COP29: referentes indígenas buscan que se hable tanto de cantidad como de calidad de financiamiento
La falta de definición sobre el dinero para la acción climática en Bakú es una causa de "ansiedad" para delegados y delegadas indígenas en la conferencia.
Doscientos delegados indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo se encuentran entre observadores y partes directas de las negociaciones en Bakú. “Es un número menor al de Dubái, e ínfimo en comparación a los 64.000 delegados registrados en toda la conferencia”, sopesa Eileen Mairena Cunningham en el pasillo del pabellón, donde se encuentran representantes del Foro de los Pueblos Indígenas dentro de la COP29.
Mairena es una mujer indígena del pueblo miskito en Nicaragua y punto focal de contacto entre organizaciones de los Pueblos Indígenas de todo el mundo con la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La representante del denominado Caucus Indígena admite que está ansiosa pese a las sonrisas de cortesía. “El caucus funcionó alrededor de seis ejes temáticos, en los que se destacan financiamiento, daños y pérdidas y adaptación” explica.
La ansiedad proviene de la falta de definición del monto de la nueva meta de financiamiento climático a pocos días del final – en teoría – de la conferencia. “Hay rumores de que países quieren trasladar la discusión a la COP30 en Brasil. Por suerte ninguno es latinoamericano. Pero nos genera mucha ansiedad climática”, agrega.
La contradicción no es solo brasileña
Cuando en 2023 Ecuador decidió tras un plebiscito dejar las reservas de combustibles fósiles del Yasuní allí donde estaban, debajo de la tierra, el papel de los pueblos amazónicos como el Waorani fue más que relevante.
“Los líderes y lideresas indígenas alzamos nuestra voz para exigir el fin de los combustibles fósiles en nuestros territorios. Por eso, nos enfrentamos a un riesgo constante”, dice Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).
“Venir a estos espacios internacionales a decir ‘ya no más petróleo’ puede costarnos la propia vida y la de nuestras familias”, señala. Los Waorani un año después siguen exigiendo al gobierno de Ecuador que sean considerados parte del comité para hacer realidad lo que el voto popular refrendó: proteger el Yasuní.
Las palabras de Bay son mucho más que la experiencia de su pueblo. De acuerdo con un informe de Global Witness, los defensores ambientales indígenas de manera “desproporcionada” han sido víctimas de ataques y asesinatos por proteger sus territorios y hacer valer lo que los países rubricaron en Dubai en un lenguaje casi eufemístico: “transicionar para alejarnos de los combustibles fósiles”.
En un país como Ecuador, donde la crisis energética agobia con cortes de luz de más de 12 horas, la discusión sobre el financiamiento que se discute en la COP29 es también una discusión sobre una transición justa. “Algunos países presionan para eliminar las referencias a combustibles fósiles de los textos. Al hablar de derechos humanos pretenden discutir sobre términos ya consensuados, es vergonzoso”, dice el líder indígena waorani.
Dentro del Estadio Olímpico, donde ocurre la COP29, por unos días, se miró menos a las calles de Bakú y más a lo que sucedía a 12.000 kilómetros de distancia en la Cumbre del G20 de Río de Janeiro.
No solo por la presencia de todos los mandatarios que decidieron no mostrar sus rostros en la discusión sobre dinero. Sino también porque la dirigió el gobierno brasileño de Lula Da Silva, en una antesala a lo que podría ser el tenor de su presidencia en la COP30 de Belem en 2025.
El gobierno brasileño, como tantos otros, da señales contradictorias. En Río, Lula dio un apasionado discurso para que países desarrollados adelanten sus metas climáticas. La propia Amazonia vio cómo se redujo la deforestación desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, Brasil firmó un memorándum de entendimiento con Argentina – que acababa de retirarse de la COP29 – para comprarle gas.
La contradicción no solo es brasileña. Es latinoamericana. “Es incoherente que los Estados promuevan políticas de conservación de bosques mientras avanzan simultáneamente en la extracción de petróleo, incluso en áreas protegidas y territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, dice Miguel Guimarães, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – que incluye la Amazonía. En abril de este año, Guimaraes despertó con amenazas de muerte en la pared de su casa.
Del poco dinero que hay, el que llega es aún menor
Hasta el miércoles de la segunda semana la palabra “pueblos indígenas” se encontraba entre corchetes – el lenguaje de Naciones Unidas para indicar que no hay consenso – en el texto que rubrica la Nueva Meta de Financiamiento desde 2025. Esto cambió recién hoy, jueves, con el nuevo borrador del texto. Pero con otro problema: los países siguen sin acordar cuál será el monto, ni cómo lo van a contabilizar.
“Si no hay reconocimiento de la importancia de las acciones que los pueblos indígenas están realizando a nivel territorial sobre todo en adaptación, entonces no se va a traducir en acciones a nuestros países”, dice Eileen Marena.
Se amontonan estudios que dicen que el derecho a la tierra de los pueblos indígenas es la mejor solución ante la deforestación en el mundo. Sin embargo, de acuerdo con un informe de IFAD, entre 2011 y 2020 menos del 1% de los fondos climáticos internacionales fueron destinados a apoyar a los pueblos indígenas y su manejo de la tierra y bosques.
“El enfoque de esta COP sigue centrado en el rédito y pretende incluir al clima y la naturaleza dentro del sistema económico”, dice Txai Surui, coordinadora del Movimiento de Jóvenes Indígenas de Brasil y miembro del Consejo de Fundación Avina. Surui fue parte del grupo de jóvenes activistas climáticos que demandó a su país en 2021 por la regresión de sus compromisos ante el Acuerdo de París.
“Los pueblos indígenas somos la solución. Hasta que no entiendan esto, estas crisis interconectadas – la climática y la de biodiversidad – empeorarán”, expresa la activista.
Los pueblos organizados en el Caucus Indígena no solo esperaban que para estos días los países ya tuvieran un número acordado de financiamiento, sino que también los incluya en la agenda.
Eileen Marena, que antes de ser punto focal ante la Convención estuvo como asesora independiente del Fondo Verde del Clima, busca que se hable más allá del monto. “Tenemos un problema de falta de acceso directo a los fondos, sin intermediarios”, explica.
“No todos hicieron oídos sordos”, sostiene. “Nosotros estuvimos desde la semana antes del inicio de la COP29 aquí y tuvimos pláticas con países que son abiertos a este problema”. Cita entre ellos a Australia, Bolivia, La Unión Europea, Hungría y Tuvalú.
Los pueblos indígenas dentro de la COP29 también están prestando atención a lo sucedido con los mercados de carbono y su posible inclusión como mecanismo innovador de financiamiento.
“Hay comunidades indígenas que están a favor y otras que no. Entonces como Caucus no tomamos una posición unificada”, explica Marena Cunningham. Y agrega: “Pero con los escasos fondos que tenemos, lo que sí buscamos es que las comunidades tengan las capacidades para garantizar, que cuando esos proyectos lleguen, puedan tomar decisiones informadas y puedan hacer cumplir las salvaguardas como la consulta previa, libre e informada”.
A la espera de un consenso de última hora que proteja las esperanzas y garantice el dinero que los pueblos indígenas necesitan con tanta urgencia, líderes y lideresas indígenas buscan que se hable tanto de cantidad como de calidad de financiamiento.
“Muchas acciones ya las estamos haciendo porque es la forma de vida de nuestros pueblos. Esperamos que lo que se acuerde llegue realmente a los territorios y nosotros podamos tener una decisión sobre ese dinero, sobre todo para nuestra adaptación y afrontar las pérdidas y daños de un clima cada vez más extremo”, concluye Cunningham.