Exclusivo: En medio de la sequía, industrias presionan para no pagar por el agua que extraen
Ministerio del Ambiente admite en documentos que el lobby de las industrias evita que se les cobre por el agua que extraen de acuíferos y ríos. El país está en riesgo de sequía.
La abundancia de agua dulce es uno de los atractivos que sucesivos gobiernos de Paraguay exhiben como ventaja, junto a los bajos impuestos, para atraer la inversión extranjera.
En su territorio se encuentran varios puntos de recarga de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo: el Acuífero Guaraní.
Además, desde hace décadas, empresas y personas de la llamada Área Metropolitana de Asunción dependen del Acuífero Patiño, 1.173 km2 de un cuerpo de agua que se extiende bajo los pies de casi 3 millones de personas (casi la mitad de la población del país).
Tal vez es esta abundancia es la que hace que en el país, pese a las extremas temperaturas y la peor sequía en 80 años entre 2019 y 2021, sus recursos hídricos sean frecuentemente dimensionados como algo ilimitado en gran parte de su territorio oriental.
No es casualidad que en muchos puntos del país, la escasez de agua se da en periodos de sequía o mucho estrés térmico, como el verano - en olas de calor empeoradas por la crisis climática como la que vive hoy Paraguay.
De acuerdo con datos oficiales, el cambio climático está creando una competencia por el agua entre comunidades de actividades productivas en cuencas como la del Río Tebicuary, el brazo azul sobre el que se construyó la identidad agraria paraguaya.
El gobierno de Santiago Peña tuvo que prohibir una vez más el bombeo por parte de los arroceros, acusados desde hace años de dejar sin agua a pueblos enteros.
La Ley de Recursos Hídricos, aprobada en 2014 y reglamentada en 2022, busca explícitamente gobernar el uso racional del agua. En específico, establecer que toda firma extractora de agua pague un canon por “el uso o permiso” de agua.
Sin embargo, desde antes de la aprobación de la ley hasta hoy, el poderoso sector industrial logró bloquear cualquier avance, e industrias como las embotelladoras y las de ultraprocesados hoy obtienen agua a precio cero.
En Paraguay no es siquiera posible saber cuánta agua utilizan las empresas de ultraprocesados. Porque no pagan nada por extraerlas de los acuíferos y ríos.
Estos son algunos de los hallazgos de Consenso como parte de la investigación liderada por Connectas que devela la opacidad, pueblos condenados a la escasez por fábricas de refrescos y mucho lobby empresarial alrededor del agua en la región.
MADES admite presión de industriales para no cobrar por el agua
Consenso accedió a un memorando de mayo de 2024 de la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) sorprendente por su sinceridad.
“Uno de los ítems no incluídos es el canon, tema conflictivo que ha generado mucha resistencia” dice el memorando de la Dirección de Recursos Hídricos.
Incluso representantes del gremio, en el encuentro “Ñande Y” organizado por Coca-Cola, expresan su rechazo a esta ley, con apoyo del propio gobierno de Peña.
"No podemos tener resoluciones de difícil o imposible cumplimiento, que al final lo que hacen es matar la iniciativa privada", es lo que dijo en la oportunidad Lorena Méndez, viceministra de industria y quien fue vicepresidenta de asuntos gremiales de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), asociación que aglomera más de 1300 industrias, con 19 gremios, entre ellos alimentos, plásticos, embotelladoras y ultraprocesados.
En su discurso, no sólo la ley, también la responsabilidad que estas industrias tienen sobre los cauces hídricos y la disponibilidad es algo que se desea evadir.
Méndez minimizó el impacto de las industrias con el argumento de consumo individual: “cierto, hay gran responsabilidad, pero cuando yo escuché del consumo diario de agua domiciliaria fue impresionante: ¡aproximadamente 30L por persona por día! es demasiado importante que tengamos buenas conclusiones, que eso después lo llevemos a los entes reguladores, y que no sea (la ley de recursos hídricos) algo de difícil o imposible cumplimiento sino algo acabado por todos”.
Recursos que se escurren
Solo en 2013, las industrias de bebidas comercializaron 500 millones de litros de gaseosas, arrojando un promedio de 1.369.863 litros por día; sin embargo, el promedio subía a 2 millones de litros por día si se tienen en cuenta los meses de diciembre a marzo, relacionado al aumento de temperaturas.
Del 100% de las ventas de refrescos, el 62% corresponde a marcas corresponde a la puja por el primer lugar de las archirrivales Coca-Cola y Pepsi.
Es difícil determinar la cantidad de litros producidos por día por Coca-Cola Andina Paraguay, más sabemos que se trata de dos a tres litros de agua por litro de gaseosa, que requiere 7.000 toneladas de material PET (Polietileno Tereftalato) al año para envasar sus productos, y que les es incómodo hablar de esto públicamente.
En el mismo evento, Angel Almada, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa admitió que “hablar del agua es como un tabú para mí, imagínense, nosotros, Coca-Cola, intentar hablarle a la gente del tema del agua, cuando hay muchas creencias, o incluso mitos, sobre el uso que hace la industria, del agua, cuando el agua es un bien público".
Fragmento del informe interno del MADES sobre el impacto de industrias en el acceso a agua del Acuífero Patiño.
En otro documento en respuesta a un pedido de información pública para este reportaje, el MADES también admitió que “respecto al sector existe muy poca información al respecto” (del uso del agua) debido a que justamente la Ley de Recursos Hídricos no entró a regir, por lo que no tiene un listado de qué industrias (de ultraprocesados, embotelladoras u otras) están extrayendo agua gratis ni en qué cantidad.
Sin embargo señala que “la mayor cantidad de industrias están en el departamento Central (Área Metropolitana de Asunción)” donde las mismas “utilizan agua del Acuífero Patiño el cual posee un balance hídrico realizado en 2007 donde se observó que el mismo está descendiendo sus niveles debido a la alta extracción de agua”.
Ya existen indicios de sobreexplotación del Acuífero Patiño, por ejemplo, del cual se proveen desde Coca-Cola y Pepsi hasta fabricantes de embutidos como Ochsi, una empresa que además fue multada en 2024 por contaminar con sus efluentes uno de los ríos principales de la ciudad de San Lorenzo.
Un ejemplo de la facilidad con la cual cualquier empresa puede extraer agua en Paraguay fue admitida por la asesora técnica de la Embotelladora Ycua Sati, Liz Rios, que produce agua mineral y gaseosas que extrae del Acuífero Patiño:
“Con una habilitación en el rubro de alimentos” por parte del Estado basta, dice. “No se pide ningún permiso” relacionado a la extracción de agua subterránea o de un arroyo o río.
La empresa solo debe presentar un informe técnico, en el cual no se involucra el personal de ningún ente regulador estatal más que para firmarlo si la información dice no infringir alguna condición de extracción o de tratamiento.
En una entrevista para el medio Hina en 2021, el entonces director de Recursos Hídricos del MADES, José Silvero, fue tajante: “Sin el agua del Patiño, estas industrias sencillamente no podrían producir ni funcionar”.
Paraguay usó fondos climáticos para reglamentar ley, pero Coca-Cola logró aplazar el canon
La discusión para crear una ley que permita al Estado paraguayo cobrar por la captación de agua de acuíferos y afluentes que realizan las empresas se remonta al menos desde 2008.
Con la intención nació la resistencia.
Ya en ese entonces, gremios empresariales como la Unión Industrial Paraguaya y la Unión de Gremios de la Producción se expresaron tanto en la Comisión Nacional del Ambiente (CONAM) como en medios de comunicación su rechazo a la iniciativa, bajo el argumento de que crearía “trabas a la inversión”.
Esto fue relevado por el propio Ministerio del Ambiente a Consenso como evidencia de la “resistencia” a la reglamentación de la ley al ser consultado a través de un pedido de información pública en mayo de 2024.
En el mismo documento, el MADES dice que las actas de la Comisión Nacional del Ambiente “se perdieron” tras el cierre de la Comisión.
Tuvieron que pasar 6 años para que el país pudiese aprobar su Ley de Recursos Hídricos y otros 8 más para poder reglamentarla.
Coca Cola puede ser identificada como una de las grandes que promueve el cabildeo contra la Ley de Recursos Hídricos, así lo señaló Enrique Duarte, presidente de la UIP:
"Voy a hacer un poquito de Historia. Hace 3 años, 2021 si mal no recuerdo, dicen "se va a reglamentar la ley de recursos hídricos". ¿Qué es lo que queremos, chutar esto para delante? ¿tapar el sol con un dedo? O tenemos que realmente trabajar sobre este bien, sobre esta riqueza (el agua). Con Coca-Cola tratamos de juntar a diversos sectores y tratar de convencer: no, esto no debemos chutar para delante (la ley de recursos hídricos)”.
La reglamentación de 2022 creaba un cronograma para decidir cómo aplicar cada artículo de la ley. Para ello, se utilizó dinero de fondos climáticos internacionales para contratar a consultores especializados en derecho ambiental que desarrollarían las propuestas técnicas a ser socializadas tanto con la sociedad civil como con las empresas.
Estos consultores cumplieron su trabajo, de acuerdo con el MADES: entregaron 3 borradores.
Pero el cambio de ministro del Ambiente al asumir el presidente Santiago Peña y el fin del contrato de consultoría “impidió concluir con todos los ítems requeridos”.
Por otra parte, tampoco existe una tarifa industrial para consumidores de agua. Hoy, los clientes categorizados como “no residenciales” tienen un cargo básico de USD 3 por el servicio.
La única categorización que presenta la ESSAP es en base a la recaudación: “grandes clientes”, clientes de gran consumo que “merecen una atención especial con respecto a sus necesidades en cuanto el servicio brindado por la empresa estatal”.
El consumo de estas 8 empresas mencionadas por la ESSAP alcanza USD 21.600 al mes. Entre ellas las frigoríficas – YASY PORÄ S.A. y JBS PARAGUAY S.A., multinacional brasileña.
Fragmento del memorando del Ministerio del Ambiente sobre el estado de la Ley de Recursos Hídricos.
Es “uno de los puntos muy importantes de la ley” prosigue el memorando, “para garantizar su cumplimiento, en especial para la protección y conservación del recurso (agua)”. El canon por permiso de uso, vuelve a insistir el memorando, es un “tema muy resistido por algunos sectores y hasta hoy no reglamentado”.
La idea detrás de cobrar por el agua que utilizan las empresas es crear “un contrato (...) por el cual se otorga el permiso o la concesión de uso de un bien del Estado”.
Es un sistema similar al que utilizan países como Brasil y México. Y ese cobro es esencial para el MADES porque debería ser destinado a “financiar actividades de conservación de recursos naturales”.
El Ministerio, que tiene un presupuesto menor al del gobierno local de la ciudad de Asunción para controlar más de 70 leyes ambientales en todo el país, hoy sufre el hecho de que la disponibilidad de “los recursos disponibles para actividades de protección y conservación es casi nula”.
Entre las políticas que el cobro a las industrias ultra procesadas y otros debería financiar es crear el primer inventario de Recursos Hídricos, que permitiría al país tomar mejores decisiones a la hora de aprobar o no permisos de extracción de agua, controlando si los cursos hídricos de los cuales se nutren realmente pueden soportar la creciente demanda.
Mientras tanto, los registros de las industrias que extraen agua directamente de cauces son invisibles.
Consenso continua en el intento de mapear las industrias que usan agua en el Acuífero Patiño al menos, pero ni el propio Ministerio las tiene identificadas.
