Deforestación, dinero y trabajo. Los puntos para entender el Acuerdo UE-Mercosur
Ambos bloques acaban de anunciar el fin de las negociaciones. Lo que significa y lo que se critica.
Con reportería adicional de Flávia Milhorance para Dialogue Earth, utilizada bajo licencia Creative Commons.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur acaba de “concluir sus negociaciones” tras dos décadas de idas y vueltas. Así lo anunció tanto Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como el presidente paraguayo Santiago Peña.
El acuerdo entre la UE y Mercosur —el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— reduciría y eliminaría progresivamente los aranceles entre las dos regiones, que suman 710 millones de habitantes y representan algo menos del 18% de la economía del mundo.
Aunque en principio se alcanzó un acuerdo entre los bloques en 2019, aún no se había finalizado.
Con la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil a principios de 2023, y sus promesas de revertir los retrocesos del gobierno de Bolsonaro se abrió una nueva oportunidad para reanudar las conversaciones UE-Mercosur.
Lo que pedía la Unión Europea.
La vuelta de Lula y sus fotos de bromance con el presidente francés Enmanuel Macrón no significó que las negociaciones hayan sido menos rocosas. Durante las dos últimas conferencias del Clima, Brasil encabezó el intento de incluír en la agenda la discusión sobre “medidas unilaterales de comercio bajo la excusa del cambio climático”.
En la COP28 de Dubái, mientras el presidente español Sánchez intentaba la foto con su par brasileño, Macrón consideraba que el acuerdo era uno “mal enmendado”.
Francia es el país que lideró desde siempre la oposición al tratado, argumentando que significaría una competencia desleal para sus agricultores.
En febrero de 2023, Friends of the Earth filtró un nuevo documento enviado por la UE a Mercosur. Incluía cláusulas ambientales y laborales y suscitó dos lecturas ambivalentes.
- Créditos: @Eraldo Peres
Por un lado, tanto el presidente brasileño Lula Da Silva como el presidente de Paraguay Santiago Peña lo rechazaron en concordancia con la posición del agronegocio de ambos países.
Por el otro, organizaciones indígenas, campesinas y sociales consideran que las exigencias son insuficientes, denunciándolas como «maquillaje verde».
Este instrumento adicional tenía dos polémicas esenciales: exigir el cumplimiento de compromisos internacionales ante la deforestación, y evitar lo que la Unión Europea considera como competencia desleal: “no rebajar sus normas ambientales o laborales con la intención de atraer comercio o inversiones extranjeras”.
El documento también buscaba que Mercosur y la UE deban «reconocer con preocupación que de acuerdo a los últimos datos de FAO, casi el 90% de la deforestación en el mundo es debido a la expansión agrícola». En Paraguay, esta deforestación está especialmente relacionada a la ganadería en el Chaco, de acuerdo a datos oficiales del Infona.
Por lo tanto, bajo el acuerdo de libre comercio, se espera «tomar acciones efectivas para conservar y mejorar sitios que capturen o sean reservorios de gases de efecto invernadero, incluyendo bosques«.
El principal punto de disputa es, sin embargo, la exigencia de la Unión Europea de cumplir con varios estándares ambientales y laborales.
La carta exigía el reconocimiento de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derechos laborales, por lo cual exige «un foco especial» en erradicar el trabajo infantil, garantizar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
Esos estándares implican «adoptar las leyes y regulaciones relevantes» y crear un sistema que vigile su cumplimiento y tienen el objetivo, según la UE, de evitar «una carrera hacia abajo», comprometiendo al Mercosur a «no reducir sus estándares laborales o ambientales con la intención de atraer inversión o comercio extranjero» y estar de acuerdo que «no se fallará, por acción o inacción, en no aplicar la legislación local, o permitir que se derogue».
En lo ambiental, la carta citaba varios artículos del Acuerdo de Paris, en especial, actualizar «con la mayor ambición posible» los compromisos climáticos de cada país. En Paraguay esa responsabilidad recae en la agricultura, ganadería y la deforestación relacionada a ambas.
Pero al mismo tiempo, el aumento de la ambición climática del Mercosur no puede dejar de estar atado a una nueva meta de financiamiento climático en la última COP29 de Bakú, donde países de la Unión Europea se comprometieron a un monto muy por debajo de lo que necesita el Sur Global.
La UE también proponía que no haya reducción en los objetivos que cada país estableció en esos planes, «incluyendo los dispuestos sobre deforestación al 28 de junio de 2019» y «buscar medidas domésticas de mitigación para lograr los objetivos» de esos compromisos.
De acuerdo a cálculos oficiales, Paraguay necesitará 16 mil millones de dólares hasta 2030 en medidas de mitigación, especialmente para la protección de bosques. La mitad de ese dinero deberá venir de cooperación internacional.
Hasta ahora, recibió menos del 1%.
Todo esto tiene un mandato: trazar que lo que ahora le venda el Mercosur a la UE no “contribuyan a la deforestación y degradación de bosques”.
Este compromiso era por fuera de la legislación europea ya existente desde junio de 2023 que prohíbe la importación de productos provenientes de deforestación – legal o ilegal – que haya sucedido después de 2020, y que afecta sobre todo al carbón, la carne y el cuero del Chaco, donde el «cambio de uso de suelo» está permitido.
Legislación que tras una presión enorme no solo de Brasil, sino también de India y China, que lograron que la Comisión Europea aplace su aplicación durante un año en octubre de 2024.
Para algunos, demasiado. Para otros, muy poco.
Como bien explica el investigador Andrea Taborri en Heñói, la oposición a la Acuerdo Unión Europea - Mercosur encontró por razones completamente diferentes en un misma trinchera a gremios locales del agronegocio, organizaciones ambientales, partidos de izquierda y de extrema derecha.
En un clima de epoca de crítica al modelo liberal instaurado tras la caída del Muro de Berlín, unos y otros critican a un capitalismo verde empujado por un lado por la búsqueda de ganancias de grandes exportadoras, y por el otro, reducir los riesgos financieros relacionados a los fenómenos climáticos extremos.
En el Mercosur, el agronegocio desplegó una ruborizante campaña que partió desde los argumentos antiglobalistas de una imposición colonial europea hasta un ataque a la responsabilidad histórica de Europa en el cambio climático.
Y digo ruborizante porque provino, en más de una ocasión, de los mismos gremios que no tienen problemas en aceptar otras instituciones globalistas - como la Organización Mundial del Comercio - o negar el cambio climático cuando eso les permite utilizar agroquímicos sin control o esquivar sus responsabilidades locales con el ambiente.
La defensa del agronegocio estuvo unificada en los ministerios de Agricultura de todo el Mercosur, pero fue más difusa a nivel diplomático.
Laa oposición a las reglas ambientales fue comandada por Brasil y por Paraguay.
En una reunión en el Congreso de Brasil en mayo de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores de Lula, Maurio Vieira, dijo que el texto convertía los compromisos voluntarios del Acuerdo de París en obligatorios, y sugirió el riesgo de sanciones a Brasil como represalia, si el país no es capaz de cumplir sus objetivos. Añadió que quiere evitar una situación en la que “el ambiente se utilice como pretexto para medidas proteccionistas”, y que el gobierno brasileño está trabajando en contrapropuestas.
Es la misma frase que los ministros de Agricultura del Mercosur utilizaron en su reunión conjunta durante la COP27 en Egipto en 2022, donde declaraban que no reconocerían otras reglas que «las dispuestas por la Organización Mundial del Comercio».
En su primera visita como presidente electo de Paraguay a Brasilia, Santiago Peña se alineó a Lula, diciendo que las restricciones ambientales «son muy duras para una región que necesita desarrollarse».
En términos más duros se refirió su nuevo ministro del Ambiente, Rolando de Barros, tras una publicación del diario ABC donde se hablaba de que el acuerdo «limitaría» el desarrollo del país. Barros, quien era el ministro del Ambiente cuando el gobierno de Cartes ratificó el Acuerdo de París, ahora dice que luego de esa aprobación «han metido en la letra chica otras cuestiones como la ideología de género».
El uso de la desinformación sobre género por parte del cartismo para ir contra regulaciones ambientales no es nuevo: así lograron el rechazo de un acuerdo de transparencia ambiental bajo la excusa de que legalizaba el aborto. Este artilugio discursivo cobra relevancia ante el impulso cartista contra la donación de la Unión Europea para la educación, basada en desinformaciones similares.
En el caso de Argentina, la posición diplomática del gobierno de Milei ha sido más ambigüa.
El presidente de extrema derecha, negacionista climático, retiró a su delegación de las negociaciones en la COP29, abandonando al grupo que se había formado con el resto de Mercosur.
Pero tanto su ganadería como agricultura tiene ya desarrollados varios mecanismos de trazabilidad desde antes de la vigencia del acuerdo.
En Uruguay, tanto Lacalle Pou como el nuevo presidente electo Yamandú Orsi estuvieron siempre a favor de la firma del Acuerdo.
Agricultores europeos en protesta contra el acuerdo. Foto: NOS
En Europa, las protestas de los agricultores en Paises Bajos en 2024 se extendió en varios países del bloque antes de las elecciones europeas.
De manera similar a en Sudamérica, el agronegocio multinacional capturó los cuestionamientos válidos de los pequeños agricultores sobre el abandono a la producción local para lograr que se eliminen de manera rápida políticas nacionales y regionales a nivel ambiental, bienestar animal y climáticas.
Entre Sudamérica y Europa, la colaboración de llamado Big Ag para por un lado defender sus propios intereses, y por el otro, desplegar campañas de desinformación revistiéndolas de defensa de los pequeños productores es cada vez más notoria.
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil que habían estado presionando para que se establecieran normas ambientales y de derechos humanos más estrictas en el acuerdo UE-Mercosur se mostraron frustradas por el contenido de la carta adjunta.
El acuerdo comercial propuesto ha generado desde hace tiempo críticas entre ambientalistas, activistas indígenas y pequeños agricultores de ambos bloques, que han afirmado que el acuerdo podría impulsar la deforestación en los países del Mercosur, crear competencia desleal y amenazar los derechos de las comunidades tradicionales.
En un comunicado conjunto al momento de la filtración del documento en 2023 varias organizaciones declararon que que el material adicional de la carta adjunta “no hace nada” para proteger el ambiente, el clima o los derechos humanos, ofreciendo sólo “ajustes cosméticos, aspiracionales e inaplicables”.
Otros expertos consideraron que, a diferencia de lo argumentado por los gobiernos del Mercosur, en realidad la carta era débil desde el punto de vista jurídico. “No es especialmente vinculante”, afirmó Lia Valls Pereira, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en un seminario web.
En julio de 2023, en un evento paralelo a la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea en Bruselas, la investigadora paraguaya Inés Franceschelli, del Centro de Estudios Heñoi, señalo que a su entender el tratado UE-Mercosur es «desigual» y «equivale a una profundización del saqueo, que en nuestro país se expresa con el modelo de producción de commodities diseñado a medida de la demanda europea».
Un estudio comparativo de 189 países entre 2001 y 2012 muestra que los acuerdos de libre comercio aumentaron la deforestación en esos países relacionadas a commodities.
En el caso del Acuerdo UE-Mercosur, el mismo estudio considera que es una posibilidad “para satisfacer la demanda del mercado europeo suban los precios de las tierras, reemplazando pequeños productores hacia bosques tropicales”.
También que priorizar “la carne producida en zonas que puedan cumplir” con el Acuerdo UE-Mercosur significará mayor deforestación para producción adicional para el mercado local u otros de exportación.
Este efecto dominó no solo significaría un impacto al ambiente, sino mayor presión sobre tierras indígenas y disputas alrededor de tierras malhabidas.
Dentro de los propios gremios del agronegocio, más allá de la diátriba ideológica, la mayor disputa se da entre los productores locales de soja y carne y las agroexportadoras como Cargill y los frigoríficos por quien se hace cargo de los costos asociados a la aplicación de las nuevas normas.
Ahora, el Acuerdo UE-Mercosur debe ser ratificado por los países miembros de cada bloque a través de sus congresos. En Europa, Francia, Países Bajos y los partidos antieuropeístas serán el primer escollo.