COP29: El problema de pedirle una mano al mercado para cambiar carbono por dinero
Por qué ahora, qué significa para Paraguay y Latinoamérica y de qué manera afecta las discusiones sobre dinero en Bakú
A las diez de la noche del primer día de la COP29 logró su primer hito:
Tras tres años de discusiones, los países aprobaron las metodologías sobre las cuales empezará a funcionar el nuevo mercado global de carbono bajo el Artículo 6.4 del Acuerdo de París.
A diferencia del actual mercado voluntario que es gestionado por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard, este nuevo mercado regulado se guiará bajo normas científicas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Exigirá a los países participantes informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) desde la forma para calcular el carbono que se venderá hasta los pasos para garantizar que no se violarán derechos humanos, laborales y de las comunidades alrededor de los proyectos.
También deberán demostrar que esos proyectos representan una mitigación “adicional” a la que de por sí los países están obligados a conservar legalmente o que ya apoyan a través de otras políticas como beneficios fiscales.
¿Por qué ahora? Porque estamos hablando de dinero.
La discusión sobre el mercado regulado de carbono se viene dando en las conferencias del clima desde al menos la COP27 de 2022. El año pasado en la COP28 se esperó hasta el último día y los países volvieron a fallar en lograr el consenso.
Hay tres razones por las cuales la historia fue diferente en la COP29:
La necesidad de una victoria ante una conferencia complicada: Con la contenciosa discusión sobre la nueva meta de financiamiento climático en la mesa, la presidencia de Azerbaiyán ya tiene un “logro”. Una estrategia similar a la empleada en 2023 por Emiratos Árabes Unidos, entonces presidente de la COP28, con el fondo de daños y pérdidas.
Muchos interesados: la mayoría de los países europeos y asiáticos dependen de los créditos de carbono para cumplir sus compromisos climáticos actuales, y todo significa que seguirá así en los nuevos compromisos “más ambiciosos” que deberían presentar de aquí a febrero de 2025.
El nuevo compromiso de Emiratos Árabes Unidos presentado en noviembre, por ejemplo, depende en parte de los créditos de carbono bajo el Artículo 6, al igual que el de Brasil, presentado durante la COP29.
Es parte de la discusión sobre financiamiento: tras la aprobación del mercado regulado de carbono, el Secretario de la CMNUCC, Simon Stiell, declaró que el acuerdo permitirá “proveer recursos directos a países en vías de desarrollo y ahorrarnos $250.000 millones de dólares” en políticas climáticas. “Debemos asegurarnos que esos países se beneficien de nuevas formas de financiamiento”, afirmó en conferencia de prensa.
Por otro lado, desde la International Emissions Trading Association (IETA) que tiene un pabellón en la COP29 auspiciado por la petrolera Chevron, afirman que le nuevo mercado de carbono se relaciona con la meta de financiamiento que deben decidir los países porque “la forma en la cual se calcula la inversión privada no tiene claridad ahora mismo”.
Según Dirk Forrister, presidente de IETA “Mucha de esa inversión puede venir a través de inversiones directas en Artículo 6”. Es decir, a través de los mercados de carbono.
“Como se defina la nueva meta de financiamiento climático importa porque lo que entendemos es que están (los países) incluir el financiamiento del sector privado como parte”.
En la discusión sobre el quiénes, cómo y cuánto dinero se necesita para mitigar y adaptarnos al cambio climático, Climate Action Network (CAN) reportó que “negociadores de países desarrollados están diciendo que no hay el dinero público suficiente para la meta propuesta” de billones de dólares anuales, “y que necesitan del financiamiento privado”.
Dos fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el riesgo es que el dinero dirigido a los mercados de carbono sea contabilizado como contribución a la nueva meta que se espera que salga de la COP29.
Esto significaría un problema porque países desarrollados podrían contabilizar como financiamiento a países de Paraguay lo que en realidad es un pago por usar nuestros bosques para que ellos cumplan sus objetivos de mitigación - lo que al mismo tiempo complica las posibilidades de nuestro país de cumplir con sus propios objetivos climáticos.
El financiamiento climático “no es caridad, es reparación” dice desafiante Lidy Nacpil, del Global Campaign to Demand Climate Justice. “ Debe ser sin crear deuda, nuevo, adicional y proporcionado sin condiciones adicionales”.
Cómo afecta a Paraguay
Para Kirta Chandrasekaran de Amigos de la Tierra, “es entendible que haya países en vías de desarrollo que apuesten a los mercados de carbono porque lo ven como la única manera de recibir financiamiento para el clima. Eso es porque los fondos no están funcionando”.
Uno de esos países es Paraguay, que de acuerdo al documento orientativo para su delegación en Bakú espera “asegurar que los beneficios de estos mecanismos se distribuyan de manera equitativa, especialmente a los países en desarrollo, quienes dependen de estos mercados para financiar sus acciones climáticas”.
Paraguay avanzó el año pasado en conversaciones con Singapur y Emiratos Árabes Unidos y en una ley de créditos de carbono que prometían “millones de dólares para el país”.
Un año después, sin embargo, el acuerdo con Singapur sigue sin firmarse.
Una investigación de Consenso y CLIP además demostró profundos conflictos de interés entre el senador que propuso la ley, Patrick Kemper, su cuñado Rodolfo Vouga y la empresa Paracel, interesada en entrar en el negocio.
En la COP29, Paraguay lucha principalmente por incluir proyectos de “emisiones evitadas” dentro de este nuevo mercado.
Los proyectos más comunes podrían ser varios de“deforestación evitada” (también conocidos como REDD+), donde el valor se calcula bajo un supuesto de la cantidad de carbono adicional que habría si el dinero del mercado no protegiera un bosque en particular.
Actualmente los créditos de carbono de “emisiones evitadas” quedarían afuera del nuevo mercado regulado,.
Esto no significa que los proyectos REDD+ no puedan ingresar al mercado regulado, explica Isa Mulder, experta de la organización Carbon Market Watch, sino que ahora “deberán demostrar que no solo evitan emisiones, sino que también las reducen o las remueven”.
En el caso de la mayoría de los proyectos en Paraguay, como Chaco Vivo, esto no sería un problema, ya que solo basta con gestionar permisos de deforestación y no ejecutarlos.
La decisión de dejar afuera los proyectos de créditos de carbono de emisiones evitadas tiene una razón de ser, y es la falta de garantías científicas sobre cómo calcularlos.
En general, los proyectos se basan en asumir un escenario de impacto (como por ejemplo el riesgo de deforestación) para calcular cuánto carbono “evitan” gracias al dinero del mercado.
Pero hecha la ley, hecha la trampa: un estudio científico del 2023 demostró que las principales metodologías utilizadas para calcular ese escenario contrafactual eran fácilmente manipulables; bastaba con exagerar el riesgo de deforestación o utilizar datos desactualizados para argumentar un beneficio climático mayor al real.
La discusión sobre este tipo de proyectos tiene enfrentados a países como Brasil y Paraguay con otros de Latinoamérica, como AILAC, el grupo negociador del cual nuestro país fue parte hasta 2023.
Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, a su encuentro con Marina Silva, ministra de Ambiente de Brasil. Crédito: UNFCCC