Gobierno de Paraguay anuncia recortes a políticas de ambiente, clima y control de pesticidas
Del grado de inversión y el gigante que se despierta a la "economía de guerra" que prioriza pagar deuda externa antes de salvarte de un raudal, el cianuro y el glifosato.
Una escuela pública abandonada debido a fumigaciones ilegales de soja en Colonia Yerutí, Canindeyú. Fotografía: Nicolás Granada/Consenso
Este 17 de marzo de 2026 el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos comenzó a esbozar el impacto real de la anunciada “economía de guerra” — la nueva política de gasto del gobierno del conservador Santiago Peña.
El anuncio se da casualmente en medio de reveses y tensiones entre el ala tecnócrata del gobierno, representada por el ministro, y los senadores y diputados oficialistas alrededor del costo real de la Reforma Fiscal. También en medio de protestas de sectores como los docentes, lo que colorados consideran un riesgo a tan poco tiempo de las elecciones municipales.
Fernández Valdovinos, que se había mantenido en el vagueposting acerca de los alcances de la llamada “economía de guerra” - de un país que no tiene una guerra desde 1948 y que hasta hace dos semanas festejaba haber logrado el grado de inversión por parte de agencias como JP Morgan - se vio obligado a responder sobre los sectores afectados tras la insistencia del periodista Santiago González en una entrevista para Radio Monumental.
Allí, el ministro citó específicamente al Ministerio de Ambiente y el SENAVE entre las instituciones que deberán tener un plan de caja reducido.
El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, debe gestionar más de 60 leyes entre la defensa de áreas protegidas, controlar el uso de cianuro en la minería y el impacto de estaciones de combustible. Todo con menos dinero del que cuenta la Municipalidad de Asunción.
El SENAVE, por su parte, debería controlar la aplicación de la ley de fitosanitarios para evitar casos como los de Yerutí, donde el Estado terminó siendo condenado de manera internacional por el uso ilegal de agroquímicos.
El MADES había recibido este año un modesto aumento que alcanzaba apenas para mantener el nuevo edificio de la institución y desprecarizar a técnicos que tenían contratos temporales.
En el Congreso, el ministro Rolando de Barros Barreto había dicho en septiembre de 2025 que “el presupuesto ambiental no es un gasto, sino una inversión estratégica para garantizar el desarrollo sostenible del Paraguay y el bienestar de su gente”.
La ausencia de fiscalizadores genera un uróboros de dependencia a los vaivenes del MEF, ya que el MADES no tiene suficiente gente para controlar - y por lo tanto multar - a infractores ambientales.
La situación en el MADES está empeorada ante el bajón del financiamiento internacional y donaciones relacionadas al clima, de los cuales la institución dependió hasta para construir la nueva sede que tiene hoy.
Este bajón es producto del abandono de Estados Unidos de todos los organismos multilaterales como la Convención de Cambio Climático, política azuzada por ONGs financiadas por petroleras como la Heritage Foundation, que a su vez mantienen cercanos vínculos con el gobierno de Peña en Paraguay el de Milei en Argentina.
Grado de inmersión 🌊
¿Cómo un país que festejaba hace apenas meses uno de los mayores crecimientos de Producto Interno Bruto de la región y grados de inversión termina hablando de una economía de guerra?
Una respuesta que dio el gobierno es que proyectaron el presupuesto con un dólar mucho más alto del que terminamos teniendo: 600 millones de USD es la diferencia, dicen.
Al final, la recaudación record sin subir impuestos terminó siendo temporal. El acuerdo para vender energía eléctrica de Itaipú a Brasil no dio frutos - entre tensiones diplomáticas y que cada vez usamos más de esa energía para hacer frente al calor en las casas y la sed del boom criptominero y de datacenters.
Tampoco llegó la lluvia de inversiones prometida al aprobar la ley de créditos de carbono en 2023.
Ambiente y otros sectores, como el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Cultura serán sacrificados para pagar salarios, deuda externa y programas sociales como Hambre Cero.
Pero esto explica tan solo una parte del problema. La conversación de fondo la puso sobre la mesa el senador oficialista Silvio Ovelar en medio de la discusión sobre jubilaciones: Paraguay tiene un problema con su sistema impositivo.
Vendido como un lugar “económicamente fértil” por sus condiciones de casi paraíso fiscal, el país adolece de tres problemas:
Se recauda poco.
Se gasta muy mal.
Y los impuestos afectan más al bolsillo de los que menos tienen.
Se recauda poco.
Además de tener tasas bajas, Paraguay recauda poco debido a todas las formas que tiene una minoría de evitar pagar impuestos. No sólo el IVA y el IRP en el país están entre los más bajos del mundo, sino que hay una multitud de deducciones y exenciones tributarias que favorecen, sobre todo, a quienes más ganan.
Si tenés plata, tenés más formas de no pagar Impuesto a la Renta a través de trucos contables legales. Sin contar los múltiples beneficios de los dos sectores que obtienen más divisas en Paraguay: la soja y la carne, que no solo no tienen impuestos específicos sino que quedan muchas veces impunes de los delitos ambientales que cometen.
Se gasta muy mal.
Cada nepobaby, cada denuncia de enriquecimiento ilícito, cada raudal en obras inacabadas es un recordatorio de que lo poco que se recauda se gasta mal. La alta percepción de corrupción en Paraguay dificulta cualquier discusión sobre impuestos.
Es un círculo vicioso: instituciones débiles, corrupción, ineficiencia, baja disponibilidad de recursos y baja calidad de la política y la gestión pública. La gran mayoría del malgasto público, sin embargo, no es en sueldos, sino en licitaciones, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Y aunque parezca contradictorio, el malgasto no podrá ser solucionado cobrando menos impuestos. Al contrario. Sin impuestos no hay plata para controlar como se usa lo que obtenemos de la deuda externa que tomamos para financiar servicios públicos… porque no cobramos impuestos.
Impuestos afectan más al bolsillo de lo que menos tienen.
En promedio, la mitad del gasto del Estado paraguayo está sostenido por el IVA. Es lo que se conoce como un impuesto indirecto. Lo pagamos todos sin importar cuánto ganemos. Y al ser un impuesto a productos de consumo, como lo que compramos en el supermercado o una farmacia, afecta desproporcionadamente a quienes deben gastar una mayor parte de sus ingresos en consumo. La mayoría de quienes trabajan en Paraguay.
Esto explicaba ya en 2016 el ex ministro de Economia Dionisio Borda: «los quintiles más pobres soportan proporcionalmente una mayor carga tributaria, si bien su contribución impositiva en términos absolutos es menor que la de los quintiles más ricos. En otras palabras, según la participación de los impuestos en sus ingresos, el pobre lleva una carga más pesada que el rico».
Para Borda, que el Estado se sostenga más en impuestos indirectos (que ignoran si ganás más o menos dinero) que en impuestos directos (que contempla tu niveles de ingresos) hace que el sistema tributario paraguayo ahonde la desigualdad.
Los sectores que más ganan de la economía - beneficiados por la obra pública y la ausencia de controles ambientales o sanitarios - a veces no pagan ni para cubrir el daño que producen.
En consecuencia, de los 5 principales ingresos de divisas del país, solo uno se derrama sobre la gente: las remesas que envían las migrantes paraguayas desde el extranjero.
La economía de guerra y el ajuste a las políticas ambientales es un corset autoimpuesto por el gobierno de Peña: uno que prioriza no discutir un modelo de impuestos injustos, prioridades de obras discutibles o las políticas de austeridad fiscal provenientes de órganos tan globalistas cómo los que denuncian en un arribismo ideológico.
La discusión es otra: si creemos que el Estado debe garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano - una posición editorial que Consenso defiende - tenemos que hablar de cómo invertimos para lograrlo antes de ser arrastrados por el próximo raudal.