Lo investigamos, lo detuvimos: MADES confirma que minería de litio afectaba tierras indígenas
Ministerio del Ambiente y Valquiria Explorations admiten en nuevo documento que la exploración de litio afectaba tierras de los Ayoreo Totobiegosode y anuncian plan de cierre del proyecto.
En junio de 2024 una investigación de Consenso reveló que Valquiria Explorations, una empresa de litio, había accedido a permisos de prospección en tierras del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode - uno de los últimos pueblos en aislamiento voluntario de Sudamérica.
Este permiso tuvo el aval del Viceministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Ambiente a través de una licencia ambiental de febrero de 2023, durante la administración de Mario Abdo.
En aquella licencia ambiental, tanto el Ministerio del Ambiente como la empresa negaban que estaban aprobando una operación minera en tierras indígenas de manera ilegal y violando una medida internacional de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero los mapas no mienten.
Utilizando datos del Catastro Minero, tierras indígenas y confirmando con licencias ambientales demostramos que tanto Valquiria Explorations como el MADES habían mentido en documentos oficiales.
La prospección se había aprobado además en tierras ya deforestadas ilegalmente por Chortitzer para vender cuero a Europa.
Tras nuestra investigación y luego de compartirles nuestra metodología de trabajo y pedidos de informes, el Ministerio del Ambiente había iniciado en diciembre una revisión de las licencias a empresas de litio.
Ahora, el MADES reporta que tras una auditoria y revisión a pedido de la Dirección de Asesoría Jurídica, un nuevo informe confirmó los hallazgos de Consenso.
La prospección de litio invadía tierras Ayoreo.
De acuerdo al documento del MADES “han surgido nuevos elementos no previstos en la declaración anterior (de licencia ambiental)” ya que “la propiedad se encuentra dentro de los límites del área de reclamo del Pueblo Ayoreo Totobiegosode”.
El Ministerio del Ambiente reconoce que debido a la solicitud de la CIDH de adoptar medidas que sean necesarias para proteger a comunidades en aislamiento voluntario, se debe “prevenir los contactos no deseados y el ingreso de terceros” hasta la decisión final del ente internacional.
Por lo tanto “se le notifica al propietario (de la licencia ambiental, es decir, Valquiria Explorations) que actualmente se encuentra afectado” por la medida cautelar.
Debido a estos hallazgos, desde Valquiria Explorations reportaron al MADES un “plan de cierre” del proyecto de litio en las tierras Ayoreo, que de acuerdo a ellos, pese a la licencia ambiental bajo información falsa “nunca inició”.
Por qué es importante
Nuestro periodismo y tu apoyo sirvieron para que el tema sea tomado por el gobierno de Paraguay.
Nuestra metodología de investigación es utilizada para evitar que vuelvan a aprobarse licencias de litio en tierras indígenas.
Nuestro trabajo logró que se protejan los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
También refrenda la metodología de investigación, validando el uso de los datos relevados por la Federación por la Autodeterminación por los Pueblos Indígenas (FAPI).
La intervención del Ministerio del Ambitambién significa un cambio de signo en la relación hasta ahora demasiado amigable entre el Estado paraguayo y los mineros.
En noviembre revelamos cómo la funcionaria encargada de aprobar las licencias de litio en el gobierno de Mario Abdo ahora trabaja para Chaco Minerals.
El riesgo de una transición injusta
Luego de dos décadas de tasas de deforestación entre las más aceleradas en el mundo para ampliar la frontera agrícola y ganadera, el Chaco paraguayo ahora se abre a un nuevo desafío ante la crisis climática: su participación en la fiebre por minerales como el litio, esenciales para la fabricación de baterías y el empuje de la transición energética hacia energías renovables.
Desde el final del gobierno de Mario Abdo y continuando con el gobierno de Santiago Peña, en el Chaco paraguayo se han gestionado al menos 40 proyectos para la prospección de sales con potencial mineral en litio, potasio y otros, de acuerdo con datos proveídos por el Catastro Minero del Viceministerio de Minas y Energía.
La búsqueda de la ampliación del triángulo del litio al Chaco está capitaneada por seis empresas:
Minera Atenea, Chaco Lithium, Roca Lithium, Paraguay Lithium, Guaraní Lithium - que conforman el consorcio Chaco Minerals.
Y luego está Valquiria Exploration SA - que no es parte oficial de Chaco Minerals pero comparte representante legal, vínculos con la empresa Valdor Technologies de Canadá y hasta el consultor a cargo de los relatorios de impacto ambiental, entre los que se encontraba el que afectaba a tierras Ayoreo.
En su presentación corporativa, Chaco Minerals señala que en el caso paraguayo la esperanza está en el análisis de las placas telúricas de forma aérea a través de helicópteros y el análisis de los datos de los 51 pozos de la histórica - y hasta ahora fallida - búsqueda comercial de combustibles fósiles en la región.
Los inversores de la fiebre del litio en Paraguay tienen esperanzas en “reguladores amigables con la minería”, “ambiente político estable” y “un régimen impositivo favorable para la minería”.
El apoyo del gobierno actual es plausible.
El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, compartió con el representante de Chaco Minerals y Valquiria Exploration Rodrigo Díaz Mallorquin uno de los vuelos de análisis de las placas telúricas en agosto de 2024.
En un pedido de información pública realizado por Consenso, el Viceministerio de Minas admitió que el ente no revisaba si las solicitudes de prospección afectan tierras indígenas o áreas protegidas. ya que eso era potestad del MADES.
El caso ilustra el peligro de una transición energética injusta impulsada por las mismas violaciones que acompañaron a los combustibles fósiles, empeorada por “reguladores amigables con la minería” y pasivos para aplicar regulaciones socioambientales.
Mientras helicópteros siguen sobrevolando el Chaco en búsqueda de litio, en su Política Nacional Ambiental al 2030, el Ministerio del Ambiente admite que la Ley Minera necesita una actualización para cumplir con los estándares internacionales.