COP29: Las preguntas del billón
Cuánto dinero. Quiénes pagan. Cómo lo contamos.
La primera semana de la 29va Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático estuvo muy fría en las calles de Bakú. Del mismo modo, se sintieron los avances de la negociación que domina los pasillos y salas de prensa en el Estadio Olímpico.
No pasó mucho tiempo entre el inicio formal de la discusión y el primer rechazo, cuando el Grupo de 77+China – que en realidad representa a 130 países y el 80% de la población mundial – rechazó el texto inicial presentado en sus escritorios.
Que las negociaciones sobre la nueva meta global de financiamiento (o NSQG por sus siglas en inglés) se iban a empantanar tan rápido no sorprende, pero sí preocupa.
El primer escollo es ponerse de acuerdo en el monto.
Organizaciones de la sociedad civil del Sur Global exigen 5 billones de dólares anuales. “No es un monto que nos hayamos inventado”, dice Ilidy Nacpil, del Global Campaign to Demand Climate Justice. “Está basado en las necesidades reportadas por los países y en estudios independientes”, agrega.
A su lado, Jacobo Ocharan, parte de la Climate Action Network (CAN), una red de organizaciones, de las de mayor peso e historia en las conferencias, toma el micrófono de la conferencia de prensa para subrayar todo lo que la nueva meta debe financiar: “mitigación, adaptación, una transición justa y daños y pérdidas”.
De acuerdo con tres fuentes cercanas a las negociaciones, la “buena noticia” es que los países desarrollados “están hablando de billones”. La mala es que no se ponen de acuerdo en el monto exacto.
El G77+China se plantó en una trinchera lejana de lo requerido por las organizaciones de sociedad civil, pero todavía mucho más ambiciosa de lo que los países desarrollados se permiten imaginar: 1,3 billones (o trillions, en inglés) de dólares anuales.
El último texto de las negociaciones fue publicado sobre el final del viernes 15 de noviembre.
Gran parte de los periodistas ya se preparaban para caminar los 20 minutos que separan al Estadio Olímpico de Bakú de la estación con buses eléctricos que llevan a los cuatro puntos cardinales de la ciudad.
En un suspiro colectivo compartido por todos los idiomas, cientos volvieron sobre sus pasos para empezar a hacer sentido de un texto que a lo largo de 33 páginas sigue con más de 400 corchetes, el modo de Naciones Unidas de indicar que alguien no está de acuerdo con el párrafo que se encuentra dentro de ellos.
No se trata sólo de la cantidad de dinero
Las opciones principales sobre la mesa tienen un rango de entre 100 mil millones de dólares a 2 billones de dólares anuales. Pero ese no es el único punto contencioso: También se encuentra en la mesa la discusión de quiénes deben poner el dinero y qué se considerará financiamiento climático.
Las reglas de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, establecidas en 1992, son claras: los históricos responsables de la emisión de gases de efecto invernadero son quienes deben aportar el dinero necesario para hacer frente a la crisis. Estos responsables son el llamado “Norte Global”: la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, entre otros.
Pero estas reglas dejan por fuerza a otras grandes economías que desde 1992 han crecido en sus emisiones, como China y Arabia Saudita. En agosto, Estados Unidos ya pedía que estos países empezaran a aportar. Japón también sostuvo en octubre que “la nueva meta no podrá ser solo conseguida por los países desarrollados”. La Unión Europea habla que “todos los países contaminantes deben aportar”.
En una reunión informal con periodistas, el 15 de noviembre, la ministra de Ambiente de Colombia Susana Muhammad llevó al estrado el dilema y le agregó aún más complejidad. Acusó a los países desarrollados de pretender que el dinero acordado no sólo tenga como destino a los países del Sur Global, los más afectados por una crisis de la cual no son culpables.
La letra chica
Muhammad puso el dedo en la llaga en el tercer punto contencioso: cómo calcular qué es y qué no es financiamiento climático. “A nivel operativo, el financiamiento climático es todo lo que reduce emisiones y ayuda a la adaptación”, explica Nicole Makowski del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).
Cuando los países desarrollados anunciaron que en 2023 por primera vez habían cumplido la meta de financiamiento de los 100 mil millones de dólares, un informe de Oxfam descubrió que gran parte de ese “financiamiento” en realidad era deuda. Significa que los países afectados económicamente por los impactos del cambio climático a su vez deben endeudarse para impulsar las políticas que necesitan para prepararse para sus impactos.
Entre los numerosos corchetes de la discordia en el texto que intentarán consensuar durante la próxima semana los países en la COP29, se encuentra cuánto de la meta total serán fondos directos a los países del Sur Global, como Latinoamérica. Esto implica que no signifiquen préstamos ni otro tipo de mecanismos como el nuevo mercado de créditos de carbono aprobado en la COP29.
El financiamiento climático “no es caridad, es reparación”, dice desafiante Lidy Nacpil, del Global Campaign to Demand Climate Justice. “Proveerlo mediante mecanismos como deuda no solo contradice el principio de reconocer las responsabilidades históricas. No es suficiente que el monto de financiamiento climático sea el adecuado. Debe ser sin crear deuda, nuevo, adicional y proporcionado sin condiciones adicionales”.
Que el dinero llegue a quiénes lo necesitan de la manera que lo necesitan
Si todo lo anterior es resuelto entre los 192 países de aquí al próximo 22 de noviembre, ¿cómo se debería traducir en las necesidades del Sur Global?
Srilata Kammila, directora del departamento de Adaptación al Cambio Climático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo describe en el Resilience Hub de la COP29 una trifecta: “soluciones locales, donantes globales y sector privado”.
Para ello, cualquiera sea lo finalmente consensuado en montos, quiénes y cómo se verá ese financiamiento climático, Salha Dobardzic, especialista del Fondo de Adaptación está convencida que “la cadena de financiamiento cada vez que pensamos en una solución innovadora debe ser desde la perspectiva de los pequeños emprendedores, los pequeños productores agrícolas y quienes favorecen las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas”.
Dobardzic habla luego de escuchar de manera atenta por más de una hora a CEOs, gerentes de fondos de inversión y representantes de la sociedad civil. “Es imprescindible pensar qué se necesita para apoyar esas innovaciones sobre todo en adaptación”, dice la especialista, que lanza otra trifecta: “acceso equitativo a fondos, justicia social y soluciones creativas”.
La adaptación es considerada la prioridad de la mayoría de los países de Latinoamérica, pero hasta ahora persiste una marcada desigualdad en la cantidad de opciones disponibles para financiar lo que necesitan nuestras ciudades, sistemas de salud e infraestructura para adecuarse al impacto del aumento de temperaturas, sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.
Paraguay, por ejemplo, reportó que entre 2019 y 2022 accedió a menos del 1% de los fondos climáticos que necesita.
Las negociaciones sobre la nueva meta de financiamiento definirán no solo cómo será recordada la COP29 de Bakú, sino gran parte de las discusiones del próximo año en Belem, Brasil, cuando los países deban presentar sus nuevas metas de reducción de emisiones.
Con el albor de la segunda semana en el Estadio Olímpico, la discusión pasará a un ámbito más político bajo la presidencia de Azerbaiyán.