El precio del Acuerdo UE-Mercosur
El bloque europeo logró la mayoría para aprobar el tratado de libre comercio tras concesiones proteccionistas a sus agricultores y ambientales a los sudamericanos
Una mayoría calificada de países europeos acaba de aprobar el acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur pese a la oposición de países como Francia el 9 de enero de 2026
El acuerdo entre la UE y Mercosur —el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— reduciría y eliminaría progresivamente los aranceles entre las dos regiones, que suman 710 millones de habitantes y representan algo menos del 18% de la economía del mundo.
La aprobación se da tras dos décadas de idas y vueltas incluyendo dos anuncios oficiales, uno en 2019 y otro en 2023, y tras concesiones de ambas partes. La Unión Europea alivianó sus pedidos de medidas ambientales y laborales más estrictas, mientras que el Mercosur permitió que se pudiesen reimponer aranceles en productos en caso de afectar negativamente a agricultores europeos.
Agricultores, unidos en el desacuerdo en ambos lados del Atlántico
Como bien explica el investigador Andrea Taborri en Heñói, la oposición a la Acuerdo Unión Europea - Mercosur encontró por razones completamente diferentes en un misma trinchera a gremios locales del agronegocio, organizaciones ambientales, partidos de izquierda y de extrema derecha.
En un clima de epoca de crítica al modelo liberal instaurado tras la caída del Muro de Berlín, unos y otros critican a un capitalismo verde empujado por un lado por la búsqueda de ganancias de grandes exportadoras, y por el otro, reducir los riesgos financieros relacionados a los fenómenos climáticos extremos.
En el Mercosur, el agronegocio desplegó una ruborizante campaña que partió desde los argumentos antiglobalistas de una imposición colonial europea hasta un ataque a la responsabilidad histórica de Europa en el cambio climático.
Y digo ruborizante porque provino, en más de una ocasión, de los mismos gremios que no tienen problemas en aceptar otras instituciones globalistas - como la Organización Mundial del Comercio - o negar el cambio climático cuando eso les permite utilizar agroquímicos sin control o esquivar sus responsabilidades locales con el ambiente.
La defensa del agronegocio estuvo unificada en los ministerios de Agricultura de todo el Mercosur, pero fue más difusa a nivel diplomático.
Laa oposición a las reglas ambientales fue comandada por Brasil y por Paraguay.
En su primera visita como presidente electo de Paraguay a Brasilia, Santiago Peña se alineó a Lula, diciendo que las restricciones ambientales «son muy duras para una región que necesita desarrollarse».
En términos más duros se refirió su ministro del Ambiente, Rolando de Barros, tras una publicación del diario ABC donde se hablaba de que el acuerdo «limitaría» el desarrollo del país. Barros, quien era el ministro del Ambiente cuando el gobierno de Cartes ratificó el Acuerdo de París, ahora dice que luego de esa aprobación «han metido en la letra chica otras cuestiones como la ideología de género».
El uso de la desinformación sobre género por parte del gobierno para ir contra regulaciones ambientales no es nuevo: así lograron el rechazo de un acuerdo de transparencia ambiental bajo la excusa de que legalizaba el aborto. Este artilugio discursivo cobra relevancia ante el anterior impulso cartista contra la donación de la Unión Europea para la educación, basada en desinformaciones similares.
En el caso de Argentina, la posición diplomática del gobierno de Milei ha sido más ambigüa.
El presidente de extrema derecha, negacionista climático, retiró a su delegación de las negociaciones en la COP29, abandonando al grupo que se había formado con el resto de Mercosur.
Pero tanto su ganadería como agricultura tiene ya desarrollados varios mecanismos de trazabilidad desde antes de la vigencia del acuerdo.
En Uruguay, tanto Lacalle Pou como el nuevo presidente Yamandú Orsi estuvieron siempre a favor de la firma del Acuerdo.
Agricultores europeos en protesta contra el acuerdo. Foto: NOS
En Europa, las protestas de los agricultores en Paises Bajos en 2024 se extendió en varios países del bloque antes de las elecciones europeas.
De manera similar a en Sudamérica, el agronegocio multinacional capturó los cuestionamientos válidos de los pequeños agricultores sobre el abandono a la producción local para lograr que se eliminen de manera rápida políticas nacionales y regionales a nivel ambiental, bienestar animal y climáticas.
Entre Sudamérica y Europa, la colaboración de llamado Big Ag para por un lado defender sus propios intereses, y por el otro, desplegar campañas de desinformación revistiéndolas de defensa de los pequeños productores es cada vez más notoria y encuentra ecos norteamericanos.
La vuelta de Lula y sus fotos de bromance con el presidente francés Enmanuel Macrón no significaron que las negociaciones hayan sido menos rocosas.
Durante las tres últimas conferencias del Clima, Brasil encabezó el intento de incluír en la agenda la discusión sobre “medidas unilaterales de comercio bajo la excusa del cambio climático”, lo cual terminó logrando en la COP30 en Belém, aprovechando el impacto de medidas similares europeas a industrias de India y China.
En la COP28 de Dubái, mientras el presidente español Sánchez intentaba la foto con su par brasileño, Macrón consideraba que el acuerdo era uno “mal enmendado”.
Francia es el país que lideró desde siempre la oposición al tratado, argumentando que significaría una competencia desleal para sus agricultores.
La moneda de cambio: protecciones de precios para europeos, suavidad ambiental para sudamericanos
En febrero de 2023, Friends of the Earth filtró un nuevo documento enviado por la UE a Mercosur. Incluía cláusulas ambientales y laborales y suscitó dos lecturas ambivalentes.
- Créditos: @Eraldo Peres
Por un lado, tanto el presidente brasileño Lula Da Silva como el presidente de Paraguay Santiago Peña lo rechazaron en concordancia con la posición del agronegocio de ambos países.
Por el otro, organizaciones indígenas, campesinas y sociales consideran que las exigencias son insuficientes, denunciándolas como «maquillaje verde».
Este instrumento adicional tenía dos polémicas esenciales: exigir el cumplimiento de compromisos internacionales ante la deforestación, y evitar lo que la Unión Europea considera como competencia desleal: “no rebajar sus normas ambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras”.
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil que habían estado presionando para que se establecieran normas ambientales y de derechos humanos más estrictas en el acuerdo UE-Mercosur se mostraron frustradas por el contenido de la carta adjunta.
El acuerdo comercial propuesto ha generado desde hace tiempo críticas entre ambientalistas, activistas indígenas y pequeños agricultores de ambos bloques, que han afirmado que el acuerdo podría impulsar la deforestación en los países del Mercosur, crear competencia desleal y amenazar los derechos de las comunidades tradicionales.
En un comunicado conjunto al momento de la filtración del documento en 2023 varias organizaciones declararon que que el material adicional de la carta adjunta “no hace nada” para proteger el ambiente, el clima o los derechos humanos, ofreciendo sólo “ajustes cosméticos, aspiracionales e inaplicables”.
Otros expertos consideraron que, a diferencia de lo argumentado por los gobiernos del Mercosur, en realidad la carta era débil desde el punto de vista jurídico. “No es especialmente vinculante”, afirmó Lia Valls Pereira, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en un seminario web.
En diciembre de 2025 los negociadores de ambos bloques dirimieron medidas en búsqueda de atenuar la oposición de agricultores de ambos lados del Atlántico.
Para los europeos, la posibilidad de reinstaurar tarifas en productos “sensibles” como carne, huevos, cítricos y azúcar si las importaciones superan un aumento del 8% o los precios se reducen también un 8% sobre el promedio trianual ya existente.
Para los sudamericanos, un lenguaje mucho más suavizado en salvaguardas ambientales como de bienestar animal y pesticidas, que pasarán a ser “monitoreadas constantemente” antes de ser prerequisitos.
Donde queda Paraguay (y no solo en el mapa)
Un estudio comparativo de 189 países entre 2001 y 2012 muestra que los acuerdos de libre comercio aumentaron la deforestación en esos países relacionadas a commodities.
En el caso del Acuerdo UE-Mercosur, el mismo estudio considera que es una posibilidad “para satisfacer la demanda del mercado europeo suban los precios de las tierras, reemplazando pequeños productores hacia bosques tropicales”.
También que priorizar “la carne producida en zonas que puedan cumplir” con el Acuerdo UE-Mercosur significará mayor deforestación para producción adicional para el mercado local u otros de exportación.
Este efecto dominó no solo significaría un impacto al ambiente, sino mayor presión sobre tierras indígenas y disputas alrededor de tierras malhabidas.
Dentro de los propios gremios del agronegocio, más allá de la diátriba ideológica, la mayor disputa se da entre los productores locales de soja y carne y las agroexportadoras como Cargill y los frigoríficos por quien se hace cargo de los costos asociados a la aplicación de las nuevas normas.
En el caso de la soja, el mayor problema está en los costos de transporte y almacenamiento asociados a separar granos en silos de propiedades que acatarán la ley antideforestación y los que no.
En 2025 la posición del agronegocio paraguayo se desradicalizó, en parte por el retraso a la ley antideforestación europea y por negociaciones encauzadas entre ambos bloques para reducir estándares ambientales. Un funcionario del Ministerio de Industria y Comercio citó a Consenso como una necesidad avanzar en un sistema de trazabilidad para evitar disputas como las que se dieron alrededor del cuero proveniente de tierras Ayoreo.
Sin embargo, no todo el mundo sostuvo la cordialidad. La Asociación Paraguaya de Soja se separó oficialmente de la Unión de Gremios de la Producción debido a diferencias en el realineamiento con el gobierno de Peña.