Gobierno de Peña anuncia una autopista mientras mueren proyectos de transporte público. Nosotros estamos preguntando por qué
Realizamos un extenso pedido de información pública al Gobierno sobre todo lo que no dicen el proyecto de autopista en la Ruta 2. Con tu ayuda, vamos a garantizar la transparencia.
Actualización 07/05: Hemos obtenido documentos iniciales del MOPC sobre plan de factibilidad realizado sobre la autopista y el impacto en las zonas de construcción.
Gracias al aporte de suscriptores pagos el equipo ya está trabajando en el análisis.
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció el 7 de abril de 2025 en Mburuvicha Róga que construirá “una vía de acceso rápida” entre Asunción y Central.
Esta via de acceso será una autopista elevada que se construirá por encima de la actual Ruta 02 Py y costará, de acuerdo a datos oficiales, USD 180 millones durante los 3 años de construcción.
Esta nueva millonaria inversión pensada para vehículos individuales se da al mismo tiempo que fenece en el olvido el proyecto de Tren de Cercanías, que buscaba el mismo objetivo pero por otros métodos: aliviar los problemas de tránsito producidos por una expansión sin bienestar que se dio en los últimos 20 años en la llamada Área Metropolitana de Asunción. Donde la gente necesita ir a la capital pero vive en las llamadas ciudades dormitorio.
Originalmente planeado como una cooperación con Corea del Sur, el proyecto del Tren de Cercanías volvió a foja cero en medio de rumores de que el apoyo coreano se retiró debido a que el gobierno paraguayo no cumplió su palabra en apoyar al país como sede de la Feria Mundial 2030, de acuerdo con La Política Online.
Con la cancelación del Tren de Cercanías, ya son dos los únicos proyectos de inversión en transporte público en Paraguay sin ejecución en 10 años por gobiernos del mismo sector político - siendo el primero el malogrado Metrobús.
Conflictos de intereses y una falsa solución al problema de la movilidad.
Pese al rimbombante anuncio del Gobierno de Santiago Peña en palabras y en montos, hasta hoy el Ministerio de Obras Públicas no ha compartido detalles concretos de las múltiples preguntas que rondan esta autopista.
Es por eso que desde Consenso hemos realizado un extenso pedido de información pública al MOPC, que busca no solo transparentar la existencia o no de los estudios necesarios para justificar la inversión, sino que también defender el derecho de la ciudadanía a la integridad de la información.
A continuación la explicación de cada punto:
1. Todos los contratos y adendas realizadas en el proyecto.
La autopista no será licitada sino que otorgada mediante adenda a la concesionaria Rutas del Este, un consorcio que incluye a Ocho A, empresa relacionada al senador colorado Luis Pettengill.
De acuerdo con la Contraloría, en 2023 Pettengill violó la ley de conflictos de intereses debido a que votó en favor del endeudamiento del Estado para pagarle a constructoras, incluyendo Ocho A, siendo que todavía era accionista de la misma.
2. Estudios de factibilidad, tránsito, estudios ambientales y urbánisticos que justifiquen la obra y mencionen el impacto de estas obras en el entorno.
¿Realmente la autopista va a solucionar el problema del tránsito? ¿Es posible construirla donde está? ¿Cómo va a impactar la calidad de aire, los barrios alrededor y espacios verdes como el Parque Ñu Guasu y el Parque Guasu?
¿Tiene sentido hacer otra obra destinada a vehículos individuales cuando la evidencia local e internacional indica que no soluciona el problema de fondo?
Dos ejemplos cercanos de obras que no cumplieron estos criterios son el propio viaducto del Botánico - también vendido como una solución al embotellamiento - y el Puente Héroes del Chaco.
En el caso del viaducto del Botánico, una investigación que realicé para El Surti en 2019 demostró que la hija del dueño de la constructora era la que hizo el estudio de impacto ambiental, que el MOPC proponía como compensación obras que ya debía por la construcción del Barrio San Francisco, y que la distancia entre el proyecto y la realidad impactaba en el Jardín Botánico, un oasís en medio de las islas de calor de la ciudad.
El Puente Héroes del Chaco es un caso peor: tuvo que ser rediseñado (con más presupuesto) porque el proyecto original no consideraba el tránsito de las barcazas en el Río Paraguay - la principal ruta de exportación e importación del país.
También se modificó casualmente para favorecer inversiones inmobiliarias de un ex asesor del entonces presidente Abdo - inversión que pone en riesgo de inundación a Asunción.
Nueva Asunción amenaza con inundar Asunción
La creación de los barrios cerrados al otro lado del Puente a Chaco’i «acarreará un incremento en el riesgo y problemas de salud y sociales por inundación en el país».Lo advertía en 2019 un informe remitido al entonces diputado Sebastian García, con firma de la Dirección General de Protección de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo …
Hasta hoy, buses no pueden utilizar el puente.
3. Planos y planillas de la obra, dividido por item que justifiquen el monto final de inversión y detallen la ubicación de las obras.
El anuncio del proyecto vino con un video promocional al estilo del Gobierno, música épica, grandes promesas…. y ninguna claridad sobre el proyecto en sí.
No sabemos de dónde sale el cálculo de los 180 millones USD, de dónde saldrá el dinero, y qué zonas se verán afectadas.
4. Análisis sobre el impacto de la obra en la demanda y financiación del proyecto del Tren de Cercanías.
Tras el fiasco con Corea, el Gobierno de Peña había anunciado en 2024 que llamaría a una licitación para cubrir una parte inicial del tramo proyectado originalmente. La propuesta de autopista compite en fondos y razón de ser con el único plan que quedaba en pie para diversificar el uso del transporte público en Paraguay.
5. Es una inversión que posiblemente va en contra de los compromisos ambientales y climáticos de Paraguay.
La licencia ambiental actual de las obras de la Ruta 02 no puede ser utilizada. Se calcula que la construcción de la autopista y la intervención en varias ciudades debería tener un estudio de impacto ambiental adicional.
Uno de los puntos más importantes es que una autopista debería ser considerada una obra de alto impacto - y por ley esas obras deben pagar servicios ambientales para compensar el daño apoyando proyectos de conservación.
Los servicios ambientales son la principal política de mitigación al cambio climático en Paraguay. Pero ya sabemos que en el pasado fueron contaminados de intereses empresariales.
Como cuando CECON, del ex presidente Cartes, le pagó a Tabesa, del ex presidente Cartes, mientras ambas empresas eran investigadas por Seprelad.
También pedimos datos sobre las inversiones sociales y de infraestructura que genera una obra así y la mitigación del aumento del tráfico - y con esto del ruido y la polución de aire - en todas las ciudades.
Como bien señalaron tanto el arquitecto y urbanista Marcelo Kublik, y el concejal de Asunción Pablo Callizo (Patria Querida) existe sobrada evidencia de que las autopistas no solo no solucionan el tráfico, sino que crean más tráfico.
A esto se le llama tráfico inducido y se debe porque la inversión en nuevas autopistas crea un perverso incentivo, a dar la ilusión de mejor posibilidad de moverse si uno se pasa al vehículo individual.
Personas que antes usaban transporte pública se suman con más autos. Personas que antes utilizaban otras vías, van a preferir la nueva autopista.
Personas que prefieren caminar o usar métodos alternativos de movilidad - lo que reduciría no solo las emisiones, sino también los enormes problemas de salud relacionados en Paraguay, como la obesidad y los problemas de corazón - quedan fuera de la ecuación y son castigados con zonas enteras donde no pueden moverse.
El resultado: con el tiempo el tráfico reaparece, el problema persiste y aumentan los costos de infraestructura.
Por último, también requerimos al MOPC que informe si la obra cumple con los estándares establecidos en la nueva Taxonomía Verde de Paraguay, que debería guiar al Gobierno Nacional en garantizar que nada de esto suceda ya que contraviene los propios planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático.
Cómo Consenso se está preparando para garantizar la transparencia
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene 15 días hábiles - es decir, hasta el 5 de mayo - para darnos respuestas a todas nuestras preguntas y otorgarnos todos los documentos.
Existe la amplia posibilidad de que ese plazo se extienda otros 20 días hábiles más si es que el Gobierno cree necesario para poder proveernos la información.
Si luego de esos 20 días el Estado no cumple con nuestro pedido, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Estado en el marco de la Ley de Acceso a Información Pública para forzar mediante una medida judicial que se garantice el derecho de toda la ciudadanía a tener información sobre el uso de fondos públicos y su impacto en nuestras vidas.
Esta acción de inconstitucionalidad cuesta dinero - entre asesoría jurídica y gestiones - que buscamos cubrir con el aporte de nuestros suscriptores pagos.
Toda suscripción nueva mensual entre hoy y finales de mayo será invertida 100% en preparar la acción legal. En caso de que el Estado cumpla antes con el pedido de información pública, utilizaremos ese fondo para analizar todos los documentos.
Una vez que accedamos la documentación, la haremos de libre uso para otros medios de comunicación, organizaciones, academia y autoridades que quieran consultarla.