En la ANDE hay olor a gas y amoníaco
Cómo una inversión "verde" creó una crisis política con la energía en Paraguay.
En los papeles, Atome es un símbolo de la necesaria transición energetica.
La empresa, creada sobre los restos de President Energy, una petrolera con fallidos intentos de encontrar hidrocarburos en el Chaco, prometía utilizar la energía hidroeléctrica de Paraguay y combinarla con agua para así crear hidrógeno —una alternativa a los combustibles fósiles— y derivados de amoníaco —esencial para desacoplar al agronegocio de los fertilizantes fósiles.
Ambos productos podrían prevenir millones de emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Así, la empresa recibió préstamos desde el Fondo Verde del Clima hasta el Banco de Inversión Europea. Solo ellos dos le dieron 145 millones de dólares en deuda blanda, una quinta parte de los USD 650 millones reportados por la empresa como inversión para la planta en Villeta, en la zona portuaria cercana a la capital del país.
Ambos acuerdos y el dinero obtenido a través de otros bancos multilaterales e inversores privados a través de la Bolsa de Valores en Londres dependían de dos grandes aportes de Paraguay. Agua gratis del río que le da nombre al país y una benévola tarifa eléctrica.
Lo primero fue sencillo: La ley de Recursos Hídricos sigue sin establecer cánones para el aprovechamiento del agua de los ríos y acuíferos del país gracias al lobby agroindustrial, como develamos en documentos exclusivos accedidos por Consenso en 2025.
Lo segundo, terminaría llevando al proyecto a la palestra de la discusión pública en Paraguay, un país que se oferta como la Arabia Saudita de la energía renovable pero que se está quedando sin electricidad disponible debido al calor, las sequías, la ausencia de inversiones y la presión de electrointensivas.
Una crisis energética autoinflingida
La energía eléctrica tal vez sea el único tema que une a sindicalistas, partidos de izquierda y la oligarquía del país. Itaipú “desempeña un papel político, económico y simbólico mayor en Paraguay que en Brasil”, me dijo hace dos años Sara Costa, investigadora de la campaña paraguaya Itaipú Ñane Mba’e (Itaipú Nuestro Patrimonio).
Las cuestiones en torno al uso de energía hidroeléctrica, Itaipú en particular, fueron clave para varios presidentes paraguayos: Fernando Lugo (2008-2012) fue electo con la promesa de una mayor compensación de Brasil por la cesión de energía; en 2019, el predecesor de Peña, Mario Abdo Benítez, estuvo en peligro de destitución después de que se lo vinculara a un acuerdo opaco con una empresa llamada Leros, que tenía vínculos con el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
La represa binacional de Itaipú. Fotografía: Bergie - CC BY-SA 2.0
Los dividendos de la energía hidroeléctrica funcionan, para el Estado paraguayo, como modo de no cobrar impuestos. Itaipú financia desde alimentación escolar hasta publicidades con la voz del presidente Santiago Peña en medio de los partidos de la Copa del Mundo.
La energía renovable y barata también es el anzuelo de un gobierno adicto a las fotos con empresarios. Atome es cercana por la sencilla razón de que su presidente es James Spalding, exdirector paraguayo de Itaipú durante el primer gobierno cartista entre 2013 y 2018.
Pero hay un pequeñísimo problema: la discurso de la abundancia energética. Es eso, un discurso. Y, en parte, esto es debido al clima.
De acuerdo a un estudio oficial de 2021, la fecha límite para la capacidad de generación de energía de Paraguay cubra la demanda es entre 2028 y 2033. Pero este estudio no consideró el impacto de sucesivas sequías y deforestaciones en la generación hidroeléctrica y el aumento del consumo por las olas de calor.
Solo en 2021 la cuenca del Paraná, de la que depende Itaipú, sufrió una de sus peores sequías registradas. Un estudio de 2024 sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos concluye que el sector hidroeléctrico tendrá que hacer frente a más inundaciones y sequías, “lo que provocará mayores dificultades operativas”.
A este contexto se le suma la ausencia de inversión en fuentes de energía alternativa en los últimos 15 años. Como excusa, el gobierno de Santiago Peña privatizó de facto la producción de energías solares o a través de biomasa. Ahora, además impulsa degradar al Parque Nacional Médanos del Chaco en una desesperada búsqueda por gas fósil.
De fondo, está Atome y los datacenters para IA.
Una discusión atomizada y un presidente que “renunció”
Los cuestionamientos a la venta de energía para Atome no son nuevos. Además del posible conflicto de interés —con el ex director de la hidroeléctrica al frente de la empresa—, ya en diciembre de 2022, la Campaña Itaipú Causa Nacional había presentado una nota a la Contraloría para investigar un contrato firmado con la ANDE por 30 USD por MWh, que era la mitad del costo de la energía que en ese entonces establecía la tarifa para electrointensivas (60 USD por MWh), pese a que el proceso de producción de hidrógeno era definido como tal.
De acuerdo con la nota, esta diferencia le iba a costar a la ANDE 117 millones de dólares.
En conversación con Consenso, James Spalding rechazó estas acusaciones y afirmó que las operaciones de Atome en el país significarán que “Paraguay utilizará cada vez más la energía limpia y renovable disponible para su propio desarrollo industrial sostenible”.
Spalding no es el único relacionado al cartismo. De acuerdo con ABC Color, el asesor del Ministerio de Industria ante el Conacyt, Juan Pablo Nogués Peña, también es parte de la empresa.
De acuerdo a datos divulgados por Atome ante la Bolsa de Valores de Londres, y accedidos por Consenso, entre los principales accionistas de la empresa están el propio Spalding y Peter Levine, quien fue parte de President Energy, la empresa con la fallida búsqueda de petróleo en el Chaco. También está Olivier Mussat. Levine y Mussat se reunieron en julio de 2025 con Santiago Peña.
La lista sigue con Casale SA, una multinacional con base en Suiza y Urion Holdings (Malta), una empresa subsidiaria de Trafigura, una de las principales contratistas del Estado a través de la venta de combustibles fósiles que está, además, vinculada a las negociaciones de mercados de carbono con Singapur.
¿Por qué explotó casi 4 años después?
Por dos motivos. En primer lugar, Atome se demoró en conseguir la aprobación de préstamos verdes y esto coincidió con el fin del hype por el hidrógeno, lo que forzó a Atome a pivotear toda la narrativa en favor de los fertilizantes libres de combustibles fósiles en el contexto de conflictos como el de Ucrania y el Estrecho de Hormúz.
En segundo lugar, están los cuatro decretos presidenciales que, entre enero y abril de 2026, crearon nuevas condiciones tanto para esta empresa como para los datacenters que quisieran establecerse en el país.
Uno de los decretos permitía a Atome mantener la ya cuestionada tarifa de 30 USD MWh y extender ese beneficio durante 15 años.
Debido a estos decretos, la ANDE debía negociar un nuevo acuerdo con Atome. Un acuerdo al cual el entonces presidente de la empresa pública Félix Sosa se negó, con apoyo de ingenierios y el sindicato de trabajadores, preocupados por el bienestar económico de un ente que ya tiene pérdidas operativas en una relación tóxica con el Estado: La ANDE le debe pagar impuestos al fisco. El resto de las instituciones públicas le deben plata a la ANDE.
James Spalding de Atome ironizó sobre los sindicalistas que “creen que la energía es de ellos” y puso en duda el avance de la inversión debido al revés en las negociaciones. Una semana después, la empresa oficialmente solicitó la suspensión de sus acciones ante la Bolsa de Valores de Londres. En entrevista con la Megacadena, el ministro de Industria Marco Riquelme dijo que fue por la disputa con la ANDE.
Sin embargo, la comunicación oficial a la Bolsa de Valores narra una historia diferente: la falta de presentación de las auditorías correspondientes al último trimestre del 2025.
Una nueva comunicación a la Bolsa de Valores, el 20 de julio, afirmó que el proyecto “seguía en discusiones con las contrapartes en Paraguay” sobre el contrato de compra de energía “dado que el Gobierno de Paraguay ha manifestado expresamente su deseo de que el proyecto tenga éxito”.
La presión desde el interior de la ANDE obligó al gobierno de Santiago Peña a derogar los decretos beneficiosos para Atome y para los datacenters en junio. Pero un mes y medio después, el 27 de julio, Sosa oficialmente renunció.
Peña le pide a su nuevo presidente en la ANDE un informe sobre energía para Atome y datacenters
El nuevo presidente de la ANDE designado por Peña, Miguel Báez Reyes, rápidamente dejó en claro que la prioridad es “destrabar” el conflicto para evitar que “inversionistas encuentren que no hay normativa clara o hay algún tipo de impedimento”.
Báez apoyó abiertamente la búsqueda de gas en Médanos del Chaco y apenas un día después recibió un explícito pedido del equipo económico del gobierno de Peña: un informe sobre excedente energético disponible para alimentar IA, datacenters y electrointensivas como Atome. El pedido fue revelado por el diputado Raúl Benítez (Independiente - Central).
La fecha límite es este viernes 31 de julio.
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Edición: Juliana Quintana Pavlicich