchas de pasto sintético están relacionadas a quemaduras, lesiones y mayor contaminación de aire debido a las partículas que desprenden.

A la captura de calor por parte de los campos de juego sintéticos como el Cardif - una inversión por la cual la Asociación Paraguaya de Fútbol recibió un premio de la FIFA en mayo - se le suma un problema de infraestructura urbana más amplio.

Las instalaciones se encuentran en una isla de calor empeorada por estacionamientos y asfalto cercanos a la autopista Asunción - Luque y la cercanía al Aeropuerto Silvio Pettirossi, mientras que el campo natural de La Base es ayudado por el verde que rodea a la Caballería.

Los hallazgos de Dialogue Earth y Consenso develan que la discusión va más allá de las cuestionadas pausas de hidratación, las suspensiones para jugar en horarios de riesgo e incluso la posible prohibición de los campos sintéticos.

Al mismo tiempo, revela también el poder que tienen las comunidades alrededor del deporte para impulsar medidas como sistemas de alerta temprana e inversiones en infraestructura que reduzcan el efecto de islas de calor con el fin de proteger a las estrellas del mañana de un clima que ya no es normal.

Es por ello que con Dialogue Earth hablamos con expertos, recorrimos los campos de juego y producimos una mini serie de videos con subtítulos en español, inglés y portugués.

En la próxima entrega: ¿Realmente sirven las pausas de hidratación en el Mundial?

Durante el último mes y medio hemos publicado reportajes que revelan cómo el Estado paraguayo dejó impune deforestación en tierras Ayoreo y cómo la fiebre de datacenters está detrás de la búsqueda por explotar gas y litio en el Parque Médanos del Chaco.

Estas investigaciones, respaldadas con imágenes, videos y documentos reflejan un entramado de intereses económicos y políticos que priorizan negocios privados sobre el bienestar general. Y han sido posibles gracias al aporte de nuestros suscriptores pagos.

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En respuesta a estos hallazgos, se ha impulsado una sostenida campaña de mentiras e injurias como excusa para pedir la deportación del director de Consenso, Maximiliano Manzoni, quien vive en Paraguay desde hace más de 25 años y está radicado de manera permanente.

¿El pecado? Ser director de un medio que publica reportajes sobre empresas ganaderas, mineras y petrolíferas con intereses en el Chaco. Develar cómo delitos ambientales quedaron impunes. Citar el vínculo del gasoducto con el gobierno de Javier Milei y el del litio con el acuerdo firmado con Marco Rubio.

Nada de esto nos inventamos. Es información que muchas veces provino del propio Estado paraguayo.

A esta campaña se le han sumado videos en redes sociales, comentarios xenofóbicos y amenazas explícitas de ataques físicos o muerte. Debido a lo último ya fueron informadas diferentes entidades, incluyendo la Mesa de Seguridad del Sindicato de Periodistas del Paraguay y organizaciones regionales de periodismo.

No es la primera vez que a nuestro trabajo se le ha respondido con mentiras o amenazas.

Tampoco es un caso único: reportajes han develado al mismo tiempo como estas campañas sucias han sido coordinadas con miles de dólares contra otros colegas que sostuvieran cualquier tipo de trabajo crítico al gobierno de turno.

Otros colegas, en contextos mucho más vulnerables, han sufrido peores consecuencias - incluyendo atentados y asesinatos - por cumplir con su labor informativa.

Si es cierto que la particularidad de los temas que han suscitado las amenazas responden a otro patrón: uno silenciamiento consistente a discusiones sobre clima y ambiente en América Latina en una disputa asimétrica contra empresas e intereses millonarios con influencia desmedida en nuestras democracias.

La reacción furibunda ante artículos periodísticos publicados por un medio relativamente pequeño no es casualidad: es un intento más de disciplinamiento, de sacarnos el derecho a no mentir.

El objetivo es claro: evitar que la ciudadanía tenga información más allá de la propaganda oficial que busca vender como progreso del país lo que solo será progreso para el bolsillo de unos cuantos. Mientras todos deberemos pagar el costo del daño a ecosistemas, comunidades y el precio de la energía subsidiada. Es un costo demasiado alto para el futuro que nos merecemos.

El periodismo es tan esencial a la democracia como votar. Es un ejercicio privado de interés público. Nuestras posiciones editoriales siempre fueron transparentes y nuestro trabajo ha sido galardonado a nivel local e internacional, incluyendo el Premio Nacional de Comunicación Científica 2024.

Consenso nació en 2024 como respuesta a una necesidad percibida: plantar una bandera donde temas como el impacto del clima, la necesidad de justicia y los responsables de la desinformación sean cobertura constante y no noticia pasajera. Encaramos la tarea de esquivar el régimen de los algoritmos y de los aforismos que nos sustrae la capacidad de escudriñar los matices y responsabilidades.

En esa vena, el medio se reafirma en todas las investigaciones publicadas hasta el momento, a las cuales le seguirán pronto nuevas entregas gracias al apoyo de nuestros suscriptores pagos desde 5 USD mensuales.

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• El equipo de Consenso.

  • Juliana Quintana, editora de proyectos especiales.

  • Nicolás Granada, fotógrafo y audioperiodista.

  • Tania Karo Mesa Montórfano, desarrolladora.

  • María Belén Galeano, periodista de investigación y colaboradora.

Durante meses, vecinos de un barrio de Asunción vigilaron un predio, bloquearon maquinarias, acudieron a instituciones públicas y denunciaron la tala de árboles para impedir la instalación de una nueva estación de combustible en medio de sus casas, escuelas y plazas.

El lunes 1 de junio, la dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) suspendió temporalmente la declaración ambiental otorgada al proyecto de la firma Fuelpar S.A., cuya obra estaba prevista en la intersección entre la avenida Santísima Trinidad y la calle Teniente Coronel Cirilo Gill.

La medida, comunicada oficialmente por el MADES, implica dejar temporalmente sin efecto la declaración ambiental de la gasolinera mientras se estudia el pedido de revocación de la licencia ambiental.

Este anuncio no llega de casualidad, es el resultado de una movilización sostenida en el tiempo que logró convertir un reclamo barrial en un caso emblemático sobre el crecimiento desordenado de estaciones de combustible en Asunción.

Desde inicios de las protestas, habitantes organizados bajo la plataforma “Vecinos Unidos por Trinidad” impulsaron vigilias, reuniones, denuncias institucionales, campañas públicas y acciones legales para detener la construcción de la gasolinera en su barrio. Pero también cuestionaron un modelo urbano que sacrifica espacios verdes, aumenta riesgos ambientales y avanza sobre barrios residenciales sin suficiente control estatal.

Todo lo que hay que hacer para no tener una gasolinera frente a tu casa

La organización vecinal consiguió instalar el debate en la Municipalidad de Asunción, el MADES e incluso la Fiscalía. Hace más de un año, pobladores realizaron gestiones institucionales, participaron de sesiones de la Junta Municipal y mantuvieron presencia constante frente al predio para impedir el avance de las obras, especialmente luego de denuncias de tala de árboles y permisos cuestionados.

El 3 y 4 de enero de 2026, vecinos y vecinas del barrio Trinidad denunciaron la tala de árboles dentro del predio pese a que el 4 de diciembre del año pasado, la Municipalidad de Asunción ya había revocado el permiso de obra a cargo de Fuelpar SA. Registraron con imágenes y videos intervenciones que redujeron drásticamente el arbolado del terreno.

En 2025, encontré que la persona encargada del análisis forestal de Fuelpar al mismo tiempo trabajaba para el Ministerio del Ambiente, en un posible nuevo caso de conflicto de intereses.

El conflicto dejó de ser entonces solo una discusión sobre una estación de servicio y pasó a representar una disputa más amplia sobre quién decide el modelo de ciudad, cuánto pesan los intereses privados frente al bien común y qué capacidad tienen las comunidades organizadas para intervenir en decisiones que afectan directamente su entorno.

Uno de los puntos más sensibles del caso estuvo relacionado con el impacto ambiental del proyecto. En un principio, vecinos denunciaron la eventual remoción de unos 39 árboles existentes en el predio, así como medidas de compensación insuficientes, como plantaciones en otros espacios públicos (entre ellos, la plaza Mártires de la Policía, ubicada en el mismo barrio).

Pero no fue lo único.

El conflicto se instaló en un contexto de creciente preocupación por las islas de calor urbanas y la pérdida de áreas verdes en Asunción, aunque en este caso se trate de Trinidad, un barrio históricamente residencial y arbolado que residentes describen como cada vez más presionado por desarrollos inmobiliarios y comerciales. Un análisis de Consenso encontró que la gasolinera empeoraría la sensación de calor en la zona.

También se sumó la discusión sobre la concentración de estaciones de combustible. Habitantes señalaron reiteradamente que el emprendimiento proyectado se ubicaría a escasa distancia de otras gasolineras ya existentes, además de edificios residenciales y zonas de alta circulación.

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MADES sigue sin crear mesa de trabajo para solucionar el problema de las gasolineras

La reciente suspensión ambiental del MADES se produce luego de otra decisión previa que ya había marcado el pulso del conflicto: la paralización municipal de las obras tras la presión ciudadana. Sin embargo, ese antecedente no cerró la disputa, sino que la trasladó a otros frentes institucionales y judiciales.

La empresa Fuelpar S.A. impulsó acciones legales contra la medida de la Municipalidad de Asunción, que había frenado la obra de la gasolinera. Actualmente, ese litigio se encuentra en un tribunal administrativo donde se analiza la validez de la decisión municipal.

Por otro lado, el proceso administrativo vinculado a la revocación de la licencia ambiental continúa abierto en el MADES, lo que significa que el futuro del proyecto aún no está definido y depende de nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas.

El caso se suma a otros que han sucedido desde la moratoria a nuevas gasolineras dispuesta por el Ministerio del Ambiente.

En julio de 2025, Consenso había obtenido documentos oficiales del Ministerio del Ambiente que confirmaban un caso de contaminación de agua y de aire por otra gasolinera, en Villarrica.

Y antes, había hallado que Shell había iniciado obras para construir la gasolinera en tierras municipales en la Costanera de Asunción, a metros de la desembocadura de cauces hídricos. Shell utiliza el aditivo MTBE en sus combustibles, el mismo hallado en el Acuífero Patiño.

En el informe de la Contraloría General de la República al gobierno de Peña, se denunciaba que la falta de distancias mínimas entre estaciones de combustible “aumenta el tamaño del área acumulada de exposición a las emisiones, y potencialmente el riesgo correspondiente, para las personas que viven y trabajan en las cercanías”.

Y no es solo el MTBE, el aditivo encontrado en las aguas del Acuífero Patiño: también es el benceno que se despide de las gasolineras al cargar combustible.

El riesgo potencial de cáncer acumulado de las cuatro gasolineras de tres millones de litros varía en función de la proximidad una de otra.

“En algunos casos, la zona de impacto de cuatro gasolineras de tres millones de galones podría ser más de cuatro veces mayor que la zona de impacto de una gasolinera individual de tres millones de galones”.

El Ministerio del Ambiente sigue sin cumplir con la creación de una mesa de trabajo que incluya a organizaciones vecinales con el fin de resolver la invasión de gasolineras creada por la derogación de distancias mínimas en 2021.

La disputa en Santísima Trinidad trasciende así el destino de una sola estación de servicio y expone tensiones más amplias sobre planificación urbana, transparencia ambiental y el derecho de las comunidades a intervenir en decisiones que afectan directamente su entorno cotidiano en una ciudad que se apresta a elegir a quienes toman esas decisiones este año.

En un barrio donde vecinos y vecinas pasaron defendiendo árboles, espacios residenciales y calidad de vida, la suspensión dispuesta por el MADES es una pausa administrativa, pero también como el reconocimiento de una presión ciudadana que se negó a desaparecer.

En 2025 una investigación conjunta de Consenso y Climate Tracker con el apoyo del Bertha Challenge reveló una campaña de influencia con millones de dólares e impulso de la industria ganadera para modificar cómo se calcula el impacto climático del sector en países como Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.

La investigación develó con fotografías, videos y contratos exclusivos cómo con dinero público, campañas digitales y reuniones con ministros, la industria buscó instalar un controvertido nuevo modo de medir el metano de sectores como la ganadería y los combustibles fósiles que pone en riesgo al Acuerdo de París.

Detrás de lo que parece una simple disputa matemática se encuentran intereses de empresas como JBS, investigadores financiados por la industria como Frank Mitloehner, estudios apoyados por las fundaciones de Bill Gates y Jeff Bezos, ONGs negacionistas vinculadas a petroleras como CLINTEL y grupos interesados en vender créditos de carbono.

Estos hallazgos fueron resaltados ahora en una carta firmada por 42 científicas y expertos, entre ellos 11 autoras y autores ante el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático.

La carta redactada por la Prof. Hannah E. Daly, la Dra. Shelby McClelland, Prof. Matthew Hayek, Prof. Paul Behrens, Dr. Colm Duffy, Carl Doedens, y la Dra Róisín Moriarty fue enviada a autoridades europeas el pasado 20 de mayo, advierte “una gran preocupación de que la crucial mitigación del metano está siendo socavada de manera global por esfuerzos para redefinir métricas de gases de efecto invernadero y objetivos climáticos”.

“En varios países altos emisores de metano - notablemente Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Irlanda, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina - grupos de la industria se encuentran promoviendo nuevos modos como el Global Warming Potential Star (GWP*)” señala la carta.

La misiva destaca de que si bien GWP* se basa en “legítimas metodologías científicas” las mismas “están siendo cada vez más usadas para justificar la revisión de objetivos climáticos bajo términos como neutralidad de temperatura o no calentamiento adicional que en la práctica facilitan reducir y debilitar la ambición totalmente posible de estos países”.

Esto "distorsiona” los objetivos de limitar de temperatura y el principio de equidad bajo el Acuerdo de París.

La razón es simple: “la adopción de estos nuevos enfoques permitirá a los grandes emisores de metano continuar produciendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero al mismo tiempo que se autodenominan climáticamente neutrales”.

Escuchá cómo descubrimos este verdadero true crime en nuestro podcast investigativo en español e inglés

En ese sentido, GWP* funcionaría como un truco contable: en vez de contabilizar el total de emisiones de metano en el tiempo, en su lugar solo calcula si hubo cambios entre un periodo y otro. Así, favorece a grandes contaminantes - empresas y países - y penaliza a quienes tienen bajas emisiones y necesitan espacio para desarrollarse.

Las consecuencias, señalan las científicas, es que “se restaría importancia al impacto climático de sectores como la ganadería y la extracción de combustibles fósiles” y se permitiría a países y multinacionales decir que logran sus objetivos de “neutralidad” mientras siguen poniendo al mundo el riesgo con sus emisiones.

En el caso específico de Paraguay, esto se traduce en peores y más extendidas olas de calor, cortes de electricidad, sequías que afectan la navegación de los ríos e inundaciones que dejan sin hogar ni cultivo a miles de personas.

Paraguay y Uruguay en el centro de una campaña de desinformación climática

En el centro de la campaña de influencia está Frank Mitloehner, un investigador del Centro de Claridad y Liderazgo para la Difusión e Investigación Ambiental (CLEAR Center), financiado por IFEEDER, una organización vinculada a corporaciones como JBS - la principal empresa cárnica del mundo - Cargill y Tyson Foods.

Consenso y Climate Tracker develaron que Mitloehner viajó por Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil con el objetivo de impulsar un nuevo modo de medir el metano - el principal gas de efecto invernadero relacionado a la ganadería.

A excepción de Brasil, en los restantes tres países se confirmó que la participación de Mitloehner fue apoyada por la llamada Mesa Global de Carne Sostenible, una organización global que incluye a aportantes a IFEEDER, representantes empresariales de los mayores productores de carne en el mundo como JBS y multinacionales como ADM, McDonald’s y Burger King. La Mesa Global tiene al CLEAR Center como “ente asesor”.

En Uruguay, contratos accedidos de manera exclusiva muestran que Mitloehner recibió 9.500 dólares de dinero público para asesorar al gobierno de Lacalle Pou en políticas del clima relacionadas al agro y la adopción de esta nueva métrica, incluyendo reuniones con sus ministros de Ambiente y Agricultura en la sede del gobierno.

En Paraguay, documentos internos exclusivos demuestran que tras su visita, representantes de la Asociación Rural del Paraguay impulsaron con éxito que el país considere el uso de GWP* en su política climática oficial.

Además, Mitloehner confirmó que viajó pagado por la Sociedad Rural de Argentina con el fin de expandir lo que él llama “la verdadera historia del metano” en eventos en ese país.

En Brasil hizo lo mismo en un foro impulsado por JBS, la empresa cárnica más grande del mundo. También en Brasil, Myles Allen, uno de los creadores de la métrica, promovió en un evento que representantes del agronegocio presionen a sus gobiernos con el fin de que adopten este nuevo modo de calcular el metano en negociaciones del clima.

En 2025, en conjunto con The Intercept Brasil publicamos que EMBRAPA, el instituto que asesora las políticas agrícolas de aquel país, había impulsado una campaña en redes sociales en favor de la adopción de GWP*

La influencia de Mitloehner en Sudamérica se suma a un trabajo similar que él mismo lleva realizando desde hace años con el apoyo de la ganadería en países como Estados Unidos, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Los gremios ganaderos de estos países y los de Sudamérica se encuentran vinculados a través de la Mesa Global de Carne Sostenible y la International Beef Alliance.

Durante la COP30 de Belém, varias asociaciones ganaderas, incluyendo las de Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina, lanzaron una nueva coalición con el objetivo de impulsar el cambio en la medición del metano ante la Convención de Cambio Climático.

Consenso junto con defensores y defensoras ambientales de 15 diócesis en todo Paraguay, 2025.

En junio Consenso cumple un año financiándose con el aporte de suscriptores pagos desde 5 USD mensuales.

Un hito que nos ha permitido blindar todas nuestras operaciones administrativas, desde hosting hasta herramientas digitales e inversiones en infraestructura que permiten que un medio digital se mantenga en pie.

La factura de Internet, Canva, Capcut y Google. También el desarrollo de tecnología que permitió identificar 800 escuelas en riesgo por islas de calor en Asunción y Central.

Cuando fundé Consenso en 2024, la premisa era simple: una invitación a tener las conversaciones urgentes que el país - y la región - necesitan y que escapan a la lógica de los algoritmos o la IA.

El clima como una mirada, la justicia como un objetivo y la desinformación como el desafío de nuestra época.

El medio desde entonces ha cosechado algunos humildes éxitos. Una newsletter a nada de llegar a 1000 suscriptores (!) cuyo periodismo protegió 35 mil hectáreas de tierras indígenas en riesgo por proyectos ilegales de litio en el Chaco. Que llevó el impacto del calor extremo en escuelas al Congreso Nacional. Que narró cómo el agronegocio utilizaba millones de dólares para influir en las políticas de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Que develó cómo Apple ponía en riesgo de intoxicación a una comunidad con sus créditos de carbono. O cómo Shell se instaló en tierras municipales en la Costanera. O cuántas ciudades tienen planes para cuidarte del raudal. O cuánto saldrá una autopista priorizada por encima de un transporte público. O de qué manera organizaciones negacionistas norteamericanas influencian a los gobiernos de Peña y de Milei.

“Un hito en la historia de las políticas del cambio climático en Paraguay”. Así definió a la Audiencia Pública en el Congreso Nacional sobre el Impacto del Calor en Escuelas la directora nacional de cambio climático Ethel Estigarribia. La audiencia se dio tras la publicación de Consenso.

Pero ante todo, un medio que ha podido capear la diferencia entre moda y prioridad.

Construir coberturas que van más allá del efímero hype. Que está en reuniones con vecinos, rondas de tereré con comunidades campesinas, negociaciones internacionales con científicas y vuelos de dron dirigidos con pueblos indígenas.

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Ese es el mayor aprendizaje. Estar.

Queremos que Consenso esté más. Conjugo en plural porque es lo que nos dijeron ustedes en la encuesta respondida por más de 250 personas entre febrero y marzo.

Y porque este ha dejado de ser un proyecto personal y ya es uno colectivo.

📍Es por eso que si estás en Asunción y alrededores te quiero invitar el próximo viernes 22 de mayo desde las 16 horas a nuestra oficina en Espacio E (Estrella 977) para nuestro primer informe a suscriptores.

Además, recibirás un ejemplar de Las Guerras del Metano, un true crime climático que producimos con Climate Tracker en español, inglés y portugués.

🌱Luego te invitamos a que te quedes para nuestra clínica periodística. y cafecito. Allí compartiremos los aprendizajes de algunos de los reportajes de mayor impacto y las decisiones que tomamos en base a lo que respondieron en la encuesta.

Si no estás en Asunción (como casi la mitad de nuestros suscriptores) no te preocupes 🫶, planeamos pronto hacer una sesión virtual para que sumes tus comentarios y te informes de lo que hicimos con tu dinero.

Por mientras acá posando con el Premio Climate Covering Now 2025, el primero para un medio en Paraguay.

Hace una semana, en las orillas de Santa Marta, Colombia, más de 50 países que representan un tercio de la economía del mundo se reunieron en la primera conferencia para transicionar fuera de los combustibles fósiles. Los motivos no son solo que seguir quemando petróleo, gas y carbón pone en riesgo la posibilidad de que la civilización humana pueda seguir existiendo en este planeta. Es un riesgo geopolítico.

En la geografía, Santa Marta está a apenas dos vuelos de Asunción, en el mismo subcontinente sudamericano. Paraguay, que se ufana de ser un gigante en energía renovable, decidió no ir al encuentro.

En su lugar, un diputado del partido oficialista, José Ramón Rodríguez Maciel, revivió un proyecto a contramano del mundo: uno que busca habilitar la explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco, un área silvestre protegida en el límite con Bolivia, lugar de recarga del Acuífero Yrenda - una de las principales fuentes de agua dulce de la región - y hogar del famoso tirika.

Detrás están empresas como la petrolera Zeus Oil, que está involucrada con el gobierno de Santiago Peña también en la negociación del gasoducto que incluye a Vaca Muerta y su conexión con Brasil.

De acuerdo con el viceministro Mauricio Bejarano, el gas “natural” es parte de la “atracción de inversiones de vanguardia” como los datacenters para inteligencia artificial y criptominería, que exigen alto consumo eléctrico y ya ponen en aprietos la producción de Itaipú.

El proyecto de gasoducto está vinculado a la prospección en Médanos y costaría al menos 2000 millones de USD que tendrían financiamiento de la CAF.

El proyecto de ley busca no solo habilitar la prospección de hidrocarburos sin consulta previa a los pueblos indígenas que viven allí, sino que también la de minerales como el litio. Una de las empresas en búsqueda de mineral en la región es Chaco Minerals, una opaca empresa con antecedentes de falsear datos en licencias ambientales en tierras indígenas. Coincide con la firma de un memorando entre Paraguay y Estados Unidos sobre minerales críticos.

¿Qué es el Parque Nacional Médanos del Chaco? ¿Dónde está? ¿Por qué se llama así?

El Parque Nacional Médanos del Chaco fue creado en 2003, pero es oficialmente un área silvestre protegida de 605.075 hectáreas desde 2016. Se encuentra en la región Occidental, entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y bordea los límites con Bolivia.

Se llama así por los médanos, una especie de dunas que caracterizan al parque y que se fueron formando debido a la erosión causada por el viento en los últimos 5 mil años.

El Parque Médanos del Chaco es parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco, creada para «preservar el patrimonio natural y cultural del Paraguay» y declarada patrimonio por la Unesco en 2005.

El parque fue creado por decreto en 2003 y se convirtió en 2016 en un área protegida con el objetivo explícito de «proteger la diversidad biológica por medio del aumento de la biomasa protegida y de esta manera contribuir a la regulación ambiental, específicamente el clima», de manera que Paraguay cumpla con los objetivos planteados en el Acuerdo de París.

La creación de este parque fue uno de los argumentos por los cuales el país recibió 50 millones de dólares por deforestación evitada por parte del Fondo Verde del Clima, dinero que sirvió entre otros para mejorar la identificación de deforestación e incendios forestales en el Instituto Forestal Nacional, la construcción del nuevo edificio del Ministerio del Ambiente y pagos a pueblos indígenas para proteger bosques en sus comunidades.

El Parque Médanos genera un corredor de biodiversidad con el Parque Nacional Defensores del Chaco, lo que permite, por ejemplo, al yaguareté recorrer la zona sin adentrarse en estancias ganaderas. Médanos del Chaco también es el hogar del gato tigre chico, conocido como tiríca, que saltó a la fama por ser la mascota oficial de los juegos Odesur. A su vez, se destaca por ser el único lugar conocido en Paraguay donde hay guanacos, una especie en peligro de extinción nacional.

Por sobre todo, el lugar se destaca por ser sitio de recarga del Acuífero Yrenda, que provee agua potable a las comunidades y la producción ganadera del norte del Chaco.

El parque también encierra un valor histórico como escenario de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Dentro del terreno está, por ejemplo, la llamada «picada de la desesperación» donde miles de soldados bolivianos murieron de sed en 1934.

Pueblos indígenas que viven en el lugar no fueron consultados

Mónica Centrón, de la organización Altervida, hace especial hincapié en que el lugar no solo tiene un valor ecosistémico e histórico, sino que es el territorio ancestral de pueblos indígenas. «Parte del terreno titulado de la Comunidad Pykasú del pueblo Guaraní Ñandeva está en el parque. Es decir, hay gente sentada allí». Además dentro del Parque Médanos del Chaco se encuentran ayoreos en aislamiento voluntario.

A través de un comunicado al cual accedió Consenso, el Pueblo Guaraní Ñandeva rechazó el nuevo intento de habilitar la prospección sin informarles ni pedir el consentimiento previo como la ley exige. En Paraguay no existe tampoco claridad sobre las compensaciones y distribución de los supuestos beneficios de actividades extractivas que cita el nuevo proyecto de ley en Diputados.

Gas y minerales para datacenters y criptominería

El 28 de abril el Diputado Nacional José Ramón Rodríguez Maciel (ANR-Cartismo) presentó el proyecto que pretende modificar los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016 que creó el área protegida. Es prácticamente calcado del intento similar en 2022.

La modificación de estos artículos obliga a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tenga que permitir actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, «siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental». El proyecto no cita cuales serían estas medidas.

Entre las empresas interesadas se destaca Zeus Oil SA/Olympic (Perú), que había obtenido una concesión durante el primer periodo de Mauricio Bejarano como viceministro de Minas y Energía en 2015. El CEO de la empresa en Paraguay, Giuliano Franco Martin, acompañó a la delegación del gobierno de Peña en la visita al gobierno de Javier Milei con ministro de Economía Luis Caputo en Argentina para avanzar en el proyecto de gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil que cruzaría el Chaco Paraguayo.

Delegación del gobierno de Paraguay en reunión con Argentina. Franco Martin de Zeus Oil es el segundo a la izquierda.

Franco Martin había realizado una presentación del proyecto de Zeus Oil - pese a estar en el área protegida - en 2024 durante el Foro Internacional de Gas y Energía donde también participaron el presidente Santiago Peña, el entonces ministro de Industria (y hoy jefe de gabinete) Javier Giménez y el viceministro Bejarano.

Allí destacó “lo primero que hicimos fue tomar toda la información que tenía el gobierno, con mucho apoyo del Viceministerio (de Minas y Energía) y llevar esa información en cajas (…) ahora está disponible para cualquier inversionista”.

El empresario también admitió que el país no tiene tecnología ni mercado alrededor del gas fósil, por lo que sería necesario que se invierta en infraestructura, pero subrayaba que “escuchamos al presidente la creación de un posible corredor de interconexión regional”. “El régimen fiscal es excelente, super atractivo” afirmó el empresario.

Además de Zeus Oil otras empresas interesadas son Primo Cano Martinez SA, que había conseguido el permiso durante la dictadura de Alfredo Stroessner y Riviera SA, una empresa franco-rusa que obtuvo la concesión durante el gobierno de Horacio Cartes. Primo Cano Martinez ya perdió en 2018 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la ley que declaraba el Parque Médanos del Chaco como Área Protegida.

Acción De Inconstitucionalidad “primo Cano Martinez S

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La sentencia de la Corte Suprema contra la petrolera en ese entonces se basó en el derecho constitucional a un ambiente sano y el principio de que el interés general prima sobre el interés particular.

De acuerdo a palabras del viceministro de Minas y Energía Mauricio Bejarano durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe enero de 2026 en Panamá, el impulso al mal llamado gas natural en Paraguay con el gasoducto y las prospecciones tiene vínculo directo con la expansión de datacenters para IA y criptominería y tendría el apoyo de la CAF a través de deuda. El monto total solo del gasoducto ronda los 2000 millones de USD.

Aparte de las empresas de combustibles fósiles, que siguen el manual de gaslightear con la falsa idea de que el gas fósil es un combustible de transición, la habilitación para prospección de minerales aumenta la presión sobre la región y el Acuífero Yrenda. De acuerdo a un análisis de Consenso con datos del Catastro Minero empresas como Chaco Minerals y Valquiria Explorations ya tienen solicitudes de prospección de litio en los bordes del Parque.

Ambas empresas comparten accionistas. Una investigación de Consenso y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para Litio en Conflicto encontró conflictos de interés, datos de licencias ambientales falseados y opacidad en los beneficiarios finales, que incluyen a un empresario ecuatoriano fallecido.

El proyecto de ley en Diputados además coincide con la firma de un memorando entre Paraguay y Estados Unidos para proveerle al último de minerales críticos.

El memorando tenía como compromiso que el gobierno paraguayo analice durante los próximos 6 meses qué proyectos podrían ser de interés del gobierno de Trump.

El compromiso incluye invertir dinero público y privado, incluyendo préstamos y acelerar procesos de aprobación de permisos y licencias ambientales.

Organizaciones proponen una mesa técnica para analizar impactos sociales, ambientales y económicos

Desde la Coalición Por Los Bosques, más de 60 organizaciones y empresas, como la Fundación Moisés Bertoni, el Consejo de Líderes de Comunidades Guaraní Ñandeva de la Reserva de Biosfera del Chaco, las asociaciones de estudiantes de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal, Altervida, WWF y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, entre otros, lanzaron un comunicado el 5 de mayo rechazando el proyecto presentado en Diputados.

El comunicado resalta que “desde el punto de vista jurídico, la modificación propuesta implica un claro retroceso en materia ambiental, vulnerando el principio de no regresión y el derecho constitucional a un ambiente sano, consagrado en los artículos 6, 7, 8 y 81 de la Constitución Nacional”.

“La aprobación de este proyecto representaría un retroceso crítico en el compromiso del Paraguay en la materia”.

“Asimismo, contradice compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Afronta gravemente el cumplimiento del Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) 2025-2030, recientemente presentado por el MADES.

La eventual aprobación de este proyecto no solo afectaría gravemente al Parque Nacional Médanos del Chaco, sino que sentaría un precedente peligroso para todas las áreas silvestres protegidas del país, una violación del Acuerdo de París y el Protocolo de Montreal que “podría afectar acuerdos estratégicos como el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo cumplimiento es clave para el acceso a mercados internacionales”.

Las organizaciones y empresas, que ya impulsaron la campaña que logró el veto del intento similar de 2022 por parte del entonces presidente Mario Abdo, proponen ahora la creación de una mesa técnica para analizar todas las aristas sociales, ambientales y económicas alrededor del proyecto que fue girado a las comisiones de la Cámara de Diputados.

El jueves 21 de mayo se prevee una primera Audiencia Pública en la Cámara alrededor de este proyecto. El Ministerio del Ambiente ya adelantó su rechazo en una nota enviada a congresistas, mientras que la Comisión de Energía y Minería dio su aprobación.

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Consenso publishes today an exclusive investigation into the lack of infrastructure and the risk of heat islands for hundreds of educational institutions and thousands of students and teachers in Asunción and Central.

Through the analysis of satellite images and official data , we created an interactive map that indicates the risk of heat islands in schools and colleges that start classes with a deficit of bathrooms, drinking fountains, electricity, fans and air conditioners.

95% of these educational institutions are located in heat islands ranging from moderate to extreme.

ACCEDÉ AL MAPA AQUÍ

There are 759 educational institutions located in Asunción and Central with infrastructure deficits that are at moderate to extreme risk due to temperatures worsened by climate change in Paraguay, one of the hottest countries in the world right now.

In turn, at least 115,316 children and adolescents in Asunción and Central are in schools and colleges with problems of access to water, electricity or ventilation in heat islands.

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What are urban heat islands?

Image: Transecto

An urban heat island is a phenomenon that occurs in a specific location where the temperature is higher than average due to:

a) More cement and less green: where cement and concrete - such as that of gas stations and supermarkets - have been replacing forests and other green areas that provide not only shade, but also natural cooling of the soil.

Buildings and asphalt absorb heat during the day and release it more slowly at night.

b) Tall buildings and narrow streets: the construction of high-rise buildings - as in the Santa Teresa area - and narrow streets - as in the center of Asunción - reduces the possibility of wind.

The air is trapped and heats up, worsening the feeling of high temperatures. Furthermore, buildings with glass windows can reflect sunlight onto the ground, creating a magnifying glass effect.

c) Air conditioning and pollution: Hundreds of thousands of air conditioners roar in the cities of Paraguay.

While they’ve become essential for surviving unusually hot weather, they do so at the cost of expelling hot air outside. This creates a vicious cycle where more air conditioning is needed because the heat feels even worse.

Another problem is air pollution from vehicles and fires, which trap solar radiation.

Many educational institutions in Paraguay have lost shade due to the need to build more classrooms or the uncontrolled urban growth in Asunción and Central. Others are buildings designed for a world of 40 years ago, with temperatures that no longer exist.

Scientific evidence on the impact of heat on education reveals a worrying reality for Paraguay: it threatens the ability of children and adolescents to study .

1. It affects the ability to concentrate and learn.

2. It increases the risk of dehydration, breathing problems, and heart problems.

3. The risk of school absenteeism increases.

BUSCÁ TU ESCUELA

The country, which already suffers from the largest increase in average temperature in the last two decades in Latin America according to the Lancet Countdown, is also faced with an underfunded education system that is unable to fulfill its promise of reducing inequalities.

This is compounded by insufficient investment in infrastructure in general and in adaptation to climate change in particular.

According to official data, the country received only 0.87% of what it needs to prepare for the impact of increasingly higher temperatures that affect everything from local economies to access to education.

The nation’s capital has the highest number of schools with infrastructure deficits in the face of climate change, which in turn are located in high- to extreme-risk heat islands.

It is important to understand that a building may house more than one educational institution - or that several consecutive reports of infrastructure needs were made in 2024 for the same institution.

Although these cases are statistically rare, we have decided to leave them in order to respect the integrity of the official data.

More than half of the institutions with infrastructure deficits in high to extreme heat islands need to repair or build toilets for their students and teachers.

We invite you to read the frequently asked questions section to resolve your doubts about our sources, methodologies and how we build the database.

In an upcoming edition of the newsletter, we will analyze case studies, such as the impact of fuel station construction on the increase in average temperature around where thousands of children attend school.

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Credits

Data Analysis

Maria Belén Galeano

Development of special products

Tania Karo Mesa Montórfano

Photographs

Nicolás Granada

Illustrations

Enrique Bernardou

Journalistic direction, GIS analysis and writing

Maximiliano Manzoni

This special was produced by Consenso (2025). The content of this project is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License, and the project’s source code is licensed under the MIT License.

Te saludo desde Asunción, Paraguay, en el corazón de Sudamérica, y te doy la bienvenida a una nueva edición renovada del Matecito de Domingo, el quincenal de Consenso sobre clima, justicia y desinformación.

Hace dos semanas volví del Patrimonio Cultural y Natural Ayoreo Totobiegosode, un área de 550 mil hectáreas en Alto Paraguay, Chaco. Es un lugar al cual van pocos blancos con otra intención que no sea deforestar.

Estuve invitado por los Ayoreo de la Comunidad Chaidi, en la entrada al territorio. A quince hombres con rifles acompañé a monitorear con tres camionetas las picadas con espinas que desinflan ruedas, el polvo de sal que desorienta la electrónica y el bosque que alimentó a sus familias por centurias.

Más de noche que de día, los Ayoreo se hablaban entre ellos. Capaz rememoraban su tiempo antes de salir del monte. Capaz planeaban el recorrido de la mañana siguiente. Capaz solo se reían de nosotros, los coñones masacrados por los mosquitos.

Noche en el Patrimonio Ayoreo Totobiegosode.

Ese es término para describirnos, coñones. Significa personas que hacen cosas sin sentido. Para un pueblo que caza y recolecta todo del bosque, la deforestación es un acto que escapa de la lógica.

En esas noches el cielo era parecido al que vieron los integrantes de la misión Artemis. Excepto que los astronautas no disfrutan de la ocasional avioneta que surca el Chaco esquivando radares militares. Capaz por ello los Ayoreo no piden deseos cuando ven estrellas fugaces. No vaya a ser se confundan.

En las noches lunares también me hablaron a través de sus intérpretes. Me contaron de cómo sus chamanes usaban el caraguata para ver otros futuros. Del miedo que inspiraba escuchar el mugido de una vaca cuando vivían en aislamiento. Uno de ellos, Ngoi, fue de los últimos en ser contactado contra su voluntad en 2004. Ngoi tiene todavía a su padre en algún lugar entre Cerro León y el Patrimonio, escapando de las bestias de piel de metal que dan vuelta las piedras y espantan a los osos hormigueros y tortugas que comen.

Restos de una topadora en una de las picadas a la entrada del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode.

Ese contacto no solicitado de misioneros y topadoras no solo los expuso a enfermedades que no tenían y realidades que no pedían. Algunos de los Ayoreo más jóvenes que saben español y ofician de intérpretes, como Rosalino, no tienen modo de traducir todo lo que dice Ngoi o Porái, el lider de la comunidad, por la simple razón de que hablan de animales y flores que el mismo nunca vió.

En su paper Hacia Geografías Humildes, Samantha Villes habla de cómo “el mundo interviene en nuestro conocimiento; excede nuestras descripciones del mismo al confrontarnos con lo caótico, resbaladizo y sorprendente que es vivir en él”.

Villes hablaba de su propio oficio, de ser geógrafa. El Patrimonio es un lugar que he visto desde satélites todas las semanas desde hace diez años. Sus bordes son un mapa de rectángulos dibujados para intentar capturar lo que los límites nacionales nunca reconocieron.

Estar allí, converger la vista cenital de Landsat o un dron con mirar a los ojos el mundo de un pueblo de guerreros reducido a hacer changas para los mismos ganaderos que invadieron sus tierras fue un ejercicio humilde. Ciertamente, todo lo que te quiere o puede matar en el Chaco ayuda.

De este viaje, Consenso inició esta semana una serie de investigación llamada Coñones. Con documentos y hallazgos que tocan a gente muy poderosa. Podría hablar de ellos acá. No me interesa. Tampoco me interesa hablar por los Ayoreo. Es un pueblo con voz propia.

Lo que si me interesa es lograr hacer un periodismo que haga honor a la confianza que se me depositó en esas noches. Porque es uno de los casos donde nuestra independencia no solo es un beneficio. Es una responsabilidad.

También en esta edición:

Paraguay y Argentina avanzan en gasoducto mientras inicia conferencia para abandonar los fósiles en Colombia · Minería y criptominería en Paraguay: Defensores ambientales bajo ataque · Más de la mitad de lo que dice Big Tech sobre el impacto de la IA en el clima es greenwashing.

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In January 2022, the president of the National Forestry Institute, Cristina Goralewski, received a report from her director of Legal Advice, Victor González Bedoya.

The report, part of 92 pages of documents, indicated that the Chortitzer Cooperative had illegally deforested 526 hectares between September 2018 and September 2020 in lands of the Ayoreo Totobiegosode Cultural and Natural Heritage (PNCAT), recognized by the State since 2001 and protected by a precautionary measure of the Inter-American Commission on Human Rights since 2016.

The deforestation was illegal because Chortitzer’s land use change license had been revoked since the international meassure.

González Bedoya recommended that the National Forestry Institute initiate an administrative inquiry against the company for a “very serious breach” of the Forestry Law.

The arguments for the summary proceedings against Chortitzer included “the impact on native forests, the violation of the suspension (of the land use plan), recidivism, bad faith, the irregularity and illegality of the conduct AND THE MOTIVE FOR PROFIT THROUGH TRADE FROM IRREGULAR CLEARINGS”.

Due to the classification of “very serious offense”, Chortitzer was exposed to a fine of up to 10,000 days’ wages - about 170,000 USD at current exchange rate - and had to invest in regenerating the affected forest.

Now, Consenso has obtained exclusive documents showing that while the National Forestry Institute initiated an investigation into Cooperativa Chortitzer for the illegal deforestation of indigenous lands, it took more than a year to notify the company and did so at the wrong address, allowing the company to have the case expire and the deforestation go unpunished.

Among Infona’s omissions is taking more than a year to notify Chortitzer of the investigation and sending the notification to one of the facilities instead of the company’s legal representatives, with whom the agency has had a cooperation agreement since 2021. At that time, Cristina Goralewski publicly referred to Chortitzer as a “true example of sustainable development“.

Consenso also visited the Ayoreo Heritage site and was able to confirm with drone footage of the area occupied by the Chortitzer Cooperative that deforestation persists. According to Earthsight’s investigation, the leather used in luxury cars in Europe came from these lands.

Deforestation in Chortitzer is visible from the beginning of the Ayoreo Heritage - clearing on the right of the image - April 2026

Deforestation even affects the protection zone established by the forestry law.

Location of the drone from where the deforestation images were taken within the Ayoreo Heritage - April 2026. The site corresponds to a ranch owned by the Chortitzer Cooperative according to data from Cadastre and Infona.

The case demonstrates another violation of the precautionary measures that the IACHR imposed on the Paraguayan State a decade ago, which included preventing deforestation in the area where the last people in voluntary isolation in South America outside the Amazon is located.

The findings also refute claims by the Paraguayan Leather Chamber, which on April 21 asked the Paraguayan State to sue “for defamation” organizations such as Earthsight and Survival International, which have been investigating the case.

Currently, a delegation from the Ayoreo People, which includes Porai Picarenai, leader of the Chaidi community, is in Italy to meet with representatives of the Italian Parliament and the Vatican.

Consenso learned that the Paraguayan government refused to receive the Ayoreo representatives at the Embassy in Rome, canceling the meeting scheduled for the same day that the Leather Chamber claimed it had “the full support” of the Ministry of Foreign Affairs of the Santiago Peña government.

The precautionary measures of the Inter-American Commission on Human Rights.

1. Actions aimed at preventing the continuation of deforestation in the territory recognized and currently being processed in favor of the Ayoreo People.

2. The creation of a mechanism intended to protect and prevent the entry of third parties into the territory recognized and currently being processed in favor of the Ayoreo Totobiegosode People.

3. The creation of specific protection protocols against unwanted sightings or contact, based on applicable international standards.

4. All those measures that are intended to protect the life and personal integrity of the beneficiaries of the precautionary measures , based on the principle of no contact, and that result from the agreement of these precautionary measures with the representatives of the beneficiaries.

Everything the Paraguayan Govt did (and didn’t do) to leave the illegal deforestation of Chortitzer unpunished

Following the original request for a summary investigation by the Legal Department of Infona on January 22, 2022, regarding deforestation that occurred between 2018 and 2020.

But Infona took more than a year to actually send the summary notification to Chortitzer: on May 31, 2023.

The process server was official Óscar Ortiz, who stated in a handwritten note that he left the document at the gate of Estancia Sorpresa, a property of the Chortitzer Cooperative. This ranch is located more than 200 kilometers from the illegally deforested area.

Infona documents show that the notification of the summary for illegal deforestation was sent to another property, which was neither the one being investigated nor the address for legal matters of Cooperativa Chortitzer.

On June 14, 2023, the Livieres Guggiari Law Firm, representing Chortitzer, sent a document to Infona requesting that the notification be made at the address for legal matters of the Cooperative: the office of the aforementioned law firm in Asunción, which is 650 kilometers from the ranch where the summary notification was sent.

Such neglect by Infona is striking since Livieres Guggiari has legally represented Chortitzer before the institution since at least 2020, according to documents accessed by Consenso.

The time it took Infona to identify the deforestation, request the summary, start the summary and rectify the site where they notified Chortitzer was enough for the company to achieve, through its legal representation, a prescription of the case on October 3, 2023.

The prescription was signed by the president of the National Forestry Institute, Cristina Goralewski Hempel.

Deforestation in the lands of the Ayoreo people went unpunished.

Santiago Peña’s government closes ranks against the Ayoreo while deforestation persists

Since April 18, 2026, two representatives of the Ayoreo people have been on an official visit to various public and private sector representatives in Italy to discuss the relationship between Italian industry and its impact on the territory protected by international law. The visit included meetings with representatives from the Vatican, the Italian Chamber of Deputies, and the leather industry.

It was also supposed to include a meeting with the Paraguayan Embassy in Rome, which was cancelled by the authorities.

Ayoreo leader Porai Picarenai in the Italian Chamber of Deputies, April 21, 2026.

In 2023, Pasubio, the company that received leather from illegal deforestation by companies like Chortitzer, had already announced that it would not buy from Paraguay due to a lack of environmental and social guarantees.

Consenso also learned that the case had been used as an example by the Paraguayan government itself in meetings with livestock associations in 2025 to advocate for the need to have a traceability system in light of the EU-Mercosur Agreement, which comes into force in May 2026.

The delegation includes Porai Picarenai, leader of the Chaidi community. Porai was one of the Ayoreo who accompanied Consenso on their visit to the Heritage site between March and April 2026, where the media outlet was able to corroborate, with drone images, the continued deforestation on the land that Infona had documented in 2022.

Despite this, first the Paraguayan Leather Chamber and then the self-styled Chaco Sustainable Development Platform issued statements rejecting the visit and the evidence. The Paraguayan Leather Chamber called on the State to sue Earthsight and Survival International for defamation, while the Platform directly attacked Consenso for the first publication in this series, denying the evidence of the invasion and illegal deforestation acknowledged by the Infona itself.

The statement was signed by Egon Neufeld, representative of the Rural Association of Paraguay, the country’s main livestock association.

The Paraguayan Leather Chamber, represented by Emilio Bedoya, declared on April 21 that they had the full support of the Ministry of Foreign Affairs in the face of “this NGO campaign.” That same day, the Paraguayan Embassy in Rome canceled its scheduled meeting with the Ayoreo delegation.

On April 23, Minister of Industry and Commerce Marco Riquelme also spoke out against the Ayoreo visit to Italy, saying that the allegations of illegal deforestation related to leather were “fallacies” and “a total distortion of the reality we live here in Paraguay. These NGOs spend their time writing articles as if they knew the Paraguayan Chaco, the way of working in Paraguay,” he told ABC.

Consenso walking along a dirt road in the Ayoreo Heritage Totobiegosode in the rain - April 2026.

The Chortitzer case is not the only one that reveals the web of climate change, justice, and misinformation surrounding Ayoreo heritage. Subscribe to follow the next installment of Coñones.

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En enero de 2022, la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, recibió un informe de parte de su por entonces director de Asesoría Jurídica, Victor González Bedoya.

El informe, parte de 92 páginas de documentos, indicaba que la Cooperativa Chortitzer había deforestado de manera ilegal 526 hectáreas entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020 en tierras del Patrimonio Cultural y Natural Ayoreo Totobiegosode, reconocidas por el Estado desde 2001 y protegidas por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2016.

La deforestación era ilegal porque Chortitzer tenía revocada la licencia de cambio de uso de suelo.

Gónzalez Bedoya recomendó al Instituto Forestal Nacional iniciar un sumario administrativo a la empresa por “falta gravísima” a la Ley Forestal.

Los argumentos para el sumario a Chortitzer incluían “la afectación de bosques nativos, la violación de la suspensión (del plan de uso de la tierra), la reincidencia, la mala fe, la irregularidad e ilegal de la conducta Y EL ÁNIMO DE LUCRO A TRAVÉS DEL COMERCIO PROVENIENTE DE DESMONTES IRREGULARES”.

Debido a la calificación de “falta gravisima” Chortitzer se exponía a una multa de hasta 10.000 jornales - unos 170.000 USD a cambio actual - y debía invertir en regenerar el bosque afectado.

Ahora, Consenso accedió a documentos exclusivos que muestran que si bien el Instituto Forestal Nacional instruyó un sumario a Cooperativa Chortitzer por la deforestación ilegal de tierras indígenas, tardó más de un año en notificar a la empresa y lo hizo en la dirección equivocada, dejando que la empresa lograra que la causa prescribiera y que la deforestación quedara impune.

Entre las omisiones del Infona se incluye haber tardado más de un año en avisar del sumario a Chortitzer y enviar la notificación a una de las estancias y no a la representación legal de la empresa con quien el ente tiene un acuerdo de cooperación desde 2021. En ese entonces, Cristina Goralewski se refirió públicamente a Chortitzer como un “fiel ejemplo de desarrollo sustentable”.

Consenso visitó además el Patrimonio Ayoreo y pudo corroborar con imágenes de dron en el área ocupada por Cooperativa Chortitzer que la deforestación persiste. De estas tierras, de acuerdo a la investigación de Earthsight, provenía el cuero que terminaba en autos de lujo en Europa.

Deforestación de Chortitzer se ve desde el inicio del Patrimonio Ayoreo - desmonte a la derecha de la imagen - abril 2026

Deforestación incluso afecta a la franja de protección establecida por la ley forestal.

Ubicación del dron desde donde se tomaron las capturas de deforestación dentro del Patrimonio Ayoreo - abril 2026. El sitio corresponde a una estancia a nombre de Cooperativa Chortitzer de acuerdo a datos de Catastro e Infona.

El caso demuestra otra violación a las medidas cautelares que hace una década la CIDH impuso al Estado paraguayo, y que incluía evitar desmonte en el área donde se encuentra el último pueblo en aislamiento voluntario de Sudamérica fuera de la Amazonía.

Los hallazgos también refutan afirmaciones de la Cámara Paraguaya de Cuero, que el 21 de abril pidió al Estado paraguayo litigar “por difamación” a organizaciones como Earthsight y Survival Internacional, que llevan investigando el caso.

Actualmente, una delegación del Pueblo Ayoreo, que incluye a Porai Picarenai, lider de la comunidad Chaidi, se encuentra en Italia para reunirse con representantes del Parlamento de aquel país y del Vaticano.

Consenso supo que el gobierno paraguayo se negó a recibir a los representantes Ayoreo en la Embajada en Roma, cancelando la reunión prevista para el mismo día que la Cámara del Cuero afirmaba que tenía “el total apoyo” del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Santiago Peña.

Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. Acciones destinadas a evitar la continuidad de la deforestación en el territorio reconocido y actualmente en trámite a favor del Pueblo Ayoreo.

2. La creación de un mecanismo destinado a proteger y evitar el ingreso de terceros en el territorio reconocido y actualmente en trámite a favor del Pueblo Ayoreo Totobiegosode.

3. La creación de protocolos específicos de protección ante avistamiento o contacto no deseados, sobre la base de los estándares internacionales aplicables.

4. Todas aquellas medidas que estén destinadas a proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios de las medidas cautelares, sobre la base del principio de no contacto, y que resulten de la concertación de las presentes medidas cautelares con los representantes de los beneficiarios.

Todo lo que el Estado hizo (y no hizo) para dejar impune la deforestación ilegal de Chortitzer

Luego del pedido original de sumario por parte de la Dirección Jurídica del Infona el 22 de enero de 2022 por una deforestación sucedida entre 2018 y 2020.

Pero el Infona se tomó más de un año para efectivamente enviar la notificación de sumario a Chortitzer: el 31 de mayo de 2023.

El notificador fue el funcionario Óscar Ortiz, que en una nota a mano refirió que dejó el documento en el portón de Estancia Sorpresa de la Cooperativa Chortitzer. Una estancia a más de 200 kilómetros del área deforestada ilegalmente.

Documentos del Infona muestran que notificación de sumario por deforestación ilegal se envió a otra estancia, que no era ni la investigada ni el domicilio para asuntos legales de Cooperativa Chortitzer.

El 14 de junio de 2023 el Estudio Jurídico Livieres Guggiari, en representación de Chortitzer, envió un documento al Infona requiriendo que la notificación se realice en el domicilio para asuntos legales de la Cooperativa: la oficina del citado estudio jurídico en Asunción que se encuentra a 650 kilómetros de la estancia donde se envió la notificación de sumario.

Llama la atención tal descuido del Infona ya que Livieres Guggiari representa legalmente a Chortitzer ante la institución desde al menos 2020, de acuerdo a documentos accedidos por Consenso.

El tiempo que tardó el Infona en identificar la deforestación, pedir el sumario, empezar con el sumario y rectificar el sitio donde notificaron a Chortitzer fue suficiente para que la empresa lograra a través de su representación legal una prescripción del caso el 03 de octubre de 2023.

La prescripción fue firmada por la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski Hempel.

La deforestación en tierras del Pueblo Ayoreo quedó impune.

El gobierno de Santiago Peña cierra filas contra los Ayoreo mientras deforestación persiste

Desde el 18 de abril de 2026, dos representantes del Pueblo Ayoreo se encuentran en una visita oficial a diferentes representantes públicos y privados en Italia para informar de la relación entre la industria de aquel país y el impacto en el territorio protegido por la medida internacional. La visita incluyó reuniones con representantes del Vaticano, de la Cámara de Diputados de Italia y del sector del cuero.

También debía incluir una reunión con la Embajada de Paraguay en Roma, la cual fue cancelada por las autoridades.

El lider Ayoreo Porai Picarenai en la Cámara de Diputados de Italia, 21 de abril de 2026.

En 2023, la empresa Pasubio, donde iba a parar el cuero que provenía de la deforestación ilegal realizada por empresas como Chortitzer, ya había anunciado que no compraría de Paraguay debido a falta de garantías ambientales y sociales.

Consenso también supo que el caso había sido utilizado como ejemplo por el propio gobierno de Paraguay en reuniones con gremios ganaderos en 2025 para abogar por la necesidad de tener un sistema de trazabilidad ante el Acuerdo UE-Mercosur, que entra en vigor en mayo de 2026.

La comitiva incluye a Porai Picarenai, lider de la comunidad Chaidi. Porai fue uno de los Ayoreo que acompañaron a Consenso en su visita al Patrimonio en entre marzo y abril de 2026, donde el medio pudo corroborar con imágenes de dron la persistencia de la deforestación en el terreno que el Infona había documentado en 2022.

Pese a ello, primero la Cámara Paraguaya de Cuero y luego la autodenominada Plataforma de Desarrollo Sustentable del Chaco emitieron comunicados en rechazo de la visita y la evidencia. La Cámara Paraguaya de Cuero pidió al Estado “demandar por difamación” a Earthsight y Survival Internacional, mientras que la Plataforma cargó directamente contra Consenso por la primera publicación de esta serie, negando la evidencia de la invasión y deforestación ilegal reconocida por el propio Estado.

Firmó el comunicado Egon Neufeld, representante de la Asociación Rural del Paraguay, el principal gremio ganadero del país.

Comunicado De La Plataforma Sustentable Del Chaco Contra Consenso

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La Cámara Paraguaya de Cuero, representada por Emilio Bedoya, declaró el 21 de abril que tenían el total apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores ante “esta campaña de las ONGs”. El mismo día, la Embajada de Paraguay en Roma canceló la reunión que tenían con la comitiva de los Ayoreo.

El 23 de abril, el ministro de Industria y Comercio Marco Riquelme también salió en contra de la visita de los Ayoreo a Italia diciendo que las denuncias de deforestación ilegal relacionada al cuero eran “falacias” y “una distorsión total de la realidad que vivimos acá en Paraguay. Estas ONG se pasan escribiendo artículos como si fuera que ellos conocen el Chaco paraguayo, la forma de trabajo del Paraguay” dijo a ABC.

Consenso recorriendo un camino de tierra en el Patrimonio Ayoreo Totobiegosode en medio de la lluvia - abril de 2026.

El caso de Chortitzer no es el único que muestra la trama de clima, justicia y desinformación alrededor del Patrimonio Ayoreo. Suscribite para seguir la siguiente entrega de Coñones.

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En 2020, Grand Theft Chaco develó como empresas paraguayas y brasileñas habían invadido y deforestado ilegalmente el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT) en el Chaco. Éste es el último pueblo indígena sudamericano en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía.

La investigación, publicada por la ONG británica Earthsight, encontró que las empresas Caucasian SA y la Cooperativa Chortitzer habían deforestado cada una 2700 y 500 hectáreas de territorio ayoreo entre 2018 y 2019. Una tercera empresa, Yaguareté Porã, también era responsable de convertir tierras indígenas en estancias ganaderas durante la última década y media.

El objetivo: hacer lugar para las vacas que proveen el cuero a empresas como Pasubio, con el fin de tapizar autos de lujo BMW y Jaguar Land Rover en Europa.

Una investigación conjunta de este periodista y Earthsight revela que el Instituto Forestal Nacional (Infona) sabía desde hace años que tanto Caucasian como Chortitzer estaban deforestando ilegalmente el Patrimonio Ayoreo. Con suspensiones a sus planes de uso de la tierra, ambas empresas prosiguieron de manera impune por al menos 5 años más. Aún así, tanto el Infona como el MADES firmaron en 2021 convenios con la Cooperativa Chortitzer.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible le renovó la licencia ambiental a Caucasian en 2020, pese que para ese entonces la empresa llevaba miles de hectáreas deforestadas en tierras ayoreo protegidas por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016.

En conjunto con Earthsight accedí a 92 páginas de documentos que ambos entes públicos proveyeron ante pedidos de información pública que realicé y una consulta oficial del Senado, encabezada por el entonces presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Miguel Rodríguez.

Los documentos también incluyen un informe firmado por la Asesoría Jurídica del Infona en enero de 2022 que constituye el primer reconocimiento oficial del Estado paraguayo de la responsabilidad de Chortitzer en la deforestación del Patrimonio Ayoreo.

El Estado habilitó a deforestadores pese a medidas internacionales

Uno de los documentos que el Infona presentó al Senado cita que en 2017 el ente había documentado la deforestación ilegal de 3000 hectáreas del territorio ayoreo en ocho meses. Aunque la Dirección de Asesoría Jurídica del Infona identificaba todavía a Diego León Casado y las empresas Sinha Pora y Panambí Pora como dueños de la estancia ganadera infractora, ya desde 2016 el terreno había pasado a ser propiedad de Luiz Constantino Santi y su empresa Caucasian, según documenta en un memorándum Carlos Irrazábal, de la Dirección General de Bosques del Infona.

Entre 2017 y principios de 2020, la deforestación llegó a un aproximado de 6000 hectáreas, contraviniendo la suspensión de su plan de uso de tierra. Varios informes de monitoreo demuestran que el Infona sabía al menos desde 2017 de la deforestación que la empresa realizaba año a año.

Caucasian no solo estaba violando en ese entonces la medida cautelar dispuesta por la CIDH, sino que las propias leyes forestales, al deforestar para la ganadería hasta el bosque que debía dejar como reserva, según el propio Infona. Dos veces se instruyó a abogados y jueces realizar un sumario contra Caucasian, con el fin de establecer multas y medidas de recomposición. El caso quedó impune. Recién en 2021 Infona canceló definitivamente el plan de uso de tierra de la empresa ganadera.

Informes internos del Infona en 2020 y 2021 que demuestran que la entidad había identificado deforestación causada por Caucasian (bajo otro nombre) desde 2017.

Aún así, en 2018 Caucasian envió un nuevo relatorio de impacto ambiental al MADES y al Infona, con el fin de renovar su licencia ambiental. Lo que es peor: en 2020 el MADES le otorgó una nueva licencia ambiental, una decisión no solo absurda, sino preocupante siendo que el Ministerio sabía de la protección dispuesta sobre el Patrimonio Ayoreo desde 2016 con el fin de evitar nuevos desmontes.

La decisión del MADES fue revertida también recién en 2021, después que la ingeniera agrónoma Mayra Acosta, funcionaria del Infona, advirtió que la propiedad se encontraba “en un 100% dentro de la Comunidad Indígena Chaidi y Arocojnadi del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT)”. La nota de Acosta reveló otra cosa: al aprobar la auditoría de Caucasian en 2020 el MADES sostuvo falsamente que la estancia no afectaba áreas protegidas o comunidades indígenas.

Documento interno del Infona que señala inconsistencias con el MADES en el caso Caucasian.

Desde la imposición de la medida cautelar por parte de la CIDH, el gobierno paraguayo estuvo en mesas de negociación con los Ayoreo Totobiegosode para encontrar soluciones a la falta de protección de sus tierras, y devolvérselas al pueblo indígena.

La actuación del MADES demuestra que mientras el Estado era parte de un proceso formal para evitar mayor deforestación del PNCAT, al mismo tiempo habilitaba a que se prosiga con el ecocidio. En octubre de 2021, los Ayoreo se retiraron de la mesa de negociación debido a que el Estado paraguayo “no había hecho absolutamente nada” para cumplir con las medidas de CIDH, según Julio Duarte, abogado representante a los Ayoreo Totobiegosode consultado por Earthsight.

Los documentos del Infona demuestran que varios de sus funcionarios no tenían duda que Caucasian “violó repetidamente leyes forestales” y que lo hicieron “sin contemplación ni miramiento de que están dentro de un área de núcleo de una comunidad de pueblo aborigen” (sic). También concluyeron que Caucasian sabía perfectamente que estaba violando leyes ambientales.

No fue hasta octubre de 2021, el mismo mes que los Ayoreo se retiraron de la mesa de negociación y cuatro años después de las primeras pruebas de deforestación, que el Infona finalmente canceló el plan de uso de tierra de Caucasian y que su Dirección de Asesoría Jurídica recomendó tomar acciones penales contra la empresa.

En el caso de Chortitzer, las pruebas de inacción y complicidad son aún más difíciles de ignorar.

La empresa “ejemplo de desarrollo sustentable” que deforestó tierras indígenas por años

Documentos muestran que Infona sabía que Chortitzer deforestaba ilegalmente el Patrimonio Ayoreo desde hace al menos cuatro años. En febrero de 2018 suspendió el plan de uso de tierra de la estancia de la cooperativa menonita debido al desmonte ilegal, aunque los documentos no son concisos sobre el tamaño de la deforestación identificada en ese entonces.

Sin embargo no fue hasta en enero de 2022 que el Director de Asesoría Jurídica del Infona, Victor González Bedoya, envió un dictamen a la titular de la institución, Cristina Goralewski, donde finalmente recomendó cancelar la licencia de Chortitzer después de demostrar nueva deforestación ilegal de 526 hectáreas entre 2018 y 2020 en territorio Ayoreo.

Gonźalez Bedoya es hoy Director de Asesoría Juridica y de Mercados de Carbono en el Ministerio del Ambiente.

Informe sobre deforestación de Chortitzer enviado por la Dirección de Asesoría Jurídica del Infona a Cristina Goralewski.

Mientras la deforestación sucedía, tanto el Infona como el MADES no tuvieron problema en asociarse a la Cooperativa Chortitzer. Ambas instituciones públicas firmaron acuerdos de cooperación con la empresa. En el acto de firma del acuerdo de Infona en 2021, Cristina Goralewski se refirió públicamente a Chortitzer como un “fiel ejemplo de desarrollo sustentable”.

El texto del acuerdo entre el ente público y la empresa va más allá: Chortitzer es citada como una empresa “ comprometida con el cumplimiento de las normas ambientales vigentes”.

Aparte de su propio convenio, MADES también cultivó una relación cercana con Cencoprod, la empresa creada por Chortitzer junto a otras dos cooperativas menonitas con el fin de producir el cuero que luego exportan a Europa.

También accedimos a un mapa de diciembre de 2021 realizado por el MADES donde se identifican nuevos focos de calor en la estancia ganadera de Chortitzer en el territorio ayoreo. Al mismo tiempo, el Consejo Asesor del Infona encargado de elaborar el plan de manejo de fuego de acuerdo a una nueva ley está integrado, entre otros, por Fecoprod, asociación que agrupa a varias cooperativas de producción, entre ellas Chortitzer.

Informe oficial presentado por el MADES al Congreso Nacional, donde se identifican focos de calor en la estancia ganadera de Chortitzer. La empresa no fue investigada al respecto.

De esa estancia ganadera de Chortitzer en 2020 es que se identificó que provenía cuero, que luego de pasar por Cencoprod, se exportaba a Europa. Más del 80% de la producción de Cencoprod tenía como destino específico Italia, donde se encuentra Pasubio, la empresa que luego provee a BMW y Jaguar Land Rover. Tras las investigaciones de Earthsight y la presión de Survival Internacional, Pasubio renunció a seguir importando cuero paraguayo, un hecho que incluso influenció la posición paraguaya en el Acuerdo UE-Mercosur.

Los números de deforestación identificados por Infona coinciden en parte con los expuestos en Grand Theft Chaco. Las 526 hectáreas de desmonte atribuídas a Chortitzer entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020 es una cifra muy similar a las 520 hectáreas que Earthsight había identificado en el periodo julio a septiembre de 2019, lo que sugiere que fue en ese periodo de tiempo donde sucedió la mayoría de la deforestación ilegal.

En el documento enviado por González Bedoya a Goralewski en enero de 2022, se cita que Chortitzer no se acercó a la institución tras la suspensión de su plan de uso de suelo en 2018.

Para Bedoya, “la afectación de bosques nativos, violación de la suspensión (del plan de uso de tierra), la reincidencia, la mala fe, la irregularidad e ilegalidad de la conducta y el ánimo de lucro a través del comercio proveniente de desmontes irregulares” por parte de Chortitzer justifican “plenamente” un sumario administrativo a la empresa por “falta gravísima”. También recomienda que las áreas afectadas sean confinadas para su regeneración.

Próximamente:

¿Qué pasó de este sumario por deforestación a Cooperativa Chortitzer?

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